¿Implica el nuevo art. 97.3 LRJS la obligación de alcanzar un acuerdo en la conciliación previa?

¿Implica el nuevo art. 97.3 LRJS la obligación de alcanzar un acuerdo en la conciliación previa?

Comparte este post

La reciente reforma de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social por el RDL 6/2023 incluye muchas novedades de interés, algunas de las cuales han sido ya objeto de comentario en este blog, o lo serán en el futuro inmediato. En esta entrada pensaba ocuparme de la reforma del art. 97.3 LRJS que regula las sanciones que la sentencia puede imponer en ciertos casos a los litigantes. 

En su versión original, se hacían  acreedores a ellas el “que obró de mala fe o con temeridad, así como (el) que no acudió al acto de conciliación injustificadamente”. La nueva, aparte de precisar que este último supuesto incluye la no asistencia injustificada “al acto de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente o a mediación”, introduce un supuesto nuevo. Prevé en efecto la posibilidad de que “motivadamente” se imponga “una sanción pecuniaria cuando la sentencia condenatoria coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación”. En ambas versiones se mantiene la regulación por lo que se refiere a los efectos de las conductas sancionables (“sanción pecuniaria, dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75” –de 180 a 6000 euros, con el tope de un tercio de la cuantía del proceso– y, en caso de ser empresario el litigante sancionado, abono de “los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros”). Tampoco hay cambios en la regulación de los trámites procedimentales para imponerlos.

* * * * *

El nuevo precepto admite, por supuesto, una lectura objetiva que, además, es de simple fundamentación vista su literalidad. En esta primera aproximación, la imposición de las indicadas sanciones depende de un hecho: que la sentencia sea condenatoria –solo se contempla, pues, la conducta de la parte demandada, normalmente la empresa– y que exista una coincidencia esencial entre su fallo y la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación. La motivación que el precepto requiere se referiría únicamente a la valoración de la indicada coincidencia esencial. Aparte la literalidad, la conclusión vendría avalada por un argumento sistemático: el nuevo supuesto es diferente a mala fe y temeridad; por tanto, parece que hay que pensar que la imposición de la sanción no requiere enjuiciar actuaciones procesales diferentes a la falta de allanamiento en conciliación o mediación, para detectar en ellas algún tipo de antijuridicidad. 

No es fácil discutir las finalidades perseguidas por la norma. Es loable, desde luego, el intento de mejorar la eficacia de los medios extrajudiciales de composición de conflictos y, con ello, acelerar su solución y aliviar la congestión de los órganos judiciales. Desde esta perspectiva, se alinearía con otras existentes tanto en el ámbito del proceso social como fuera de él. La posibilidad de imponer sanciones al demandado que no comparece al acto de conciliación es conocida desde antiguo en la legislación procesal laboral (cfr. art. 53 LPL-1980) y, objetivada en los años 90 (cfr. art. 66.3 LPL-1990), continua recogida en los arts. 66.3 y 97.3LRJS. Por su parte, el art. 395.1 LEC, aunque establece como criterio general que el allanamiento no conduce a condena en costas “salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado”, presume “en todo caso” que aquella concurre “si antes de presentada la demanda se hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación”.

Sin embargo, existe una importante diferencia entre estos casos y el que ahora se introduce en la LRJS puesto que en ellos es fácil advertir una valoración de la antijuridicidad de la conducta que no se advierte en el nuevo supuesto del art. 97.3 LRJS. En el caso del arts. 66.3 LRJS, en efecto, las sanciones se relacionan con la existencia de una incomparecencia injustificada, que resulta inadmisible teniendo en cuenta que la comparecencia a la conciliación resulta obligatoria (cfr. art. 66.1 LRJS). En cuanto al del art. 395.1 LEC, parece claro que se justifica en el ánimo dilatorio que cabe presumir a partir de un allanamiento posterior a la formulación de la demanda sin presentar ningún tipo de oposición: se ha hecho incurrir al demandante en gastos para su presentación que una mínima diligencia del demandado podría haber vitado y que, por tanto, deben ser reparados. La conducta que, aparentemente, se valora ahora en el art. 97.3 LRJS muestra por el contrario un demandado que ha acudido puntualmente a conciliación o mediación, pero ha rechazado un acuerdo y, después, ha defendido su postura ante el órgano judicial. Y no lo ha hecho con malas artes ni de forma temeraria, puesto que el uso del adverbio “también” indica que nada de ello es preciso para la aplicación del nuevo supuesto establecido en el precepto.

Se trata de una consecuencia sumamente discutible puesto que el demandado queda obligado a aceptar el acuerdo propuesto por la parte demandante si no quiere correr el riesgo. O, si quiere verse desde otra perspectiva, la imposición de una sanción y de las costas de la defensa de la parte contraria penalizan, en definitiva, el ejercicio de su derecho de defensa. Ello dista mucho de ser razonable habida cuenta el reconocimiento constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, sin sufrir indefensión (art. 24.1 CE), que queda desconocido por una lectura literal del art. 97.3 LRJS

No parece, por otro lado, que el problema pueda arreglarse recurriendo al carácter compensador del procedimiento laboral, al que se ha referido la jurisprudencia constitucional en varios pronunciamientos desde la muy conocida STC 3/1983. Aunque se parte en ella de que la “desigualdad originaria entre trabajador y empresario” también puede ser compensada a través de la ordenación del proceso social, entiendo que no es suficiente para justificar un régimen como el establecido tras la reforma en el art. 97.3 LRJS. No cabe discutir que el tradicional principio de gratuidad podría ser sustituido por uno diferente, basado en la condena en costas de la parte vencida; y, si ello se combinara con el tratamiento diferencial de las dos partes de la relación procesal que ya se advierte en el art. 2 Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, la empresa vencida habría de sufragar los gastos de defensa de la contraparte, aunque no ocurriera lo mismo en sentido contrario. Pero, con independencia de que alcanzar este resultado requeriría una intervención normativa mucho más compleja que la que ha puesto en marcha el RDL 6/2023, diría que el carácter compensador del proceso laboral no da para tanto: aunque podría justificar el diferente tratamiento en relación con la condena en costas, en ningún caso daría para fundamentar la sanción de 180 a 6000 euros que la acompaña.

* * * * *

La única forma de salvar estos problemas se encuentra, a mi juicio, en entender que el adverbio “motivadamente” no se relaciona con la apreciación de la coincidencia sustancial entre la pretensión formulada en conciliación y el fallo de la sentencia sino con un concepto diferente, que no ha llegado a ser explicitado en la reforma introducida por el RDL 6/2023. De hecho, si buceamos en sus antecedentes inmediatos podemos ponerlo en conexión con el “abuso del servicio público de justicia”, la nueva noción que pretendía introducir el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, decaído como consecuencia de la convocatoria anticipada de elecciones generales. 

En efecto, una parte sustancial de la reforma proyectada se relacionaba con el impulso de los “medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional” (Título I). Una de las medidas de impulso se situaba inequívocamente en el terreno que ahora nos ocupa. De ser aprobado, el art. 6.3, dedicado a los “efectos de la apertura del proceso de negociación y de su terminación sin acuerdo”, hubiera establecido que “si se iniciara un proceso judicial con el mismo objeto que el de la previa actividad negociadora intentada sin acuerdo, los tribunales deberán tener en consideración la colaboración de las partes respecto a la solución amistosa y el eventual abuso del servicio público de Justicia al pronunciarse sobre las costas o en su tasación, y asimismo para la imposición de multas o sanciones previstas, todo ello en los términos establecidos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. El abuso de servicio público era, después, considerado en diferentes preceptos de la LEC llamados a ser reformados, bien como justificación de condenas a costas (o sanciones) diferentes a las que resultan de la regla general (por ejemplo, art. 32.5, 246, 347.3) bien para exonerarla (art. 394.4). 

En el preámbulo el proyecto explicaba el alcance de esta nueva noción. El abuso del servicio público sería una “actitud incompatible de todo punto” con la sostenibilidad del servicio que se uniría “a la conculcación de las reglas de la buena fe procesal como concepto acreedor de la imposición motivada de las sanciones previstas en la Ley 1/2000, 7 de enero, de Ley de Enjuiciamiento Civil”. Quedaría ejemplificado “en la utilización irresponsable del derecho fundamental de acceso a los tribunales recurriendo injustificadamente a la jurisdicción cuando hubiera sido factible y evidente una solución consensuada de la controversia, como son los litigios de cláusulas abusivas ya resueltos en vía judicial con carácter firme y con idéntico supuesto de hecho y fundamento jurídico, o en los casos en que las pretensiones carezcan notoriamente de toda justificación impactando en la sostenibilidad del sistema”. Presentaría “elementos concominantes con otros existentes como temeridad, el abuso del derecho o la mala fe procesal” a los que complementa, “ofreciendo una dimensión de la Justicia como servicio público al exigir una valoración, por parte de los Tribunales, de la conducta de las partes previa al procedimiento, en la consecución de una solución negociada”. Correspondería a la jurisprudencia ir “delimitando los contornos de este nuevo concepto, y sus aspectos diferenciales con respecto a los ya indicados, como ya lo ha hecho a lo largo de muchos años en el análisis de la temeridad o la mala fe procesal”. De este modo, si bien la falta de colaboración de la parte en los medios extrajudiciales de solución de conflictos se encuentra en la base del concepto, se hace preciso valorar el conjunto de las circunstancias para apreciar su concurrencia.

Las reglas sobre medios adecuados de solución de controversias no eran aplicables a “las materias laboral, penal y concursal” (art. 2.2). Pero la reforma de la LRJS introducida en el propio proyecto permitía llegar a la conclusión de que, en el ámbito del proceso social, regía un principio similar. Era posible establecer, en efecto, una relación entre la nueva redacción del art. 97.3 LRJS y la que se preveía para su art. 84 LRJS, cuyo apartado 3 enriquecía notablemente el contenido del acta a extender en relación con la conciliación ya que “el letrado o la letrada de la Administración de Justicia (dejaría) constancia en el acta de los aspectos controvertidos que hayan impedido el mismo y, de concurrir cuestiones procesales que pudieran suscitar la suspensión del acto del juicio, tales como la existencia de terceros que deban ser llamados al procedimiento o la situación concursal de cualquiera de los intervinientes, advertirá a las partes en los términos establecidos en el artículo 81”. 

* * * * *

La posible conexión entre estos dos nuevos preceptos de la LRJS, así como la aplicación supletoria de la legislación procesal civil en el ámbito social (disp. final 4ª LRJS) hubieran permitido, con facilidad, determinar la motivación requerida para aplicar el nuevo supuesto del art. 97.3 LRJS. No bastaría apreciar la coincidencia sustancial entre pretensión y condena para imponer las consecuencias previstas en él. Resultaría necesario además que la resistencia del demandado pudiera ser configurada como abuso del servicio público de justicia, en atención al conjunto de circunstancias concurrentes en cada supuesto. 

Pero la situación no es esta. Por el contrario, de todos los preceptos del proyecto que se han considerado en esta entrada, solo el art. 97.3 LRJS se ha incorporado el ordenamiento a través del RDL 6/2023 –sin que, por cierto, su preámbulo nos explique la extraordinaria o urgente necesidad de esta modificación en relación con los contenidos que quedan por el camino en el terreno de los medios adecuados de solución extrajudicial de conflictos–. Los peculiares hábitos que se han instalado en nuestro sistema de producción normativa vuelven, en definitiva, a poner al intérprete en situaciones difíciles. Entiendo, sin embargo, que la postura interpretativa correcta parte de que el art. 97.3 LRJS, no solo requiere la valoración de la coincidencia sustancial entre pretensión y fallo sino que exige además la posibilidad de formular algún tipo de reproche a la defensa articulada por el demandado, aunque no llegue al extremo de mala fe o temeridad. Habrá que seguir la aplicación judicial para ver cómo evolucionan las cosas. 

6 comentarios en «¿Implica el nuevo art. 97.3 LRJS la obligación de alcanzar un acuerdo en la conciliación previa?»

  1. Muchas gracias por el comentario.
    Creo que será complicado y que va para largo la aplicación de esta modificación, pues todavía no se aplica en casi ningún juzgado lo preceptuado en la versión anterior que debería obligar a imponer sanción pecuniaria “al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente”.
    Por otro lado, si se aplicara esta nueva redacción, puede ser que se llegue a acuerdos de asuntos claros en los que la parte demandada espera que la otra parte rebaje sus expectativas porque al final “le costará” lo mismos con sentencia que sin ella.
    Ejemplo sencillo: se deben 3000 euros de horas extras, se acude al SMAC a la conciliación previa, la empresa sabe que debe las horas, pero si el trabajador no rebaja las pretensiones no paga ¿Qué pierde la empresa por entrar a juicio? actualmente nada, quizá tiene suerte en el juicio sale algo mal y todavía le sale mejor que llegar a un acuerdo. Pero con esta nueva redacción podría pensar que aunque haya ido al SMAC podría perder algo más si “coincide esencialmente con la pretensión” inicial.
    Muchas gracias por la reflexión.

    Responder
    • Gracias por el comentario, Antonio.
      Es verdad que el nuevo precepto, en una interpretación literal, puede tener un efecto de evitar este tipo de tácticas por parte de las empresas, Pese a todo, entiendo que no es posible hacer una lectura literal puesto que no todos los casos son iguales. En muchos litigios se plantean cuestiones de hecho o interpretativas en los que la discrepancia entre las partes aparece legítima y solo se solventa cuando el juez falla. Por poner algunos ejemplos en materia extintiva: culpabilidad o gravedad de la causa de despido disciplinario; razonabilidad de la causa económica; cumplimiento por el convenio de los requisitos extintivos de la jubilación obligatoria, y ahora de la IP. El automatismo en casos como estos aparece, entiendo, como sanción por el ejercicio del derecho de defensa.
      Por eso pienso que debemos ir a una valoración caso por caso.
      Saludos.

      Responder
  2. ¿Y suprimir el SMAC? Es estos momentos es innecesario, sus retrasos nos obligan a presentar las demandas antes de su celebración y, si queremos llegar a un acuerdo, lo hacemos en sede judicial. Comparto contigo, cómo no, que no hay urgencia o necesidad en estas modificaciones pero lo que realmente me preocupa es que de nuevo, los laboralistas hemos sido olvidados, como también nuestro derecho a la salud, al descanso, a la desconexión, que, curiosamente, sí hay en otras jurisdicciones (aunque no sea completamente) Modificar la ley y declarar agosto inhábil para toda jurisdicción y materia no es tan difícil.

    Responder
  3. Muchas gracias profesor Goerlich!
    Diría que si va a seguir la misma praxis en su aplicación por los jueces y tribunales que las multas por temeridad, le veo poco o ningún recorrido a la nueva regla.
    Veremos…
    Lo de la forma de los cambios en el ordenamiento es para un monográfico!!!!!

    Responder

¿Qué opinas? ¡Deja tus comentarios!

Este es un blog para la difusión de resultados de investigación y el análisis jurídico de carácter general. Por ello, no se publicarán consultas particulares, que requieren la asistencia de un profesional que analice su caso concreto.

Las siguientes reglas del RGPD deben leerse y aceptarse:
Este formulario recopila tu nombre, tu correo electrónico y el contenido para que podamos realizar un seguimiento de los comentarios dejados en la web. Para más información, revisa nuestra política de privacidad, donde encontrarás más información sobre dónde, cómo y por qué almacenamos tus datos.

Lee más

Suscríbete a nuestro blog

y recibe en tu correo nuestras entradas

También en nuestro blog...

Office table

Contacta
con nosotros

Licencia

El contenido de este blog se publica bajo una Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 . Esto significa que puedes reutilizar nuestros contenidos siempre que reconozcas la autoría, enlaces al blog original y no hagas un uso comercial sin autorización previa, expresa y por escrito del autor.