Contagio del personal sanitario: ¿accidente de trabajo? Reflexiones en torno al art. 9 RDLey 19/2020

Contagio del personal sanitario: ¿accidente de trabajo? Reflexiones en torno al art. 9 RDLey 19/2020

Comparte este post

Las bajas laborales producidas por la infección por coronavirus se consideran, con carácter general, bajas por enfermedad común, con efectos económicos de accidente laboral. ¿Pero cuál sería la contingencia, a efectos de las diferentes prestaciones de Seguridad Social, en el caso de que la infección se haya contraído por un profesional sanitario en el ejercicio de su trabajo? No podemos olvidar que, según el último balance ofrecido por el Ministerio de Sanidad, el número de profesionales sanitarios con positivo por COVID-19 asciende a 51.482, lo que representa más del 21% del total de contagiados en España. 

En respuesta a las reivindicaciones de este colectivo, el legislador de urgencia ha establecido un régimen jurídico particularizado para el personal que presta servicios en centros sanitarios y socio sanitarios. De conformidad con el art. 9RDLey 19/2020, las prestaciones que causen los trabajadores de centros sanitarios o sociosanitarios que hayan contraído el virus SARS-CoV2 en el ejercicio de su profesión, se consideran derivadas de accidente de trabajo, “al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social”.

Para que este precepto resulte de aplicación, el legislador exige el cumplimiento de determinados requisitos: a) que la persona trabajadora preste servicios en centros sanitarios o sociosanitarios; b) que en el ejercicio de sus funciones haya estado expuesto al virus SARS-CoV2 y así lo acredite el servicio de prevención de riesgos laborales; y c) que haya contraído la enfermedad durante el estado de alarma o durante el mes posterior a su finalización. Un extremo que se deberá acreditar mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo, pues deberá haberse expedido dentro de este concreto período de referencia.

Pues bien, en mi opinión, este régimen de urgencia presenta una única bondad y es que queda claro que el contagio del virus SARS-CoV2 por parte del personal que presta servicios en los centros sanitarios y sociosanitarios es una contingencia profesional. Salvo por eso, el resto de previsiones del precepto deviene contraproducente. Es cierto que el legislador parece establecer una doble presunción: De un lado, reconoce que se entienden cumplidos los requisitos exigidos en el art. 156.2.e) LGSS (cuando dicho precepto requiere de forma expresa que se pruebe que la enfermedad tuvo “por causa exclusiva” la ejecución del trabajo). Y, de otro, indica que en el supuesto de que se produzca el óbito del empleado, “se considerará que la causa es accidente de trabajo siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art. 217.2 LGSS”. ¿Pero supone eso alguna mejora sobre lo previsto por la legislación ordinaria contenida en la LGSS? Entiendo que no y ello por los siguientes motivos:

En primer lugar, si efectivamente se cumplen los tres requisitos que exige el art. 9 RDLey 19/2020(esto es, trabajar en un centro sanitario o sociosanitario, haber estado expuesto al riesgo de contagio por SARS-CoV2 y haber contraído la enfermedad COVID-19), la situación de necesidad hubiera encontrado pleno encaje en el art. 157 LGSS que regula la enfermedad profesional y que ya exime al trabajador de la obligación de probar la conexión con el trabajo. Por lo tanto, lo que hace precisamente el art. 9 RDLey 19/2020 es expulsar el supuesto de la aplicación del art. 157 LGSS y crear un régimen jurídico particularizado del que se derivan consecuencias más perjudiciales que si quedara amparado por la regulación general.

En segundo lugar, el art. 9.3 RDLey 19/2020 considera que la muerte encuentra su causa en un accidente de trabajo cuando ésta se ha producido “dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma”. Pues bien, si se exige que la muerte derive de la enfermedad es que no se está estableciendo presunción alguna (pues debe probarse el nexo de causalidad). Para colmo, el art. 9.3 RDLey 19/2020 indica que esta regulación se incorpora “de conformidad con lo dispuesto en el art. 217.2 LGSS”, cuando dicho precepto no dice solo eso. El art. 217.2 LGSS considera muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de enfermedad profesional a quienes tengan reconocida una incapacidad permanente (en los grados de absoluta o gran invalidez) por tales contingencias, sin necesidad de demostrar la conexión con el trabajo y sin ningún tipo de limitación temporal. Solo en el caso de que el fallecido no fuese pensionista de incapacidad permanente en los grados mencionados no operaría esta presunción y sería necesario demostrar la relación de causalidad. Pues bien, en el caso de accidente de trabajo, esta prueba sólo se admite si el tiempo transcurrido entre la fecha del accidente y la muerte es menor a cinco años. En el caso de la enfermedad profesional, sin embargo, no opera ninguna limitación temporal.

Por lo tanto, en la medida en que el contagio del SARS-CoV-2 en un centro sanitario hubiera encontrado encaje en el art. 157 LGSS y que es, por tanto, una enfermedad profesional (para profundizar sobre este extremo, puedes acudir aquí y aquí), creo que la regulación especial contenida en el art. 9 RDLey 19/2020 resulta más perjudicial de la que se hubiera derivado de la aplicación de la regulación general: Primero, porque el art. 217.2 LGSS parte de una presunción iuris et de iure sin ninguna limitación temporal para quienes hubieran fallecido como pensionistas de incapacidad permanente en los grados de absoluta o gran invalidez. Segundo, porque si el causante tenía reconocida una incapacidad permanente total o no tenía reconocido ningún grado de incapacidad, se admite la posibilidad de probar la conexión entre la muerte y la enfermedad profesional, aunque aquélla haya tenido lugar después de transcurridos los cinco años desde el contagio.

A mayor abundamiento, debemos tener en cuenta que la regulación de la enfermedad profesional presenta una tutela preventiva mayor que la regulación del accidente de trabajo: De un lado, la normativa de Seguridad Social prevé la posibilidad de un período de observación durante el cual se puede prescribir la baja en la prestación de servicios para estudiar y diagnosticar la enfermedad [art. 169.1.b) LGSS]. De otro lado, el art. 243 LGSS impone a las empresas la obligación de realizar reconocimientos médicos a los empleados que ocupen puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional. Y, de hecho, el incumplimiento de esta obligación no solo constituye una infracción administrativa grave (art. 12.2 LISOS), sino que además sitúa a la empresa “en responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse” de dicha enfermedad (art. 244.2 LGSS). Además, si se descubre algún síntoma de enfermedad profesional cuya progresión es posible evitar mediante el traslado de la persona trabajadora a otro puesto de trabajo exento de riesgo, se llevará a cabo dicho traslado dentro de la misma empresa (art. 45.1 Orden 9-5-1962). Y, por último, con base en el art. 36.1.9º RD 84/1996, se considera en situación asimilada al alta a quien, estando de baja en la Seguridad Social, haya prestado servicios en puestos de trabajo que ofrecieran riesgo de enfermedad profesional, a los solos efectos de que pueda declararse una incapacidad permanente debida a dicha contingencia.

Precisamente por ello, no puedo sino compartir la opinión de quien sostiene que este precepto era innecesario y que el hecho de que se califique como accidente de trabajo lo que ya encontraba encaje en el concepto de enfermedad profesional, “no solo no es ninguna ventaja, sino que mengua las garantías del trabajador”. Y no es de extrañar que las asociaciones de especialistas en medicina del trabajo hayan emitido una nota conjunta, manifestando su disconformidad con esta regulación.

3 comentarios en «Contagio del personal sanitario: ¿accidente de trabajo? Reflexiones en torno al art. 9 RDLey 19/2020»

  1. Muchas gracias a la profesora Aragón por su conciso y muy acertado comentario. Comparto todas sus reflexiones y, leyéndolas, me ha venido a la cabeza una escena: la enfermería de una plaza de toros en la que el cirujano de guardia se ve obligado a intervenir de urgencia a un torero gravísimamente empitonado en la arteria femoral por el toro y, en plena operación, ese médico, decide quitarle un callo del pié al diestro. Cielos, qué manera de legislar!. Dios, qué forma de perder el tiempo de todos!. Qué sin sentido para un legislador de urgencia!.

    José Luís Gilolmo

    Responder

Deja un comentario

Las siguientes reglas del RGPD deben leerse y aceptarse:
Este formulario recopila tu nombre, tu correo electrónico y el contenido para que podamos realizar un seguimiento de los comentarios dejados en la web. Para más información, revisa nuestra política de privacidad, donde encontrarás más información sobre dónde, cómo y por qué almacenamos tus datos.

Lee más

Suscríbete a nuestro blog

y recibe en tu correo nuestras entradas

También en nuestro blog...

Office table

Contacta
con nosotros