驴Puede exigir la empresa un certificado de antecedentes penales a los trabajadores o prestadores de servicios de nueva incorporaci贸n? Las cosas no son como parecen

驴Puede exigir la empresa un certificado de antecedentes penales a los trabajadores o prestadores de servicios de nueva incorporaci贸n? Las cosas no son como parecen

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Con car谩cter general, no es posible solicitar certificados de penales a candidatos que participen en un proceso de selecci贸n o que, superado este, procedan a firmar sus contratos de trabajo o a iniciar su prestaci贸n de servicios. No obstante, en determinadas profesiones o sectores s铆 ser铆a admisible en base a la actividad desarrollada y siempre que exista una norma con rango de ley que lo permita. En estas condiciones, eventuales afectaciones al derecho de intimidad, a la protecci贸n de datos, al derecho a la no discriminaci贸n en base a circunstancia social o al derecho de reinserci贸n, superar铆an el juicio de proporcionalidad stricto sensu. Trabajos que implican manejo de dinero, profesiones del 谩mbito educativo que tengan relaci贸n con menores o actividades centradas en la seguridad, ser铆an algunos ejemplos generalmente admitidos.

Nos centramos en esta entrada precisamente 鈥搚 sin perjuicio de otras referencias conexas- en el 谩mbito de la seguridad, con ocasi贸n de la reciente STS (Social) 12 mayo 2022  (Ponente Mar铆a Luz Garc铆a Paredes). En ella, el Tribunal Supremo mantiene que es contrario a derecho que las empresas seguridad privada requieran a los trabajadores de nueva incorporaci贸n un certificado o declaraci贸n escrita de que carecen de antecedentes penales. La Sala rechaza el recurso que present贸 Securitas Seguridad Espa帽a S.A. contra la sentencia de la SAN 10 febrero 2020 que conden贸 a la empresa a eliminar la pr谩ctica de todos sus centros de trabajo de solicitar a los vigilantes de seguridad de nueva incorporaci贸n un certificado o declaraci贸n de que carec铆an de antecedentes penales en los 煤ltimos 5 a帽os en los pa铆ses en los que hubieran residido. Entender铆a la AN que si bien para obtener la correspondiente habilitaci贸n que da derecho a la obtenci贸n de la tarjeta de identificaci贸n profesional, es necesario que el trabajador carezca de antecedentes penales en vigor, la legislaci贸n vigente no encomienda a la empresa, ninguna intervenci贸n en la gesti贸n y expedici贸n de las mismas pues se trata de una competencia atribuida al Ministerio del Interior.

Recuerda ahora el TS en l铆nea con la sentencia confirmada, que los antecedentes penales son datos de car谩cter personal amparados por el art. 18.4 de la CE y por el art. 8 del Convenio Europeo, est谩n sujetos al deber de confidencialidad y su conocimiento no es p煤blico. En el marco de la relaci贸n laboral de los vigilantes de seguridad privada, los antecedentes penales (carecer de antecedentes penales por delitos dolosos [art. 28. 1 e) Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada]) son requisito de acceso a las pruebas de selecci贸n para obtener la habilitaci贸n profesional de quienes aspiran a ejercer como tales y esta expedici贸n de la habilitaci贸n profesional solo es competencia administrativa.  As铆, al vigilante de seguridad le basta con acreditar estar en posesi贸n de la tarjeta de identidad profesional para poder atender las funciones que con ella pueda desarrollar, de forma que hasta que no se le retire ese documento p煤blico de acreditaci贸n profesional, por el procedimiento correspondiente, ya sea para inhabilitarle u otra situaci贸n que le aparte de poder desempe帽ar dicha actividad, no tiene por qu茅 poner de manifiesto ante el empleador otros datos distintos a losde estar en posesi贸n del documento de habilitaci贸n. Por tanto, al ser de tipo administrativo la competencia de control del cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la habilitaci贸n del personal de seguridad privada, solo mediante esta intervenci贸n se puede proceder a la extinci贸n de la habilitaci贸n que va a impedir el desempe帽o de la actividad profesional a la que se anuda. En esta misma l铆nea, la SAN (Contencioso-Administrativo) 27 enero 2021 recordar铆a que la Direcci贸n General de la Polic铆a est谩 facultada por la Ley para el tratamiento de los datos relativos a los antecedentes penales del personal de seguridad privada a los fines del control del cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la habilitaci贸n expedida, siendo irrelevante que los antecedentes penales est茅n o no cancelados. Tambi茅n, la STS (Contencioso-administrativo) 23 noviembre 2021 que admitir铆a el acceso por un polic铆a nacional en ejercicio de sus funciones al Registro Central de Penados y Rebeldes sin consentimiento del interesado, al tratarse de una cesi贸n de datos legalmente prevista (carecer de antecedentes penales para mantener la habilitaci贸n profesional en seguridad privada).

Los antecedentes penales son datos que gozan de protecci贸n especial y su tratamiento para fines distintos a la prevenci贸n, investigaci贸n, detecci贸n o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecuci贸n de sanciones penales, s贸lo puede realizarse cuando est茅 amparado en una norma de Derecho de la Uni贸n, en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci贸n de datos y de garant铆a de los derechos digitales   o en otras normas de rango legal (art. 10.1 LOPDGDD). Adem谩s, el registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, as铆 como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el art铆culo 10 del Reglamento (UE) 2016/679  (RGPD podr谩 realizarse conforme con lo establecido en la regulaci贸n del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administraci贸n de Justicia.

Aqu铆, la empresa no tiene una ley que le ampare para requerir de los trabajadores sus antecedentes penales (datos personales relativos a condenas o infracciones penales dolosas), aun con consentimiento del trabajador. La empresa alegar铆a en el recurso, sin embargo, que los datos fueron voluntariamente cedidos por los trabajadores y con su expreso consentimiento. Es m谩s, entiende aquella que el consentimiento ni siquiera ser铆a necesario por ser preciso conocer dicho dato para el cumplimiento de las obligaciones del contrato y, en definitiva, ser necesario para su ejecuci贸n y el cumplimiento de una obligaci贸n legal. Desestimando el recurso, recordar谩 el TS que en el marco de la relaci贸n laboral que afecta a vigilantes de seguridad, los antecedentes penales son requisito de acceso a las pruebas de selecci贸n para la obtenci贸n de las habilitaciones profesionales (vigilantes de seguridad, en este caso). Esto es, no es un elemento que incida en la contrataci贸n ni en la ejecuci贸n del contrato de trabajo, sino que es un dato que debe manejar exclusivamente quien tiene competencia para otorgar las habilitaciones y la informaci贸n penal recabada por el empresario es innecesaria para el contrato de trabajo, ya que la persona trabajadora solo tiene que poner en conocimiento de la empresa que dispone del documento de habilitaci贸n.

Llegados a este punto, es interesante traer a colaci贸n, por su innegable conexi贸n con el tema, la tambi茅n reciente Resoluci贸n AEPD de 11 febrero 2022 en procedimiento sancionador contra Amazon Road Transport Spain,S.L, tras reclamaci贸n de UGT. Para la autoridad de control, la solicitud, recogida y utilizaci贸n por la empresa de un certificado de antecedentes penales de los transportistas aut贸nomos que han solicitado suscribir un contrato de servicios, supone un tratamiento de datos excesivo. Este tratamiento no est谩 amparado por el inter茅s leg铆timo y existen otras formas menos intrusivas para proteger la confianza que los clientes tienen depositada en la entidad y para garantizar que su posici贸n como operador de transporte.

Precisa la Agencia que la informaci贸n contenida en el certificado de antecedentes penales constituye un dato personal ya que se trata de una informaci贸n sobre una persona f铆sica identificada, tanto si se trata de un certificado que refiere la existencia de dichos antecedentes como si pone de manifiesto su ausencia, y su ya solicitud supone un tratamiento de datos. Ser铆a tan solo en el supuesto de que Amazon Road pretendiese suscribir contratos de prestaci贸n de servicios con transportistas aut贸nomos en los que los veh铆culos a utilizar por estos tuviesen una masa m谩xima autorizada superior a 3,5 toneladas (situaci贸n que no concurr铆a en aquel caso por cuanto la masa m谩xima de los veh铆culos era inferior a 2 toneladas) cuando los datos de ciertos antecedentes penales, como componentes del requisito de honorabilidad tal y como se define en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci贸n de los transportes terrestres, entrar铆an en juego para la concesi贸n y mantenimiento de la autorizaci贸n preceptiva por parte de la Administraci贸n que la otorga. Sin embargo, la competencia exclusiva para su control corresponde a dicha Administraci贸n 鈥搃gual que ocurre con las empresas de seguridad, como acabamos de ver- y sin que en ning煤n caso exista legitimaci贸n que habilite a la empresa a solicitar un certificado de antecedentes penales o a verificar dicha informaci贸n.

No obstante, Amazon Road, en su escrito de respuesta al tr谩mite de traslado de la reclamaci贸n, manifest贸 que las bases legitimadoras de los tratamientos de datos que realiza, dependiendo del tipo de datos recabados y de las finalidades previstas, son la ejecuci贸n del contrato entre el transportista aut贸nomo y la entidad, el consentimiento de aquellos y el inter茅s leg铆timo. Aqu铆 recuerda la AEPD que el tratamiento debe ser estrictamente necesario para la satisfacci贸n del inter茅s leg铆timo y hay que interpretarlo de conformidad con lo establecido en el art. 5.1.c) RGPD, que hace referencia al principio de minimizaci贸n de datos, ser谩n <<adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relaci贸n con los fines para los que son tratados>>. De esta forma, deber谩n preferirse siempre medios menos invasivos para servir a un mismo fin y la necesidad supone aqu铆 que el tratamiento resulte imprescindible para la satisfacci贸n del referido inter茅s, de modo que, si dicho objetivo se puede alcanzar de forma razonable de otra manera que produzca menos impacto, el inter茅s leg铆timo no puede ser invocado.

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