La impugnaci贸n de los actos administrativos dictados en las fases preparatorias previas a la contrataci贸n por las AA.PP.

La impugnaci贸n de los actos administrativos dictados en las fases preparatorias previas a la contrataci贸n por las AA.PP.

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1.- La delimitaci贸n de las competencias propias del orden social de la jurisdicci贸n, as铆 como las de cada uno de los 贸rganos que lo integran, deber铆a ser una cuesti贸n que estuviese claramente perfilada en las normas procesales, especialmente, si se toma en consideraci贸n su trascendencia. En este sentido, no se olvide que los arts. 9.1 y 9.6 LOPJ prev茅n el car谩cter improrrogable de la jurisdicci贸n y la obligaci贸n de los 贸rganos jurisdiccionales de controlarla de oficio; y que el art. 238 LOPJ anuda la nulidad de pleno derecho a los actos judiciales realizados con 鈥manifiesta falta de jurisdicci贸n o de competencia objetiva o funcional鈥. Pues bien, a partir de tales datos, cabr铆a esperar que nos encontr谩semos en un terreno que, en principio, fuese objeto de un cuidadoso tratamiento normativo. Ciertamente, los arts. 2 y 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci贸n Social (en adelante, LRJS) tratan de resolverla proporcionando una delimitaci贸n positiva y negativa de la misma bastante prolija, se帽alando qu茅 conflictos pertenecen a la esfera del orden social (art. 2 LRJS) y cu谩les permanecen extramuros del mismo (art. 3 LRJS). Con todo, tales preceptos no llegan a solucionar todas las cuestiones que se plantean en la pr谩ctica.

2.- Uno de esos puntos dudosos y controvertidos ha sido el intento de determinar cu谩l es el orden competente para resolver las cuestiones que se suscitan con car谩cter previo a la existencia de un contrato de trabajo, en particular, cuando el sujeto contratante es una Administraci贸n P煤blica. La Disposici贸n Final 20陋 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021 (correcci贸n de errores, de 26 de mayo de 2022) introdujo una nueva previsi贸n en el art. 3 LRJS (primero, en la letra g), que tras la correcci贸n de errores pasar铆a a la f) del mismo precepto) de conformidad con la cual quedaba excluido del conocimiento del orden social la impugnaci贸n de los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contrataci贸n de personal laboral para el ingreso por acceso libre, los cuales deber铆an ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

2.1.- La jurisprudencia tradicional ven铆a entendiendo que, por un lado, todas las incidencias previas a la constituci贸n del v铆nculo, como son las relativas al proceso de selecci贸n 鈥攄esde los actos relativos a la oferta de empleo, la convocatoria y sus bases, las pruebas y su desarrollo, la dotaci贸n, etc.鈥, en la medida en que se regir铆an por el derecho administrativo, se plantear铆an ante el orden contencioso administrativo. Y ello, en la medida en que predominar铆a aqu铆 el car谩cter p煤blico en la actuaci贸n de la administraci贸n en cuesti贸n (SSTS, en u. d., de 16 de marzo de 1992, y de 19 de junio de 1992; STS de 21 de julio de 1992; SSTS, en u. d., de 11 de marzo de 1993, de 10 de noviembre de 1993 y de 30 de octubre de 1996; STS de 11 de mayo de 1998; STS de 26 de junio de 1998; STS de 29 de mayo de 2007). Una vez finalizado el proceso de selecci贸n, por otro lado, las incidencias posteriores a la celebraci贸n del contrato, as铆 como las relacionadas con los concursos de traslado o ascenso, corresponder铆an al orden social de la jurisdicci贸n (STS de 29 de mayo de 2007). Y ello por el predominio de la faceta de empleadora privada que, en este supuesto, tiene el actuar de la administraci贸n. Ello ten铆a una especial repercusi贸n al hilo de las contrataciones laborales efectuadas por parte de la Administraci贸n sin respetar el orden establecido en listas de espera o bolsas de trabajo, donde la jurisprudencia hab铆a seguido diferentes orientaciones, pleitos que, bajo la vigencia de la LPL de 1995, se hab铆a atribuido orden contencioso-administrativo, tanto en estos casos como cuando afectan al personal estatutario (SSTS de 4 de octubre de 2000, posteriormente seguida, por ejemplo, por lasSSTS de 16 de mayo de 2003; de 21 de octubre de 2005; de 30 de mayo de 2006,; de 16 de abril de 2009).

2.2.- Con todo, esta soluci贸n exig铆a ser replanteada tras la aprobaci贸n de la LRJS en 2011, fundamentalmente, por la redacci贸n dada a los arts. 2.n) y 3.a) LJS.  Y es que, de conformidad con tales previsiones, la impugnaci贸n de los actos de las administraciones p煤blicas sujetos al derecho administrativo en materia laboral, sindical y de seguridad social es competencia del orden social, lo que deber铆a forzar la atracci贸n de competencias de estas cuestiones hacia el orden social. Asimismo, la lectura de los arts. 6 y 151.1 LRJS parece que admiten una lectura en id茅ntica clave. Y este entendimiento es el que finalmente se impuso, como se aprecia en las SSTS de 28 de abril de 2015, y de 5 de octubre de 2016, en relaci贸n con el incumplimiento del orden establecido en unas bolsas de trabajo a la hora de efectuar los llamamientos consideran que la competencia corresponde al orden social.

2.3. Pues bien, la previsi贸n introducida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 obligaba a reconsiderar, nuevamente, esta tendencia interpretativa y volver a la jurisprudencia cl谩sica que diferenciaba los conflictos del personal laboral al servicio de las AA.PP. en funci贸n del momento en que se susciten: antes de la constituci贸n del v铆nculo, ser铆an competencia del orden contencioso; con posterioridad, del orden social. Y utilizo el pret茅rito imperfecto porque la STC 145/2022, de 15 de noviembre, ha declarado la inconstitucionalidad de la indicada previsi贸n al resolver la cuesti贸n de inconstitucionalidad elevada desde la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid.

3.- En efecto, al hilo del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una Orden de la Comunidad de Madrid por la que se convocaban pruebas selectivas del proceso extraordinario de estabilizaci贸n de empleo temporal del personal laboral para el acceso a determinadas plazas, la sala de Madrid se cuestiona su competencia al entender que la modificaci贸n operada por la Ley de Presupuestos en la LRJS podr铆a ser inconstitucional: de entrada, por el instrumento normativo mediante el cual se introduce, cuyo contenido est谩 tasado por la propia CE; por otra parte, porque podr铆a vulnerar el principio de seguridad jur铆dica habida cuenta que afecta a normas de 鈥渄erecho codificado鈥.

3.1.- La STC 145/2022 declara la inconstitucionalidad y nulidad del precepto cuestionado, la DF 20陋 de la Ley de Presupuestos para 2022. Al respecto, no hace sino recoger lo que viene siendo su doctrina consolidada sobre el alcance y contenido de las leyes de presupuestos y trasladarlo al caso concreto. As铆, en el fundamento segundo se recuerda que el contenido de 茅stas puede ser de dos tipos: por un lado, el contenido propio o 鈥渘煤cleo esencial鈥 (previsi贸n de ingresos y habilitaci贸n de gastos); por otro, el 鈥渁dicional鈥 o 鈥渆ventual鈥, respecto el cual se exige que cumpla con dos requisitos como son que la materia guarde relaci贸n directa con los ingresos y gastos que integran el presupuesto y ser un complemento necesario para la mayor inteligencia y la mejor ejecuci贸n del presupuesto. Pues bien, a juicio del TC la atribuci贸n de competencias al orden contencioso en la materia se帽alada no satisface tales requerimientos: no hay conexi贸n directa ya que la determinaci贸n del orden competente no lleva parejo un incremento del gasto p煤blico o la dotaci贸n de una nueva partida, ni tampoco lo reduce; por otra parte, tampoco se aprecia que sea un complemento necesario.

3.2.- La sentencia se cuida de precisar que queda fuera del examen el enjuiciamiento del acierto o la conveniencia de la reforma llevada a cabo desde la perspectiva del contenido, limit谩ndose al an谩lisis del instrumento normativo empleado para su introducci贸n. No puede ser de otro modo. Con todo, a mi juicio, parece conveniente detenerse m铆nimamente en dicha cuesti贸n.

4.- En efecto, la reforma introducida no hab铆a resultado todo lo clara que se podr铆a haber esperado dada la relevancia de la materia, pues la referencia a la impugnaci贸n de los actos dictados en las fases preparatorias, previas a la contrataci贸n del personal laboral para el ingreso por acceso libre parece conectar con la convocatoria, la lista admitidos, excluidos, etc. Sin embargo 驴qu茅 suceder铆a con el incumplimiento del orden de llamada en las bolsas de trabajo? 驴o con los resultados de estos procedimientos de estabilizaci贸n? La trascendencia de la cuesti贸n, en cuanto te贸rico volumen de conflictos, resulta evidente. Por ello, si se retoma la modificaci贸n, ser铆a deseable una mejor delimitaci贸n y, en todo caso, residenciando estos aspectos que no son meramente procedimentales en el orden social.

4 comentarios en 芦La impugnaci贸n de los actos administrativos dictados en las fases preparatorias previas a la contrataci贸n por las AA.PP.禄

  1. Dadas las nuevas circunstancias normativas a ra铆z de la STC 145/2022, para un recurso contra un proceso selectivo de personal laboral de una Administraci贸n P煤blica, ya presentado en la sala de lo Contenciso Administrativo, a la espera de se帽alamiento de juicio, 驴c贸mo se deber铆a proceder para tener garant铆as jur铆dicas?

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    • Pues, como siempre, con cautela. Por un lado, pensar铆a en presentar un escrito en la sala limit谩ndome a dar cuenta de la situaci贸n (novedades?) a efectos de 鈥渇orzar鈥 un control de oficio por parte del 贸rgano y/o acelerarlo; por otro, en paralelo o a continuaci贸n de la eventual resoluci贸n, me dirigir铆a al orde. social. Lo que me dar铆a v茅rtigo ser铆a desistir del primer procedimiento y dirigirme directamente al orden social.

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    • Pues, como siempre, con cautela. Por un lado, pensar铆a en presentar un escrito en la sala limit谩ndome a dar cuenta de la situaci贸n (novedades?) a efectos de 鈥渇orzar鈥 un control de oficio por parte del 贸rgano y/o acelerarlo; por otro, en paralelo o a continuaci贸n de la eventual resoluci贸n, me dirigir铆a al orden social. Lo que me dar铆a v茅rtigo ser铆a desistir del primer procedimiento y dirigirme directamente al orden social.

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  2. Lamentablemente una cuesti贸n de tanta transcendencia no parece estar en el centro del debate pol铆tico-legislativo. Como se dice en el art铆culo, solo por la cantidad y probable litigiosidad de los procedimientos de estabilizaci贸n, que afectan a mucho empleo p煤blico laboral, ser铆a necesario una modificaci贸n legislativa urgente que, en mi opini贸n, devolviese la certeza en el conocimiento de la cuesti贸n por el orden contencioso-administrativo. Pero la seguridad jur铆dica, lo comprobamos constantemente, no es la prioridad.

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