El procedimiento testigo en la jurisdicci贸n social y la litigaci贸n en masa

El procedimiento testigo en la jurisdicci贸n social y la litigaci贸n en masa

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Una de las novedades m谩s llamativas que el Real Decreto-ley 6/2023 introduce en la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social (LRJS) es el llamado 鈥減rocedimiento testigo鈥. Esta t茅cnica de gesti贸n procesal, que el TS concibe como 鈥渦n sistema alternativo a la acumulaci贸n ordinaria de autos鈥 (STS Cont-Adm. 4 diciembre 2006, rec. 6267/2003), responde a la realidad de la litigaci贸n en masa, que afecta desde hace tiempo y de manera notable a la jurisdicci贸n contencioso-administrativa (pluralidad de recursos contencioso-administrativos con el mismo objeto – 鈥渁ctos masa鈥), a la civil (especialmente en materia de condiciones generales de contrataci贸n) y a la social (especialmente, impugnaciones plurales de decisiones empresariales que por la raz贸n que sea no se articulan por la v铆a del conflicto colectivo).

El procedimiento testigo se introduce simult谩neamente tanto en la jurisdicci贸n civil como en la social a trav茅s de sendas modificaciones de la LEC y la LRJS operadas por el citado Decreto-ley, con la introducci贸n de los art铆culos 438 bis LEC y 86 bis LRJS. N贸tese que la entrada en vigor de estas modificaciones se produce el 20 de marzo de 2024.

Aunque el nuevo art铆culo 438 bis LEC y el 86 bis LRJS hayan nacido de la mano, lo cierto es que el precepto social presenta m谩s parecidos con la regulaci贸n contencioso-administrativa que con la civil. La regulaci贸n del 鈥渞ecurso testigo鈥 en el art铆culo 37 LJCA es el antecedente m谩s directo de la regulaci贸n social del procedimiento testigo. 

En la configuraci贸n normativa que resulta del art铆culo 86 bis LRJS, el procedimiento testigo es de obligatoria aplicaci贸n por parte del 贸rgano judicial. Aunque nada impide que cualquiera de las partes pueda instar la tramitaci贸n testigo, lo cierto es que la ley es clara al se帽alar que el 贸rgano judicial 鈥渄eber谩 tramitar preceptivamente鈥 uno o varios procesos como procedimientos testigos, siempre que se den los presupuestos de los que pasamos a tratar: pendencia de varios procesos ante el 贸rgano judicial (pluripendencia), identidad de objeto procesal e identidad de parte demandada.

La pluripendencia ha de darse en el mismo 贸rgano judicial; la pluripendencia en distintos juzgados de la misma circunscripci贸n puede resolverse mediante la acumulaci贸n prevista en el art铆culo 29 LRJS. Cabr铆a incluso que tras la acumulaci贸n de este art铆culo, el juzgado optara por la desacumulaci贸n y la aplicaci贸n del procedimiento testigo, especialmente cuando la acumulaci贸n d茅 lugar a una macrocausa de dif铆cil gesti贸n. La ley no exige un n煤mero m铆nimo de 鈥減rocesos鈥 m谩s all谩 de que sean varios, 鈥渦na pluralidad鈥 (dos o m谩s, por tanto), pero parece razonable en la pr谩ctica aplicar la t茅cnica del procedimiento testigo solamente cuando se est谩 ante un n煤mero relevante de procesos, un n煤mero suficiente que compense los costes adicionales de tramitar el procedimiento testigo. Esto mismo introduce alg煤n matiz en la 鈥渙bligatoriedad鈥 de tramitar este procedimiento.

Al referirse al mismo objeto, lo que la ley exige es que se trate de la impugnaci贸n de la misma decisi贸n empresarial (de efectos plurales o colectivos) o de decisiones empresariales o administrativas en serie id茅nticas o an谩logas (con leves variaciones entre ellas, no significativas para el enjuiciamiento del pleito), que son materialmente coincidentes aunque se hayan plasmado en decisiones formalmente separadas.

En cuanto a la identidad de parte demandada, el procedimiento testigo no est谩 pensado para supuestos an谩logos con diversidad de partes demandadas, sino para enjuiciar una serie de litigios que afectan a la misma parte demandada o a las mismas partes demandadas en caso de litisconsorcio pasivo.

El procedimiento testigo es subsidiario de la acumulaci贸n. Dice con claridad el art铆culo 86 bis LRJS que aquel procede 鈥渟iempre que鈥 los procesos 鈥渘o fueran susceptibles de acumulaci贸n o no se hubiera podido acumular鈥. Pese a la amplia admisi贸n de la acumulaci贸n en los art铆culos 25.3 y 28.1 LRJS (recu茅rdese que son susceptibles de acumulaci贸n las demandas 鈥渜ue uno o varios actores tengan contra uno o varios demandados, siempre que entre esas acciones exista un nexo por raz贸n del t铆tulo o causa de pedir鈥, y que 鈥渆l t铆tulo o causa de pedir es id茅ntico o conexo cuando las acciones se funden en los mismos hechos o en una misma o an谩loga decisi贸n empresarial o en varias decisiones empresariales an谩logas鈥), la principal raz贸n para considerarlos no susceptibles de acumulaci贸n es el posible detrimento a la tutela judicial efectiva, conforme al p谩rrafo 2潞 del citado art铆culo 25.3 y el concordante 28.1, ambos de la LRJS. Por lo dem谩s, no es sensato acumular procesos hasta el punto de conformar una macrocausa de dif铆cil gesti贸n.

La t茅cnica alternativa del procedimiento testigo permite salvar las dificultades de gesti贸n de una macrocausa, ya que consiste en seleccionar uno o varios de los procesos pendientes para darles una tramitaci贸n preferente, suspendiendo la tramitaci贸n de todos los dem谩s. La 鈥減referencia鈥 parece que debe entenderse en t茅rminos relativos en el 谩mbito de los procesos que cumplen los requisitos para dar lugar al procedimiento testigo: es decir, la preferencia es de los procesos seleccionados frente a los suspendidos, pero no de aquellos frente a todos los dem谩s que est茅n pendientes en el juzgado o tribunal. En cualquier caso, la cuesti贸n no es clara, al no estar bien resuelta en el art铆culo 86 bis LRJS, que habla de la tramitaci贸n 鈥渃on car谩cter preferente鈥 en el marco de la oposici贸n proceso testigo vs. proceso suspendido; parece algo m谩s clara en el art铆culo 438 bis LEC, que s铆 dice en p谩rrafo aparte que el procedimiento testigo se tramitar谩 con car谩cter preferente y que el recurso de apelaci贸n contra el auto acordando la suspensi贸n se tramitar谩 de modo preferente y urgente.

Lo que s铆 est谩 claramente resuelto en la LRJS, a diferencia de lo que ocurre en la LJCA y en la LEC, es el criterio para seleccionar el proceso (o procesos, ya que pueden ser varios) testigo: dice el art铆culo 86 bis LRJS que se atender谩 鈥渁l orden de presentaci贸n de las respectivas demandas鈥. En el 谩mbito contencioso-administrativo, existe el criterio de seleccionar 鈥渆l m谩s id贸neo por su representatividad鈥 (Teso Gamella, 2016). La opci贸n legislativa en lo social es por el primero o los primeros que hayan tenido entrada en el juzgado o tribunal.

La decisi贸n judicial de aplicar la t茅cnica del procedimiento testigo exige audiencia de las partes por plazo com煤n de cinco d铆as. Debe entenderse que las partes a las que se dar谩 audiencia son todas las personadas en las distintas causas que dan lugar al procedimiento testigo. Contra estas decisiones no cabe recurso devolutivo alguno, sin perjuicio de que en v铆a de recurso extraordinario se puedan articular motivos de infracci贸n procesal relacionados con la aplicaci贸n del art铆culo 86 bis LRJS.

Una vez que el 贸rgano judicial ha elegido uno o varios procesos testigo y ha decidido la suspensi贸n de todos los dem谩s procesos que cumplen los requisitos de las identidades objetiva y subjetiva-pasiva, parece que es posible que se decida la suspensi贸n de nuevos procesos que puedan ir entrando posteriormente en el juzgado o tribunal, siempre con la garant铆a elemental de audiencia de las partes.

Reca铆da sentencia firme en el procedimiento testigo, dice el apartado 2 del art铆culo 86 bis LRJS que 鈥渟e dejar谩 constancia de ella en los procesos suspendidos y se notificar谩 a las partes de los mismos a fin de que, en el plazo de cinco d铆as, puedan interesar los demandantes la extensi贸n de sus efectos en los t茅rminos previstos en el art铆culo 247 ter, la continuaci贸n del procedimiento o bien desistir de la demanda鈥. Estas tres alternativas, que siempre son del demandante, merecen alg煤n comentario.

La primera alternativa para el demandante es solicitar la extensi贸n de los efectos de la sentencia firme al proceso propio. Esta extensi贸n de efectos tendr谩 lugar en los t茅rminos regulados en el art铆culo 247 ter LRJS, tambi茅n introducido de nuevas por el RDL 6/2023. La extensi贸n de efectos solicitada se conceder谩 por el 贸rgano judicial salvo que concurra alguna de las circunstancias siguientes: (1) una causa de inadmisibilidad propia del proceso suspendido que impida el reconocimiento de la situaci贸n jur铆dica individualizada; (2) cosa juzgada; (3) existencia de jurisprudencia del Tribunal Supremo o, en su defecto, de doctrina reiterada de la Sala de lo Social del TSJ territorialmente competente que sea contraria a la doctrina determinante del fallo dictado en el procedimiento testigo; (4) existencia de resoluci贸n que, habiendo causado estado en v铆a administrativa, fuere consentida y firme por no haberla impugnado jurisdiccionalmente el interesado (circunstancia esta que favorece el incremento de la litigiosidad); (5) pendencia de un recurso de casaci贸n para la unificaci贸n de doctrina cuya resoluci贸n pueda resultar contraria a la doctrina determinante de la sentencia firme dictada en el procedimiento testigo.

La segunda alternativa por la que puede optar el demandante es la continuaci贸n del proceso suspendido. En este caso, el proceso continuar谩 normalmente conforme a la regulaci贸n procesal ordinaria, y se dictar谩 sentencia, en su caso, por el juzgado o tribunal; sentencia que coincidir谩 en lo esencial con la del proceso testigo, salvo que en el proceso suspendido se introduzcan alegaciones distintas de las formuladas en el testigo que puedan llevar a un fallo distinto. La opci贸n por la continuaci贸n normal del proceso suspendido ha sido criticada por la doctrina administrativista (C贸rdova Castroverde, 2011), pero sin ella los riesgos de inconstitucionalidad se incrementan sustancialmente.

La tercera de las alternativas es el desistimiento de la demanda. Se trata de una opci贸n que el demandante seguir谩 cuando, a la luz de la sentencia reca铆da en el proceso testigo, las posibilidades de estimaci贸n de la demanda sean pr谩cticamente inexistentes.

Con todo lo dicho, es f谩cil llegar a la conclusi贸n de que el procedimiento testigo no afecta a las garant铆as procesales de los procesos seleccionados como testigos: estos seguir谩n su curso hasta la sentencia firme con total normalidad. Por el contrario, s铆 puede plantearse la afectaci贸n al derecho a la tutela judicial efectiva en el caso de las partes de los procesos que quedan suspendidos. El efecto que produce la suspensi贸n es la dilaci贸n o demora en la obtenci贸n de una sentencia, ya que se obliga a las partes a esperar hasta que sea firme la sentencia en el proceso testigo. Nada muy distinto de lo que ocurre en la relaci贸n entre proceso de conflicto colectivo y procesos individuales con id茅ntico objeto o en relaci贸n de directa conexi贸n. Es cierto que posteriormente la parte actora puede solicitar la continuaci贸n de su propio proceso y puede en 茅l alegar y proponer lo que a su derecho convenga. Aunque el efecto dilaci贸n es evidente, no existe una afectaci贸n a la garant铆a constitucional de defensa, alegaci贸n y prueba; especialmente porque, a diferencia de lo que ocurre en la regulaci贸n civil, el 贸rgano judicial social no tiene la potestad de indicar a la parte 鈥渟i considera procedente o no la continuaci贸n del procedimiento suspendido鈥 (art. 438 bis.3 LEC): esta decisi贸n de continuaci贸n se deja enteramente a la parte, sin que deba siquiera argumentarla, como en cambio exige la regulaci贸n procesal civil, que pide al demandante que quiere la continuaci贸n de su proceso indicar 鈥渓as razones o pretensiones que deben ser, a su juicio, resueltas鈥. De hecho, el art铆culo 247 ter LRJS, tambi茅n de nueva introducci贸n, dice que el letrado de la administraci贸n de justicia 鈥渞equerir谩 a los demandantes afectados por la suspensi贸n para que, en el plazo de cinco d铆as, interesen la extensi贸n de los efectos de la sentencia o la continuaci贸n del pleito suspendido, o bien manifiesten si desisten del proceso鈥; y salvo en el caso de solicitud de extensi贸n de efectos, en que el 贸rgano judicial puede decidir no acordarla con base en lo previsto en el p谩rrafo segundo del art铆culo 247 ter, en el resto de casos parece que la solicitud del demandante debe simplemente ser aceptada por el 贸rgano judicial.

Un 煤ltimo apunte: el art铆culo 191.3 b) LRJS se modifica en el sentido de a帽adir que procede en todo caso el recurso de suplicaci贸n 鈥渃uando la sentencia de instancia fuera susceptible de extensi贸n de efectos鈥. Como la sentencia dictada en procedimiento testigo es, por definici贸n, susceptible de extensi贸n de efectos, hay que entender que la dictada en instancia es siempre recurrible en suplicaci贸n.

3 comentarios en 芦El procedimiento testigo en la jurisdicci贸n social y la litigaci贸n en masa禄

  1. Enhorabuena por estos comentarios, Francisco Javier.
    En realidad, lo que la ley regula bajo la denominaci贸n de “procesos testigos”, son supuestos especiales de acumulaci贸n, bien de acciones o de procesos; no son procesos testigos propiamente dichos. El proceso testigo o “test case” se caracteriza con una finalidad prospectiva, esto es, se promueve en busca con la finalidad de preconstituir un precedente que sirva para casos futuros y a lo sumo, en el supuesto de que sea favorable, solicitar la extensi贸n de efectos. Dar la oportunidad al juzgador de seleccionar una acci贸n de las que hay pendientes es articular una suerte de “certiorari” judicial en la instancia.
    Juan Dami谩n Moreno. UAM.

    Responder
      • Muchas gracias a ti y a todos los que os ocup谩is de este estupendo Blog!!!
        Fe de erratas: he querido decir “procesos testigo” y no “procesos testigos”; algunos tambi茅n les llaman “procesos gu铆a”.
        Un fuerte abrazo.
        Juan Dami谩n Moreno. UAM.

        Responder

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