Decisiones empresariales y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción: STS 699/2022, de 27 de julio

Decisiones empresariales y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción: STS 699/2022, de 27 de julio

Comparte este post

El objeto de esta entrada es la STS 699/2022, de 27 de julio, en la que se plantean de nuevo cuestiones relacionadas con relación con el alcance de la carga empresarial de la prueba de las causas del despido colectivo. Pero se aproxima a esta cuestión desde una perspectiva relativamente poco frecuentada: la interferencia de la voluntad del empresario en la configuración causal del despido colectivo. La cuestión central es, en concreto, determinar las facultades judiciales en torno a las decisiones empresariales que provocan, o coadyuvan a, la generación de un excedente de personal.

* * * * * *

Se resuelve en ella impugnación contra despido colectivo acordado por una organización sin ánimo de lucro vinculada a la lucha contra las enfermedades del riñón. La entidad había sido contratada por el servicio autonómico de salud para la prestación del servicio de diálisis. En cierto momento, se convoca un concurso para renovar las concesiones y la asociación decide no presentarse a él ante las dificultades para hacerlo sin incurrir en pérdidas. Simultáneamente, abre consultas de despido colectivo de los trabajadores adscritos a la prestación del servicio.

En la instancia, la STSJ Com. Valenciana 1537/2021, de 11 de mayo optó por desestimar la demanda. En el hecho séptimo, dio por probado que, “de haberse presentado a la licitación del servicio de hemodiálisis”, la entidad “hubiera generado pérdidas en cualquiera de los lotes a los que hubiera concurrido”. Conforme a las pruebas practicadas, se procedió incluso a cuantificarlas en diferentes escenarios.

En este contexto, consideró concurrente causa suficiente para el despido colectivo: “la no concurrencia a una licitación… por más que obedezca a la voluntad de la parte empresarial constituye una causa productiva… En nuestro caso la empresa ha acreditado que el presentarse a la licitación y obtenerla, le iba a producir consecuencias negativas en su economía, incluso llegando a importantes pérdidas. Con independencia de que la participación o no en un proceso de contratación administrativa es una decisión empresarial que responde a un determinado planteamiento y estrategia que valora el empresario en una situación y en un mundo de libertad de mercado, lo cierto es que en el supuesto de autos ha quedado probado que de haber resultado… adjudicataria, la evolución negativa de la empresa se iba a producir”.

* * * * *

El Tribunal Supremo llega, sin embargo, a una conclusión diferente. Aunque se descartan la mayor parte de los motivos formulados por las representaciones de los trabajadores –incluyendo la revisión del aludido HP 7ª–, se acaba estimando el relacionado con la falta de justificación causal y, en consecuencia, el despido colectivo se declara no ajustado a derecho. Aunque existe reiterada doctrina jurisprudencial en el sentido de que la pérdida de una contrata es causa suficiente para las extinciones ETOP, no resulta automáticamente aplicable a un supuesto como el resuelto en el que el excedente de personal se conecta a un acuerdo unilateral de la empleadora.

A estos efectos, se recuerda, con abundantes precedentes, la doctrina general sobre el alcance del control judicial del despido que “va más allá de constatar acreditada la concurrencia de la causa esgrimida, toda vez que necesariamente ha de extenderse a enjuiciar la razonabilidad, adecuación y proporcionalidad de la medida, teniendo que existir una conexión funcional entre la causa alegada y los despidos efectuados”. Por ello, no resulta fácilmente admisible aceptar como causa del despido económico la sola decisión empresarial de no presentarse al concurso: “el control judicial… sobre calificación del despido incluye, necesariamente, el de apreciación de si concurre una causa real y verosímil”; “los motivos alegados han de ser reales, actuales, proporcionales”, sin que pueda admitirse que la empresa tenga “un poder absoluto en orden a configurar el tamaño de su plantilla, sino que ha de actuar con respeto a todos los derechos e intereses en presencia”. Esta idea, extraída de la STS 841/2018, 18 septiembre –y reiterada en otras posteriores– se completa con la referencia a los precedentes jurisprudenciales contrarios “a considerar causa lícita de la extinción del contrato de trabajo de obra o servicios determinados la extinción de la contrata finalizada por voluntad de la empresa contratista o subcontratista”, aportándose una larga serie de pronunciamientos.

En este contexto, “se echa en falta en la sentencia recurrida… un mayor razonamiento sobre los aludidos extremos de la adecuación y de la conexión de la causa esgrimida con los despidos efectuados”. Si bien la empresa previó la existencia de pérdidas, “que el TSJ da ciertamente por probadas”, ello no resulta suficiente: el órgano judicial debería haberse pronunciado “sobre la posibilidad o imposibilidad de que (la entidad) se presentara al concurso haciendo una propuesta que no le conllevara esas pérdidas y que le permitiera prestar el servicio sin soportarlas”. Sin embargo, nada se dice sobre ello “ni tampoco sobre qué posibles factores diferenciales… impeditivos de realizar una oferta” concurrían en la organización demandada que no se daban en “la entidad que resultó adjudicataria del concurso”.

* * * * *

Como indiqué al principio, lo que hace interesante la STS 699/2022 es que aborda de forma directa el poco frecuentado tema del control judicial sobre decisiones empresariales que generan la causa ETOP. De hecho, dejando al margen los relacionados con el desaparecido contrato temporal de obra o servicio determinado, de los tres precedentes que se citan al respecto solo uno de ellos se refiere a esta cuestión. Los otros dos (sentencias 746/2020, 18 septiembre, y 330/2021, 17 marzo) afrontan no tanto la imputabilidad de la causa a la voluntad de la empresa cuanto los límites la discrecionalidad empresarial en la selección de las medidas para afrontarla. Se trata, por supuesto, de temas conexos; pero no exactamente iguales.

En la precedente STS 841/2018 y en la que ahora se comenta no se discute la valoración de la razonabilidad de la decisión empresarial a la vista de la causa sino la propia existencia de esta, en la medida en que había sido «creada» por el empresario: en aquel caso, había optado por vender una parte de su estructura productiva –los vehículos que manejaban los trabajadores afectados–; en este último, había decidido no concurrir a la licitación. De este modo, en ambos casos lo que hacía imposible la continuidad de la prestación por los trabajadores era precisamente la decisión unilateral del empresario. Frente a ello, en ambos casos, el TS reacciona extendiendo el control judicial con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad a la propia formación de la decisión.

* * * * *

En línea de principio, no es posible discutir la corrección de esta afirmación. Si la causa del despido económico puede derivarse directamente de la voluntad del empresario, quedaría en sus manos la continuidad del contrato de trabajo; y este resultado no parece adecuado desde la perspectiva del principio de estabilidad en el empleo que, como sabemos, encuentra su fundamento en la Constitución (art. 35). No es por ello de extrañar que ambos pronunciamientos recurran a una gráfica metáfora para explicar lo que ocurriría de aceptarse esta hipótesis interpretativa: “caería por su base toda la arquitectura del despido”.

Las cosas, sin embargo, no son tan sencillas. De entrada, no es fácil descartar que existan causas del despido colectivo que descansen de forma prácticamente total en la voluntad empresarial: a la vista de su definición legal en el art. 51.1 ET esto ocurre probablemente en las causas técnicas y organizativas. Aun cuando hemos conocido alguna sentencia de instancia que ha proyectado el control de razonabilidad/proporcionalidad sobre las primeras –excluyendo que su sola introducción justifique las extinciones–, lo correcto parece ser entender que el control judicial es mínimo en estos casos, quedando reducido a la verificación de la innovación y a su relación con los contratos extinguidos. Esta idea, que se advierte por ejemplo en STS 195/2018, 22 febrero, implica que la causa eficiente del despido es la decisión empresarial de innovación tecnológica, de carácter marcadamente discrecional. Y algo parecido cabe decir de las causas de carácter organizativo, que descansan igualmente en decisiones empresariales –vale, como ejemplo, STS 28 enero 2015, rec. 87/2014, en la que los excedentes de personal se generan por una fusión empresarial–, si bien en otros casos sí parece existir un control de razonabilidad –así ocurre, seguramente, en relación con la externalización (STS 20 noviembre 2015, rec. 104/2015)–.

Acaso las peculiares exigencias probatorias postuladas en el pronunciamiento que se comenta y en el precedente de 2018 se proyectan fundamentalmente sobre las causas económicas y productivas. En su configuración legal tienen un claro carácter reactivo frente a circunstancias objetivas que se producen en el interior de la empresa (la “situación económica negativa”) o en su exterior (“cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado”), que impediría aceptar la colaboración de la voluntad empresarial salvo que hubiera razones suficientes para ello. Por ello, la voluntaria disminución de activos productivos que se describe la STS 841/2018 y la igualmente voluntaria salida del mercado de servicios que resuelve la STS 699/2022 requerirían una justificación adicional, referida a la propia decisión empresarial, para fundamentar los despidos ETOP.

Pero incluso en este segundo terreno la cosa es algo más complicada. Sujetar este tipo de decisiones empresariales a control judicial abre delicados problemas desde la perspectiva de la libertad de empresa. Después de todo, incluso en los casos más obvios de causa económica –pérdidas reales, actuales y cuantiosas–, es posible preguntarse si el despido es la única alternativa o si, por el contrario, pueden existir otras posibles soluciones a los problemas en el marco laboral (flexibilidad interna) o fuera de él (reconversión tecnológica, reorientación de la producción, apertura de nuevos mercados, etc.). A la postre, como sabemos a través de la experiencia aplicativa hasta la reforma de 1994, ello puede suponer que el órgano de control sustituya al empresario, en desconocimiento de la libertad amparada por el art. 38 CE. Y frente a ello nos ha prevenido reiteradamente la propia jurisprudencia del TS. Es un lugar común en ella el de que “el control judicial -que implica el análisis de la adecuación, la razonabilidad y la proporcionalidad en términos de sacrificios de las partes- no puede abarcar la sustitución de la decisión empresarial por la del tribunal” (por todas, STS 25 febrero 2015, rec. 74/2014). Por su parte, la STS 746/2020, 18 septiembre, precisamente una de las citadas en la que se comenta, indica que, aunque “corresponde al órgano jurisdiccional comprobar si las causas además de reales tienen entidad suficiente como para justificar la decisión extintiva y, además, si la medida es razonable en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajusta o no al estándar de un buen comerciante…, como se ha reiterado, no corresponde a los Tribunales fijar la medida «idónea», ni censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial”.

* * * * *

En este contexto, creo que la proyección de los principios de razonabilidad y proporcionalidad sobre decisiones empresariales que guardan relación con la libertad de empresa, aunque puede ser inevitable, ha de hacerse con sumo cuidado. Es elevado el riesgo de sustituir el criterio empresarial y de situar a los empleadores en un horizonte de incertidumbre a la hora de tomarlas.

No creo, sin embargo, que la STS 699/2022, al imponer una carga probatoria adicional a la empresa en el supuesto resuelto, haya sido lo suficientemente cautelosa. Ha proyectado directamente sobre él la doctrina sentada en la STS 841/2018, sin advertir las diferencias entre los dos supuestos. En esta no existía ninguna explicación para la enajenación de activos productivos. Por el contrario, en aquella sí la había: las “pérdidas previstas” si continuaba en la actividad que, desde la reforma de 2010, se incluyen entre las causas económicas.

Por supuesto, podría haber también tomado otras decisiones, económicas o no: desde mejorar sus infraestructuras para poder competir con las restantes compañías a participar en licitaciones de otro tipo de servicios, pasando por recurrir a otro tipo de medidas laborales. Pero la que puso en marcha, no presentarse a la licitación y despedir, no puede ser discutida. A la vista de los hechos que se consideraron probados y de las argumentaciones del TSJ, la empresa hizo lo que cabe esperar de un «buen comerciante». Había hecho las cuentas con arreglo a su estructura de personal y de costes y, como no le habían salido, decidió no participar en el concurso: “llegado un determinado momento, tras los estudios pertinentes, (la empresa) decidió no concurrir a la nueva licitación por considerar que era inviable, lo que, vistos los datos contables… era una postura razonable y sensata” que, además de entrar “de lleno en sus potestades empresariales…, denota la actuación de un buen comerciante”. No creo, pues, que sea correcto pedirle más explicaciones.  

8 comentarios en «Decisiones empresariales y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción: STS 699/2022, de 27 de julio»

  1. Obviamente, José María, estoy totalmente de acuerdo con el fallo de la sentencia, no con todo su contenido. Cuando una actividad genera, como ésta, importantes beneficios y se decide finalizarla, se debe indemnizar a los trabajadores como en despido improcedente, máxime cuando no existe ánimo de lucro.

    Responder

Deja un comentario

Las siguientes reglas del RGPD deben leerse y aceptarse:
Este formulario recopila tu nombre, tu correo electrónico y el contenido para que podamos realizar un seguimiento de los comentarios dejados en la web. Para más información, revisa nuestra política de privacidad, donde encontrarás más información sobre dónde, cómo y por qué almacenamos tus datos.

Lee más

Suscríbete a nuestro blog

y recibe en tu correo nuestras entradas

También en nuestro blog...

Office table

Contacta
con nosotros