Dejamos atrás las vacaciones estivales sin que algunos de los clásicos del verano hayan aparecido, probablemente como consecuencia (una más) de la pandemia. Ha sido un verano en el que no hemos tenido ninguna huelga en el sector del transporte (aunque sí ha sido significativo el conflicto en la empresa de palas LM Windpower); ningún incidente reseñable con patrulleras o submarinos en Gibraltar (aunque sí problemas muy relevantes al otro lado del estrecho derivados de la inmigración irregular); tampoco parece que vaya a ser malo el mes de agosto, en comparación con los de otros años, en materia de empleo (al menos, a juzgar por los datos de afiliación que hacía públicos en Ministro Escrivá, únicos disponibles al cerrar este post).
Sin embargo, otras cuestiones, que venían de antes del receso vacacional, sí que se han mantenido muy latentes. Tal es el caso del debate acerca de la evolución de los tipos de interés o, si se prefiere, en un plano más general, de la política monetaria (aunque no parece que el BCE vaya a cambiar de rumbo en el corto plazo); en línea con lo anterior, la retirada de los estímulos fiscales y el futuro de las reglas presupuestarias europeas (aunque ésta es una cuestión congelada estando Alemania en período preelectoral); o el reparto y gestión de los fondos del «Next Generation» (que fue objeto de debate en la última Conferencia de Presidentes).
Este plan europeo va a marcar no solamente la política nacional a corto plazo, sino el conjunto de la europea. En este sentido, se espera que tenga una incidencia muy importante en los contenidos del semestre europeo de los próximos tres años, no solamente en lo que hace al estímulo de la demanda como fórmula de lucha contra la crisis -y para transformación productiva-, sino también en lo que aún no está sobre el papel pero sobrevuela el debate económico de la Unión. ¿Estamos ante un cambio de ciclo en las políticas económicas de la UE o ante una nueva reedición de viejas estrategias? ¿Después del estímulo y el gasto, volverá la austeridad?
La gobernanza económica europea ha venido determinando de forma muy significativa las políticas económicas y sociales de los Estados miembros de la Unión. Su capacidad de incidencia ha sido particularmente relevante en períodos de crisis y en relación a los Estados que presentaban unas mayores dificultades, como es el caso de España. Esto ha dado pie a cambios muy relevantes en el marco regulatorio sociolaboral y, por ende, impactos significativos en las condiciones de trabajo y de protección social de buena parte de la ciudadanía.
Tal transformación no se ha propiciado a través de instrumentos normativos, como Reglamentos o Directivas, ni con una intervención significativa de los legítimos representantes de la ciudadanía; sino a través documentos técnicos elaborados por expertos de las instituciones europeas que, al margen de los cauces institucionalizados de gestión del poder, sin embargo, han tenido la fuerza suficiente como para cristalizar en reformas legislativas profundas.
La experiencia de la anterior crisis, que prácticamente ha conectado de facto con la presente, evidencia la importancia práctica que la gobernanza económica tiene en la configuración de buena parte de las políticas que en el día a día aplican los Estados miembros y, por lo que aquí respecta, la de índole laboral y social. El período que ahora enfrentamos no es una excepción y, aunque por el momento sin tener que aplicar políticas de austeridad, lo cierto es que el «Next Generation» han venido con una tradicional compañera de viaje, la condicionalidad.
En efecto, el propio texto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia justitica sus contenidos sobre la base de su alineación con las recomendaciones específicas emanadas del semestre europeo. Por su parte, el Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no solamente vincula los planes a los objetivos asignados en el semestre, sino que establece la posibilidad de suspender total o parcialmente la asignación de fondos en caso de incumplimiento. Es cierto que, como pone de manifiesto este informe de UGT, asistimos a una condicionalidad más laxa o flexible, pero también lo es que el Next Generation se ha configurado como una palanca más para que los Estados miembros se «alineen» -usando la terminología de la Unión- con las políticas marcadas desde Bruselas.
Así las cosas, no es que la gobernanza económica europea haya marcado nuestro destino en la anterior crisis, sino que lo va a seguir haciendo, con un espíritu renovado en el período post-pandemia. La monografía que tengo el gusto de presentar en esta Casa Digital, «El Impacto Social de la Goberanza Económica Europea» (Tirant lo Blanch, 2021) tiene precisamente como objetivo sumergirse en esta particular forma de gobierno de los Gobiernos, tratando de descifrar en qué medida han influido en las reformas laborales y sociales que se han producido en España en los últimos años y de qué forma determinarán las del período post-COVID-19.
Para alcanzar este objetivo, el libro se divide en dos partes bien diferenciadas. Por una parte, un análisis del concepto de gobernanza económica y del semestre europeo como mecanismo técnico para su aplicación, en un intento de desemarañar un instrumento de máxima relevancia pero ciertamente complejo. Sobre esta base, por otra parte, se procede a valorar el modo en que se ha desarrollado desde su creación y hasta el inicio de la recuperación económica y el período pandémico, para el conjunto de la Unión y para España.
Los resultados alcanzados en este investigación probablemente no sorprendan, pues al fin y al cabo han sido vividos por la sociedad española de forma muy intensa; aunque sí el modo en que fueron trazados y justificados y la obediencia con que fueron aplicados. Tal es el impacto que la gobernanza económica ha tenido sobre los modelos laborales y de protección social de los Estados miembros y, en particular, de España, y para el llamado «modelo social europeo»; que pone en tela de juicio la esencia misma de unos y otro.
De ahí que resulte imprescindible, como se afirma en el libro, “que la Unión se plantee de forma autónoma qué futuro quiere para su modelo social”, “si se mantiene o no como pieza capital o hacia dónde se dirija”, lo que exige “un debate abierto y trasparente que, por otra parte, pusiera fin al proceso de erosión continuado que las políticas sociales vienen padeciendo en Europa”. Lo contrario implica efectuar todo un proceso refundacional de la Unión de forma encubierta, a través del semestre.
El libro de abre con las reflexiones de la profesora María Emilia Casas, a quien una vez más agradezco enormemente su generosidad y amabilidad para prologarlo; como también agradezco los a buen seguro interesantes comentarios, críticas y consideraciones de todos vosotros y vosotras.
Datos de la publicación
El Impacto Social de la Gobernanza Económica Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021. ISBN: 978-84-1378-930-9. 278 páginas.
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