Control tecnol贸gico empresarial y nuevos problemas aplicativos tras la L.O. 3/2018.

Control tecnol贸gico empresarial y nuevos problemas aplicativos tras la L.O. 3/2018.

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Tras la aprobaci贸n de la L.O. 3/2018, de Protecci贸n de datos personales y garant铆a de los derechos digitales (LOPD), la pr谩ctica judicial est谩 dejando ver algunos de los problemas aplicativos que en su momento ya fueron advertidos por la doctrina en relaci贸n con el control tecnol贸gico empresarial. Buena parte de estas controversias siguen girando alrededor del elemento de informaci贸n previa de la vigilancia a proporcionar por la empresa a las personas trabajadoras.

a) De un lado, ello es as铆 por ciertas insuficiencias de su regulaci贸n legal. De entrada, resulta llamativo el distinto alcance que la LOPD atribuye al requisito de informaci贸n previa en cada uno de los tres medios de control tecnol贸gico laboral regulados, sin que acabe de esclarecerse su interrelaci贸n con las reglas generales que sobre esta exigencia se contienen en los arts. 11 LOPD y 12 a 14 Reglamento [UE] 2016/679.

Respecto al acceso a los dispositivos digitales, parece incluso que el art. 87 LOPD no llega a explicitar ese deber empresarial de informaci贸n previa sobre el control y s贸lo la superaci贸n de una bater铆a de obst谩culos permite inferir tal exigencia.

En el extremo opuesto se sit煤a la regulaci贸n de la geolocalizaci贸n y la videovigilancia, respecto a la que la LOPD s铆 impone expresamente la obligaci贸n empresarial de informar con car谩cter previo a los trabajadores y sus representantes respecto a la existencia de tales medidas. Ahora bien, tampoco entre estos dos medios de vigilancia existe uniformidad en cuanto a la intensidad legalmente requerida a esa exigencia de informaci贸n.

En el caso de la geolocalizaci贸n, el art. 90.2 LOPD impone al empresario una informaci贸n previa que, a mi juicio y pese a no explicitarse, debe entenderse completa, en el sentido de incluir las menciones exigidas por la citada normativa general de protecci贸n de datos, lo que implica precisar la finalidad de su tratamiento 鈥揺n su caso, su utilizaci贸n con fines de control laboral ex art. 20.3 ET鈥. Adem谩s, dicha informaci贸n se requiere con car谩cter absoluto, pues no se prev茅 ning煤n supuesto de excepci贸n o atenuaci贸n. Inevitablemente, ello lleva a preguntarse por el juego del principio de limitaci贸n de la finalidad del tratamiento de datos en los casos en que, pese a haberse informado de la instalaci贸n del geolocalizador, esos datos se destinan a fines de control y sanci贸n laboral no previamente advertidos: se trata, as铆, de plantearnos la valoraci贸n que, bajo el prisma de la actual LOPD, merecer铆an soluciones como la que, en aplicaci贸n de la regulaci贸n precedente, se ofreci贸 por la STS de 15 de septiembre de 2020 (R.潞 528/2018, Sala Social).

Por el contrario, en cuanto a la videovigilancia para grabaci贸n de im谩genes, el art. 89.1 LOPD distingue dos supuestos, con niveles de imposici贸n diferentes respecto al requisito de informaci贸n previa. Si las c谩maras se instalan con fines de control laboral, cabe entender que esa informaci贸n ha de ser completa en el sentido arriba indicado. En cambio, si las empresas tienen instaladas c谩maras con fines de seguridad y a trav茅s de ellas se capta la comisi贸n flagrante de un acto il铆cito de las personas trabajadoras, el deber de informaci贸n se considera cumplido con la mera colocaci贸n del dispositivo referido en el art. 22.4 LOPD 鈥揺sto es, el conocido cartel del art. 3 de la Instrucci贸n 1/2006, de la AEPD鈥. Este segundo supuesto en que la propia Ley admite una informaci贸n atenuada o modulada es, sin duda, el que m谩s interrogantes interpretativos plantea, no s贸lo en cuanto al alcance espacial al que el cartel extiende sus efectos (v.gr. STSJ Galicia de 15 de febrero de 2021), sino especialmente en cuanto al alcance objetivo de esta regla espec铆fica. En este 煤ltimo terreno, una de las principales cuestiones a resolver es la de determinar el grado de vinculaci贸n que los il铆citos laborales captados han de tener con los fines de seguridad para los que se informaron las c谩maras, pues cabe pensar que una interpretaci贸n amplia de esta regla excepcional de informaci贸n atenuada vendr铆a a dejar en papel mojado la regla general de informaci贸n plena y expresa requerida para la videovigilancia con fines de control laboral, al margen de que la admisi贸n de esta 煤ltima puede ser mucho m谩s limitada por resultar m谩s dif铆cil acreditar su justificaci贸n y proporcionalidad. De hecho, doctrina judicial reciente parece apostar por una lectura restrictiva de la previsi贸n comentada (v.gr. SSTSJ Galicia, de 16 de enero de 2020; Catalu帽a, de 18 de enero de 2021. Por todo ello, tambi茅n aqu铆 se hace inevitable preguntarse por la valoraci贸n que, con la actual normativa, merecer铆an soluciones como las dadas para hechos previos en SSTS de 13 de octubre de 2021 (Sala Social)  o de 26 de abril de 2021 (Sala Contencioso-Administrativo).

b) De otro lado, las controversias en la pr谩ctica judicial en torno a la informaci贸n previa tambi茅n se est谩n manifestando por no existir un criterio un铆voco respecto a las consecuencias que los incumplimientos relativos a este requisito han de ejercer sobre la validez del control empresarial y, consiguientemente, sobre la licitud de la prueba o su ilicitud por lesi贸n de derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Aunque la cuesti贸n puede hacerse extensiva a los dem谩s instrumentos de control, de momento se est谩 haciendo m谩s visible en relaci贸n con las c谩maras ocultas; y ello se plantea porque a lo m谩s que llega el art. 89 LOPD es a reconocer el supuesto de informaci贸n atenuada comentado, pero en ning煤n momento contempla una omisi贸n total del requisito. Esta circunstancia, unida a una lectura tambi茅n divergente de la STEDH L贸pez Ribalda II, de 17 de octubre de 2019, est谩 dando lugar a pronunciamientos de suplicaci贸n que utilizan un canon distinto en el enjuiciamiento de estos supuestos: as铆, mientras algunos de ellos declaran la ilicitud de la prueba de videovigilancia sin entrar a ponderar las circunstancias del caso (v.gr. STSJ de Asturias, de 20 de octubre de 2020), otros, por el contrario, siguen supeditando su decisi贸n sobre la licitud o no de la prueba a si, tras la ponderaci贸n de las circunstancias del supuesto, se considera o no superado el principio de proporcionalidad, ante la previa existencia de sospechas razonables de irregularidades laborales (v.gr. STSJ Canarias/Santa Cruz de Tenerife, de 1 de octubre de 2020, o vid. STSJ Catalu帽a, de 11 de diciembre de 2020)

A la vista de estas controversias y la disparidad de criterios advertida, habr谩 que esperar la soluci贸n unificadora de instancias superiores a efectos de constatar la incidencia que nuestra jurisprudencia interna atribuye finalmente a la entrada en acci贸n de la LOPD sobre el canon de enjuiciamiento del control tecnol贸gico empresarial, dado que, hasta el momento, las sentencias publicadas de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo siguen juzgando conductas previas a su entrada en vigor (v.gr. STS de 30 de marzo de 2022).

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En esta entrada se recogen algunas de las ideas que se desarrollan con m谩s amplitud en el trabajo 芦Control tecnol贸gico empresarial y nuevos problemas aplicativos tras la L.O. 3/2018. Una mirada desde el deber de informaci贸n previa禄 publicado en el Vol. 3 N煤m. 1 (2022) de la Revista Labos.

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