La nueva regulación de la relación laboral de las personas dedicadas a actividades artísticas

La nueva regulación de la relación laboral de las personas dedicadas a actividades artísticas

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Esta entrada ha sido elaborada por Juan Antonio Altés Tárrega, María José Aradilla Marqués, Elena García Testal.

El BOE del pasado 23 de marzo de 2022 publicó el Real Decreto-ley 5/2022, por el que se adapta el régimen de la relación laboral especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.

La norma es el resultado de los trabajos realizados en el seno de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista, creada en el seno de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, que puso de manifiesto la necesidad de intervenir en las condiciones laborales de los artistas en espectáculos establecidas en el RD 1435/1985, de 1 de agosto (en adelante RDA). Como consecuencia de estos trabajos se aprobó el RD-Ley 26/2018, que incluyó medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía, medidas fiscales y de seguridad social. Pero quedó pendiente la modificación del régimen jurídico laboral. Precisamente los objetivos manifestados ahora por el RD-Ley 5/2022 para la reforma del RD 1435/1985 son la actualización y adaptación a las nuevas realidades de difusión de contenidos y espectáculos, así como la mejora en las condiciones de contratación temporal y de extinción de contrato.

La modificación de su ámbito de aplicación tiene como principal objeto asimilar colectivos en los que coincide la temporalidad e intermitencia en la prestación de servicios que hasta ahora había caracterizado el régimen de contratación de artistas, así como una clara actualización de los medios de ejecución y difusión de la actividad artística. En este sentido, en especial, destaca la inclusión las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de la actividad artística, lo que ha llevado a modificar tanto el art. 2.e) ET, como el art. 1 RDA. Debe hacerse notar que la inclusión no es absoluta, pues tan sólo queda incluido el personal técnico y auxiliar “siempre que no se trate de actividades que se desarrollen de forma estructural por la empresa, aunque sean de modo cíclico”; y además, de acuerdo con el art. 2.7 del RD-Ley 5/2022, no les resulta de aplicación la totalidad del régimen jurídico especial, quedando excluidos de la aplicación de los artículos 2, 6, 7, 8, 9 y 10, apartado 4 RDA. Es decir, sólo se le aplica las previsiones relativas a la forma del contrato, el periodo de prueba, la contratación temporal, pues sólo en ese caso se entienden incluidos en el ámbito de aplicación, y la extinción de dichos contratos y sus efectos indemnizatorios.

Pues bien, puesto que a efectos de otorgar a este colectivo una especialidad en la cotización similar a la de los artistas bastaba con reformar el art. 32 RGC, sin necesidad de modificar el ámbito de la relación laboral especial, esta inclusión parcial puede dar a entender que nos encontramos ante la primera crisis de la reforma laboral perfilada por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Como es ya conocido, esta norma ha eliminado el contrato de obra o servicio determinado, lo que ha provocado la angustia de ciertos sectores, donde era la fórmula de contratación mayoritaria: sector agrario, sector de la construcción, programas de investigación en universidades y centros públicos de investigación y también en el sector de la industria cultural, pues esta era la modalidad usada para contratar al personal técnico y auxiliar necesario para la preparación y ejecución del espectáculo público.  Con su inclusión en el ámbito del RDA parece darse una solución a la carta a este sector que ahora podrá acudir en función de las necesidades a la contratación de este personal “por el tiempo que duren las distintas fases de la producción” (art. 5.2 RDA), sin que exista así un límite temporal concreto para estas contrataciones.

Junto a esta ampliación, la modificación del art. 1 RDA bien pudiera significar la exclusión de los profesionales taurinos del ámbito de aplicación de la norma. Efectivamente, pese a que hace poco más de un año se afirmaba que no iba a haber ningún tipo de exclusión en la futura regulación en relación con estos profesionales, lo cierto es que ahora la norma en el art. 1.2 se refiere a las “personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales”, en lugar de a “los artistas en espectáculos públicos”; su actividad no se encuentra entre las descritas en el párrafo segundo del precepto; y la mención a las “plazas de toros” como medio en el que se puede desarrollar la prestación artística se ha reducido a simples “plazas”. No obstante, no creemos que esta exclusión esté absolutamente  cerrada, pues la descripción de actividades artísticas no constituye una lista cerrada, es más, incluye a “cualquier otra persona cuya actividad sea reconocida como la de un artista, interprete o ejecutante por los convenios colectivos que sean de aplicación en las artes escénicas, la actividad visual y la musical”, por lo que todo va a depender del alcance que se le dé a la expresión artes escénicas que, hoy por hoy, carece de un concepto legal. Mucho nos tememos que serán los tribunales los que delimiten esta cuestión, pues junto a definiciones más restrictivas existen otras interpretaciones que incluyen en estas artes los desfiles, procesiones y fiestas populares.

Por otro lado, la exclusión del personal técnico y auxiliar que realice actividades que se desarrollen de forma estructural o permanente por la empresa, aunque sean de modo cíclico nos lleva a plantearnos si ello conlleva necesariamente su inclusión en el régimen jurídico laboral ordinario. A nuestro juicio, sólo se aplicará el régimen laboral común cuando la contratación responda a los criterios del art. 1 ET. Así, serán posibles igualmente las relaciones de carácter civil o mercantil, cuando se desarrollen con autonomía, aunque respondieran a necesidades permanentes o estructurales de la empresa organizadora de espectáculos públicos.

La modificación del régimen de contratación temporal, por su parte, deriva de la adaptación a los cambios introducidos por el RD-Ley 32/2021, en favor de la estabilidad en el empleo y la limitación del uso abusivo de la contratación temporal, la remodelación de la contratación temporal en la relación ordinaria, y, finalmente la necesaria actualización de las cuantías indemnizatorias en caso de extinción de la relación de carácter temporal, claramente desfasada en su regulación anterior respecto a la de las personas trabajadoras con relación laboral ordinaria.

Así, por un lado, se ha reforzado en el texto del art. 5 RDA la causalidad de la contratación temporal y, sobre todo, se ha optado por aplicar expresamente a esta relación laboral las garantías previstas en los arts. 15.4 y 5 ET. De esta manera, en primer lugar, se sienta una presunción iuris et de iure que determina que los contratos temporales que contravienen la norma conlleven la condición de fijeza para los trabajadores. Esto ocurrirá, bien por incumplir con lo previsto en el art. 5 RDA, o bien por no haber sido dados de alta en la Seguridad Social una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente se hubiera podido fijar para el periodo de prueba, tal y como señala el art. 15.4 ET, siendo estos plazos los que determina el art. 4 RDA, esto es, “cinco días en los contratos de duración no superior a dos meses; de diez días en los de duración no superior a seis meses, y de quince días en los restantes”. La redacción del precepto nos lleva a preguntarnos si la conversión del contrato indefinido se produce por cualquier incumplimiento, incluso incumplimientos formales, como puede ser la ausencia de forma escrita a la que obliga el art. 3 RDA. Hasta ahora se venía entendiendo que la falta de forma escrita no impedía la existencia de la relación laboral especial y que la temporalidad del vínculo era fácilmente demostrable, dada la naturaleza eminentemente temporal de la actividad artística, por lo que se aplicaba el art. 8.2 ET. En caso de mantenerse esta interpretación, para demostrar la naturaleza temporal de la relación jurídica habrá que actuar conforme a lo establecido en el art. 5.2 RDA que determina que, “para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista”.

En segundo lugar, de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 15 enero de 2020, Rec. 2845/2017 y STS 8 de septiembre de 2021, Rec. 1158/2019), se somete la contratación temporal de esta relación laboral especial a las reglas sobre el encadenamiento de contratos temporales. Se trata de una opción deseable y, seguramente, necesaria, pero que, a diferencia de lo argumentado por el Tribunal Supremo, no creemos que viniera impuesta para acomodar nuestra legislación al ordenamiento comunitario. En cualquier caso, la aplicación de esta garantía a la relación laboral de artistas debe ser adaptada, de manera que implicará la conversión del contrato cuando en los mismos periodos de tiempo se sucedan más de dos contratos artísticos de cualquier tipo.

Por otro lado, la actualización de las indemnizaciones por fin de contrato (art. 10.2 RDA) equipara en cuantía a la de los contratos temporales por circunstancias de la producción del régimen laboral común (12 días de salario por año, prorrateándose por meses los periodos inferiores) y elimina el mínimo de un año para su devengo. Sin embargo, lo más llamativo es que se procede a elevar la cuantía a 20 días por año de servicio cuando el contrato haya durado más de 18 meses, aplicable, por ejemplo, en representaciones artísticas que permanecen durante mucho tiempo en cartel. Con ello se elimina el desequilibrio que se produce con la relación laboral común, en la que no es posible que un solo contrato temporal por circunstancias de la producción alcance dicha duración, pero sí por la sucesión de dos o más contratos de este tipo, con la consiguiente conversión del contrato en uno indefinido y por tanto sometido en su extinción a causa objetiva y a la indemnización de 20 días por año trabajado. Así, aunque el plazo de 18 meses determina que los efectos indemnizatorios por la extinción de un contrato artístico se igualen, independientemente de que a dicha duración se llegue mediante un contrato artístico por la suma de dos o más concatenados, cabría entender que nos encontramos ante una elusión de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, pues, en el primer caso, la empresa podrá extinguirlos, pese a ser materialmente indefinidos, alegando la desaparición de la causa temporal que los sustenta sin necesidad de justificación causal, ni someterse a procedimiento alguno, independientemente del número de trabajadores afectados.

Finalmente, en materia de Seguridad Social, por un lado, se modifica el art. 32 RGC para incluir al personal técnico y auxiliar entre los beneficiarios de las especialidades de cotización, independientemente del sector artístico en el que desarrollen su actividad, frente a la redacción anterior que incluía solo en parte a este colectivo. Pese a la ampliación del campo de aplicación producida en ambas normas, la desafortunada redacción de este precepto no deja clara si la correlación con el RDA es absoluta, pues, ya antes, los ámbitos de aplicación no eran coincidentes (STSJ Madrid, 18 de abril de 2005, Rec. 1464/2005), y podría plantear duda en relación al personal técnico y auxiliar excluido del RDA, ya que la especialidad de cotización del art. 32 RGC se aplica al colectivo de artistas y personal técnico y auxiliar de los diferentes ámbitos culturales, sin que se establezca ninguna diferenciación por la modalidad de contratación, duración del contrato o forma concreta de retribución (STSJ Madrid, cont., 13 de febrero de 2019, Rec. 129/2018).

Por otro lado, se modifica el art. 151.3 LGSS, para aclarar, como ya intuíamos, que la penalización en la cotización para los contratos de duración inferior a 30 días no se aplica a los sujetos incluidos en esta relación laboral especial.

Por último, el RD‑Ley 5/2022 anuncia futuras actuaciones para mejorar el sistema de cotización de los artistas que ejercen por cuenta propia y quedan incluidos en el ámbito del RETA. Este nuevo sistema de cotización tendrá en cuenta los rendimientos obtenidos por su actividad económica o profesional, para lo cual se procederá a efectuar las adaptaciones necesarias en el Reglamento General sobre Inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social y en el RGC (DA 2ª) y, dentro de este sistema de cotización que se prevé en el futuro para todas las personas trabajadoras autónomas, se aplicará una cotización reducida en los términos que se fijen en la norma correspondiente a los artistas con rendimientos anuales inferiores a 3.000 euros que se encuentren dados de alta en el RETA (DA 1ª). Es pronto para saber el alcance de esta medida y habrá que ver si será específica para el sector cultural por cuenta propia, porque seguramente, una vez instaurado el modelo de cotización en función de los ingresos, se adoptaran medidas similares para otros colectivos de trabajadores autónomos.

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