El compromiso con la sostenibilidad y la protección de los derechos humanos ha adquirido una relevancia creciente en el ámbito empresarial. En este contexto, la Directiva de la Unión Europea sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad marca un hito en la regulación de las obligaciones de las empresas en relación con el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente. El próximo 26 de febrero, bajo la dirección del prof. Jesús R. Mercader Uguina, celebraremos una jornada con el objetivo de analizar el impacto de esta Directiva y debatir sobre los desafíos y oportunidades que plantea para las empresas en sus cadenas de valor.
La diligencia debida es el proceso mediante el cual las empresas pueden identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan sus efectos adversos reales y potenciales en materia de derechos humanos y medio ambiente. Siguiendo los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, las empresas deben evitar vulnerar los derechos humanos y abordar los efectos adversos en estos derechos que hayan causado, a los que hayan contribuido o a los estén vinculadas sus propias operaciones, las de sus filiales y sus relaciones comerciales directas e indirectas.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, adoptados en 2015, incluyen el objetivo de promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, donde el sector privado podría desempeñar un papel importante, evitando al mismo tiempo la creación de desequilibrios en el mercado interior. Esto subraya la importancia de reforzar la resiliencia de las empresas en relación con situaciones potenciales adversas relacionadas con sus cadenas de valor, teniendo en cuenta las externalidades y los riesgos sociales, medioambientales y de gobernanza.
Esta Directiva tiene por objeto garantizar que las empresas que operan en el mercado interior contribuyan al desarrollo sostenible y a la transición hacia la sostenibilidad de las economías y las sociedades mediante la detección y, cuando sea necesario, priorización, prevención, mitigación, eliminación, minimización y reparación de los efectos adversos reales o potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente relacionados con las propias operaciones de las empresas, las operaciones de sus filiales y sus socios comerciales en las cadenas de actividades de las empresas, así como garantizando que los afectados por el incumplimiento de este deber tengan acceso a la justicia y a vías de recurso.
El proceso de diligencia debida establecido en la Directiva debe comprender las seis etapas definidas en la Guía para una Conducta Empresarial Responsable (OCDE), que incluye medidas de diligencia debida para que las empresas detecten y aborden los efectos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente. Dicho proceso comprende las siguientes etapas: (1) integrar la diligencia debida en las políticas y los sistemas de gestión; (2) detectar y evaluar los efectos adversos en los derechos humanos y el medio ambiente; (3) prevenir, interrumpir o minimizar los efectos adversos reales y potenciales en los derechos humanos y el medio ambiente; (4) supervisar y evaluar la eficacia de las medidas; (5) comunicar, y (6) reparar.
El papel de los agentes sociales es clave en la implementación de esta Directiva. Las organizaciones empresariales deben adaptar sus modelos de negocio a un entorno regulador cada vez más exigente, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de diligencia debida en toda su cadena de valor. Al mismo tiempo, los sindicatos desempeñan un papel fundamental en la supervisión y exigencia del cumplimiento de estos compromisos, garantizando que los derechos laborales y las condiciones de trabajo justas sean una prioridad en el nuevo marco normativo. La Directiva, además, refuerza la importancia del diálogo social como vía para construir modelos de producción sostenibles y equitativos.
En un contexto de creciente exigencia social y regulatoria, esperamos que esta jornada sea del máximo interés para todos nuestros lectores ya que representa una gran oportunidad para explorar enfoques innovadores para una gestión responsable. La diligencia debida no es solo un requisito legal, sino una herramienta estratégica para construir cadenas de valor más sostenibles, resilientes y competitivas en el futuro.
La jornada tendrá lugar el miércoles 26 de febrero, de 16:00 a 19:30 horas, en el Salón de Grados del Campus Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid. Contaremos como ponentes con los profesores Juan Bautista Vivero Serrano (USAL) y David Lantarón Barquín (Universidad de Cantabria). Por la parte sindical, participará Víctor Garrido Sotomayor, en representación de la Secretaria de Internacional de CCOO Industria, y, por la parte empresarial, Pablo Francesch Huidobro y Bernardo Cruza Martos analizarán cómo Inditex y El Corte Inglés, respectivamente, van a aplicar la Directiva.
Como es habitual en los eventos que organizamos desde nuestro grupo de investigación e impulsamos desde este foro, la asistencia será gratuita previa inscripción en esta misma página, tanto presencialmente, hasta cubrir aforo, como virtual. En caso de inscripción en la modalidad en línea, la participación se realizará por medio del enlace que se recibirá en el correo electrónico el día anterior a la jornada.
Se emitirá certificado de asistencia a las personas que, debidamente inscritas, efectivamente asistan presencial o virtualmente al evento. Toda la información y el formulario de inscripción se encuentran en la web del evento. También se puede acceder haciendo clic en el programa


