El Modelo OCDE de Reporting para Plataformas de Economía Colaborativa: ¿hacia un mayor control fiscal de la Gig & Sharing Economy?

El Modelo OCDE de Reporting para Plataformas de Economía Colaborativa: ¿hacia un mayor control fiscal de la Gig & Sharing Economy?

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Entrada elaborada por José M. Calderón, Universidad de A Coruña

Recientemente, la OCDE ha publicado un “modelo regulatorio” para que los operadores de  plataformas digitales que intermedian y operan en el sector de la economía colaborativa (Gig-Sharing economy) comuniquen de forma uniforme información fiscal sobre los “vendedores” (sellers) o “prestadores de servicios” que interactúan a través de las mismas a las jurisdicciones de residencia fiscal de tales plataformas (OECD, Model Rules for Reporting byPlatform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy,OECD, 3 July 2020).

La finalidad principal de este modelo de “marco regulatorio” radica en facilitar el control fiscal de las plataformas y los “sellers”, a través de un sistema de reporting e intercambio automático entre el país de residencia de la plataforma digital y el de residencia de los “vendedores”.
Las administraciones tributarias vienen manifestando que las actuales medidas de control fiscal no resultan adecuadas para verificar el cumplimiento tributario por parte de los nuevos actores de la economía colaborativa, particularmente allí donde la plataforma digital de intermediación está localizada fuera de su territorio. Lo que se pretende, por tanto, es extender el “radar fiscal” sobre actividades que venían escapando al control fiscal, y evitar así que la “economía colaborativa” se convierta en una “zona libre de gravámenes”, distorsionando las condiciones de competencia, y erosionando la integridad del sistema tributario y de contribuciones a la Seguridad Social.
La idea de la OCDE de articular un modelo uniforme de reporting de información fiscal pretende reducir los costes de cumplimiento por los operadores, a la par que maximizar la eficacia de la medida.
El modelo está configurado de manera que, en principio, se proyecte sobre plataformas digitales de cierto tamaño (Uber, AirbnB, entre otras) que intermedian entre usuarios y vendedores, a efectos de control fiscal con respecto principalmente al IVA, IRPF e Impuesto de Sociedades y cotizaciones a la Seguridad Social.
Este modelo estandarizado de reporting está complementado con un sistema de intercambio de información automático entre países, basándose en la experiencia previa del estándar OCDE de intercambio de información sobre cuentas financieras (CRS model).
El ámbito de aplicación de este modelo de reporting se refiere a operadores de plataformas digitales que intermedien en la prestación de “servicios personales” e inmobiliarios.
El modelo no está pensado ni se proyecta sobre plataformas digitales de pequeño tamaño (cifra de ingresos por servicios cubiertos a 1 millón eur) ni las que intervienen en la intermediación del comercio de bienes, aunque existen países que tienen intención de instrumentar un enfoque que cubra estas últimas; de hecho, existe una iniciativa en la UE en tal sentido.
Este modelo de regulación elaborado por la OCDE  ha sido aprobado por el G-20 y por el BEPSInclusive Framework (que comprende 137 países), y en tal sentido posee vocación de “estándar internacional”. No obstante, no puede perderse de vista que la implementación de este sistema de reporting e intercambio de información constituye una decisión que debe adoptar cada país aprobando la legislación doméstica en tal sentido, pudiendo, lógicamente, introducir cambios que reflejen los propios intereses y política nacional.
Algunas operadoras de plataformas digitales como Uber o Airbnb han puesto de relieve que este tipo de obligaciones pueden provocar una fuga o desplazamiento de los “sellers” hacia plataformas más pequeñas que queden fuera del umbral de la obligación de reporting; también han señalado que la línea de acción más recomendable no pasa por incrementar los costes de cumplimiento tributario, sino más bien por facilitar el cumplimiento tributario por parte de los “sellers”.
La OCDE ha elaborado un Código de Conducta de cooperación entre las administraciones tributarias y las plataformas de economía colaborativa(2020), con la finalidad de complementar el modelo anterior en aquellos casos donde el país donde opera la plataforma no ha adoptado legislación específica de reporting. En suma, estamos ante una primera iniciativa internacional que pretende facilitar el control fiscal del sector de la economía colaborativa a través de un modelo de reporting que implique a las plataformas de los operadores que facilitan o intermedian en tales actividades. Ni que decir tiene que la eficacia de este modelo dista de estar garantizado y, en gran medida, dependerá de cómo se configure y su ámbito de aplicación y la capacidad de  “enforcement”. Cuestión distinta es si los operadores de la economía colaborativa deben recibir un trato singular desde la perspectiva tributaria.

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