Una propuesta de regulación de una política de uso del teléfono móvil del empleado público

Una propuesta de regulación de una política de uso del teléfono móvil del empleado público

Comparte este post

El teléfono móvil es ya imprescindible en nuestras vidas. Si su uso es generalizado entre toda la población, el empleado público no es una excepción. Es habitual que tanto la Administración como sus empleados se comuniquen por este medio sobre todo a través de la mensajería instantánea (bien de forma individual o grupal) o que, en ocasiones, dependiendo del tipo de actividad, se descarguen apps para trabajar en su propio teléfono o dispositivo móvil. Además, algunas Administraciones permiten que sus empleados se conecten desde sus propios dispositivos a los Sistemas de información de la organización pues no hay una prohibición general del modelo BYOD Bring your own device o “trae tu propio dispositivo”.

Pero no sólo se puede utilizar como herramienta de trabajo (con más o menos intensidad dependiendo de la Administración), sino que también el empleado público lo utiliza para comunicarse con los compañeros de trabajo, siendo ya muy habitual crear entre ellos grupos de WhatsApp, incluso a veces con los propios usuarios, con los problemas que conlleva. Y, además, es muy habitual que el empleado público tenga sus propias redes sociales y acceda desde su teléfono móvil donde en ocasiones expone su vida privada, que ve su entorno de trabajo. Incluso existe el riesgo de que se difunda información que puede ser confidencial y/o ofensiva para la Administración, empleados y usuarios.

En definitiva, todo lo que el empleado público haga desde su teléfono móvil, por mínimo que parezca, puede tener consecuencias en el ámbito jurídico-laboral. Pero, por el momento, no existe ninguna disposición normativa que obligue a la Administración a informar y establecer una política de uso de los dispositivos de sus empleados.  Es decir, no se le informa sobre las comunicaciones que puede recibir o enviar vía teléfono, ni lo que está permitido o no realizar desde éste. Además, no se suele informar sobre el derecho a la desconexión digital de los empleados, ni establecer medidas concretas para hacer posible este derecho. Tampoco se suele informar sobre las consecuencias legales que puede tener subir a redes sociales su vida privada o relacionada con su actividad profesional. Ni tampoco -por citar algún ejemplo más- se suele advertir de las consecuencias que tiene en la salud utilizar de forma abusiva este dispositivo. Y si se informa de alguno de estos aspectos, se hace de forma puntual, pero no de forma holística, integral.

Precisamente, tales carencias detectadas me han llevado a reflexionar sobre la necesidad de regular una política de uso de los dispositivos móviles del empleado público, que de momento tan sólo se menciona en el artículo 87 LOPDGDD para los dispositivos digitales puestos a disposición del empleado por su entidad empleadora. Determinar una política de uso de los teléfonos móviles (o cualquier dispositivo móvil) de los empleados públicos es muy necesaria y positiva para las dos partes de la relación laboral, pero también para los usuarios de la Administración. Un uso inadecuado del mismo puede peligrar la seguridad informática de la entidad empleadora, la protección de datos de los empleados y la de terceros, la salud digital, el derecho a la intimidad, al honor, la libertad de expresión, igualdad y no discriminación o la desconexión digital, entre otros.

La propuesta de regulación, que tiene principalmente una finalidad preventiva y unificadora (es decir, aunar en un único documento todos los aspectos necesarios a tener en cuenta para un uso adecuado del mismo), podría ubicarse en el EBEP, precisamente porque la intención es que esta política de uso se haga en todas las Administraciones y llegue a todo tipo de empleados públicos.  No sería la primera cuestión digital que se incorporaría en esta norma, pues ya ha incluido en su texto una referencia al teletrabajo, en su artículo 47.bis, como precepto marco para su regulación en las Administraciones dentro del ámbito de aplicación de esta norma.

A continuación, se propone un contenido concreto para este precepto, como punto de partida para un debate y reflexión:

“Las Administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, están obligadas a elaborar una política de uso del dispositivo móvil del empleado público, previa audiencia a la representación de los trabajadores. Con ello se pretende salvaguardar la seguridad informática de la Administración y al mismo tiempo garantizar los derechos de los empleados públicos tales como la protección de datos, la intimidad, la salud laboral y el derecho a la desconexión digital.

Las Administraciones Públicas tendrán que informar y formar a los empleados públicos sobre el contenido de la política de uso al inicio de la relación laboral y con una periodicidad anual o con anterioridad si se producen cambios. Sin perjuicio de que cada Administración elabore su política de uso teniendo en cuenta sus condiciones particulares de prestación de servicios, ésta incluirá en todo caso el tipo de uso profesional -por mínimo que sea- que se vaya a hacer del mismo, así como las consecuencias jurídicas de un uso inadecuado en el entorno de trabajo y en la esfera personal”.

En definitiva, la realidad no se puede ocultar, se tiene que afrontar y regular y por tanto ajustar el contenido de la norma -en este caso el EBEP- a la realidad social y dar soluciones reales a los problemas actuales. Es una propuesta con una finalidad preventiva, pero incluso para cumplir algunos preceptos normativos. Concretamente, El RD 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, recalca la necesidad de informar de los deberes y responsabilidades de su puesto de trabajo en materia de seguridad, o el 88 LOPDGDD, que reconoce el derecho a la desconexión digital y que afecta a todo tipo de herramientas digitales, incluidas las que son propiedad del empleado. Pero, además, esta propuesta va en la línea mantenida por la Unión Europea. La Declaración Europea sobre los Derechos y principios digitales que ha proclamado el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (15 de diciembre de 2022) también pretende contribuir con un texto no vinculante a conseguir sociedades y economías más justas e inclusivas. En el apartado sobre las condiciones de trabajo, aunque sin hacer referencia a los dispositivos móviles, hace una llamada a las organizaciones sindicales y patronales para que definan el empleo de herramientas digitales de trabajo, y la Unión Europea se compromete a velar por la desconexión y para que el uso de éstas (no hace alusión a cuáles ni a quien pertenecen) no suponga ningún tipo de riesgo “para la salud física y mental de los trabajadores en el entorno de trabajo”.

El contenido de esta propuesta se ha elaborado en el marco de un Proyecto de Investigación -en curso- titulado “Nuevas formas de organización y prestación de los servicios públicos en una Administración Digital: especial referencia al Teletrabajo” (ADyTE), dirigido por Federico Castillo Blanco, de la convocatoria de 2021 de Proyectos Estratégicos orientados a la transición ecológica y a la transición digital, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Se puede consultar esta propuesta en la monografía publicada en abierto por la Editorial Dykinson titulada “Nuevas fórmulas de prestación de servicios en la era digital” donde se podrá analizar, en el capítulo concreto “Propuesta de regulación de una política de uso del teléfono móvil del empleado público”. El lector podrá encontrar una explicación detallada de la propuesta y podrá apreciar constantes referencias a conflictos que se han ido produciendo ya en el sector privado, y que, por cierto, tampoco hay una obligación legal de establecer una política de uso de tales dispositivos y que se hace igualmente necesaria.

Ojalá que estas reflexiones argumentadas lleguen a la realidad práctica, incluso las Administraciones se adelanten a cambios normativos y consideren necesaria redactar su propia política de uso de los dispositivos móviles de los empleados públicos. Desde la investigación universitaria, tenemos que contribuir y atender “las necesidades sociales y culturales y su articulación con el sistema productivo” tal y como señala el artículo 11.5 de la nueva Ley Orgánica 2/2023 de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

1 comentario en «Una propuesta de regulación de una política de uso del teléfono móvil del empleado público»

¿Qué opinas? ¡Deja tus comentarios!

Este es un blog para la difusión de resultados de investigación y el análisis jurídico de carácter general. Por ello, no se publicarán consultas particulares, que requieren la asistencia de un profesional que analice su caso concreto.

Las siguientes reglas del RGPD deben leerse y aceptarse:
Este formulario recopila tu nombre, tu correo electrónico y el contenido para que podamos realizar un seguimiento de los comentarios dejados en la web. Para más información, revisa nuestra política de privacidad, donde encontrarás más información sobre dónde, cómo y por qué almacenamos tus datos.

Lee más

Suscríbete a nuestro blog

y recibe en tu correo nuestras entradas

También en nuestro blog...

Office table

Contacta
con nosotros

Licencia

El contenido de este blog se publica bajo una Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 . Esto significa que puedes reutilizar nuestros contenidos siempre que reconozcas la autoría, enlaces al blog original y no hagas un uso comercial sin autorización previa, expresa y por escrito del autor.