Preparándonos para la siguiente gran crisis (y contra esta): los ERTES del mecanismo RED

Preparándonos para la siguiente gran crisis (y contra esta): los ERTES del mecanismo RED

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Con motivo de la publicación de la reforma laboral, la Revista Labos ha editado un número monográfico, que ya está disponible, en el que se incluye el artículo LA RESPUESTA ANTICIPADA DEL LEGISLADOR AL RIESGO DE CRISIS DE EMPLEO: EL NUEVO MECANISMO RED DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO Esta entrada destaca algunos de los aspectos esenciales, pero invitamos a nuestros lectores interesados en profundizar en la materia a consultar el trabajo completo.

Estos casi dos años de pandemia han puesto de manifiesto que el mantenimiento de gran parte del empleo ante una situación absolutamente excepcional es posible con el suficiente apoyo público. Los llamados “ERTES de pandemia” han cumplido una importante función estabilizadora, protegiendo a empresas y trabajadores por medio de exoneraciones de cuotas y prestaciones específicas para cubrir la ausencia de rentas.

Las múltiples normas de urgencia que han ido aprobándose para cada una de las prórrogas establecidas para estos ERTES, han ido modificando las condiciones, orientándolos a sectores específicos e incluyendo obligaciones formativas. 

En la reforma pactada con los agentes sociales y aprobada finalmente, el legislador de urgencia ha querido extraer lecciones de lo aprendido; el nuevo art. 47 bis del Estatuto de los trabajadores (y todas sus ramificaciones normativas en materia inspectora, de cotizaciones y de formación) establece un régimen jurídico permanente para situaciones excepcionales: el llamado Mecanismo RED.

Lo que se pretende con él es tener definido el marco jurídico que se aplicará a situaciones de crisis en las que se entienda necesario el apoyo público a empresas y trabajadores, de modo que en caso de que la coyuntura lo requiera simplemente sea necesario “activarlo”. De ahí el nombre, extraño a los usos jurídicos, de “mecanismo”. Es un interruptor, una llave, que permite que las empresas se acojan a un determinado régimen jurídico. El Mecanismo RED no es una herramienta empresarial sino un instrumento gubernamental para permitir el uso de una clase específica de ERTEs.

Configuración general del Mecanismo RED y su activación

La situación habilitante se define por una doble vía: o bien se da respuesta a una “coyuntura macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales de estabilización” o se atiende a la situación particular de un sector de la economía en el que “se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas trabajadoras”. En esta última referencia se aprecia uno de los elementos particulares: frente a la lógica de crisis puntual o temporal que ha imperado siempre en los tradicionales procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada, aquí se concibe como un instrumento de transición para hacer frente a una crisis permanente o estructural.

El tiempo máximo por el que el mecanismo puede estar activo –es decir, dentro del que deben iniciarse y agotarse los ERTEs acogidos al mismo– es en principio de un año en ambos casos, si bien en el caso de los sectoriales se permite que se realicen hasta dos prórrogas de seis meses sobre el periodo inicial.  Aunque con la experiencia de la actual crisis originada por la COVID19 puede parecer breve el periodo de un año improrrogable para el RED coyuntural, debe recordarse que nada obsta a que –como en la práctica ha ocurrido en esta pandemia– tras las medidas generales se habiliten las particulares para sectores específicos. De esta forma, finalizado el Mecanismo RED general, podrían activarse sectoriales.

La puesta en marcha del procedimiento puede producirse por iniciativa conjunta de tres Ministerios (Trabajo y Economía Social, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones), previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, si bien en el caso sectorial pueden ser los sindicatos y organizaciones empresariales más representativos a nivel estatal quienes soliciten a dichos ministerios la convocatoria de la “Comisión tripartita del Mecanismo RED”. Sobre este punto, al margen de la indefinición de dicha comisión, destaca que no se de margen alguno a sindicatos y patronales más representativos en el ámbito autonómico –a quienes el art. 7 LOLS reconoce participación institucional ante entidades de carácter estatal– ni siquiera en supuestos en que la crisis sectorial tenga un impacto limitado a su territorio.  

En todo caso, en los dos supuestos (general y sectorial), si la activación se produce a iniciativa del Gobierno, se prevé la “información” a los citados interlocutores sociales, sin que sea preciso esperar su respuesta pues no hay consulta ni trámite de audiencia previstos en la norma.

La decisión última, en cualquier caso, corresponde al Consejo de Ministros, que cuenta con un amplio margen de discrecionalidad política que hace que, si bien formalmente es posible el control jurisdiccional, difícilmente podrá entrar valorarse su contenido.

Los ERTEs RED

Una vez puesto activado el mecanismo las empresas bajo su ámbito (todas las de la economía o las del sector que corresponda, según el caso) podrán solicitar a la autoridad laboral (aquí ya sí del ámbito territorial que corresponda) la reducción de contratos y suspensión de jornada, sin que opere automatismo alguno: será preciso justificar la concurrencia de las causas en la empresa o centros de trabajo concretos, pues expresamente se indica en el art. 47 bis ET que “la decisión y las consideraciones que se incorporen al Acuerdo del Consejo de Ministros no serán por sí mismas causas para la adopción en el ámbito empresarial de las medidas previstas en esta norma en relación con el empleo o las condiciones de trabajo.” En todo caso, dado que a la solicitud requiere un previo procedimiento de información y consulta, se entenderá que dichas causas concurren si este ha finalizado con acuerdo. En otro caso, la autoridad laboral resolverá con discrecionalidad técnica (sin que entren criterios de oportunidad política, a diferencia de la activación del mecanismo) lo que proceda. En el caso de los ERTEs sectoriales, recogiendo la experiencia de los  últimos ERTES Covid, y en coherencia con la lógica de “reconversión industrial” que bien ha señalado el profesor Cruz Villalón, se exige además la presentación de un plan de recualificación de las personas afectadas.

Al margen de los aspectos procedimentales y la limitación de la duración del ERTE a la vigencia del Mecanismo RED, el elemento que lo caracteriza es la doble protección que se establece para empresas y personas trabajadoras.

Para las primeras, aunque con carácter voluntario y necesaria solicitud expresa, se contempla la exoneración parcial de cuotas de seguridad social de las personas afectadas, vinculada siempre al compromiso de mantenimiento del empleo y al cumplimiento, en su caso, de las obligaciones formativas indicadas.  Estas exoneraciones, en el caso de los ERTEs coyunturales o generales, van perdiendo intensidad a lo largo de la vida del mecanismo, desde el 60% de sus primeros cuatro meses  –contados desde la activación, no desde la posterior solicitud de cada empresa– ,  30% en el segundo cuatrimestre y 20% en el final.  En el caso de los sectoriales se mantiene constante en un 40% durante toda la vida activa del Mecanismo RED, incluidas sus prórrogas.

Desde la perspectiva de la protección de las personas trabajadoras afectadas el legislador ha optado por apartarse del tradicional mecanismo de crisis de reposición de prestaciones por desempleo y se ha establecido una prestación específica que evidentemente no supone consumir aquella, calculada como un 70% de la base reguladora. Debe destacarse que no hay más requisito material que el de estar de alta en el momento del acuerdo de activación (no en el de solicitud del ERTE) y que su duración se extenderá durante todo el tiempo que dure la situación de suspensión o reducción del ERTE Red.

La nueva regulación se completa con disposiciones relativas al control de legalidad, con mecanismos de coordinación entre los organismos de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo y Seguridad Social  y Servicios Públicos de Empleo, así como con referencias a  la financiación; sobre estas cuestiones, así como para conocer en mayor detalle el funcionamiento de este nuevo instrumento de política económica, me permito invitar al lector a la consulta del trabajo completo en la revista LABOS.

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