El comité intercentros ante el periodo de consultas en centros sin representación. A propósito del CC Mercadona

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El comité intercentros es, por mandato del art. 63.3 ET, un órgano representativo que solo existe si el convenio colectivo lo crea y que no puede arrogarse más funciones que las que ese convenio le atribuya. Esta dependencia de la autonomía colectiva explica tanto su escasa implantación, ya analizada en una entrada anterior en este Foro, como la heterogeneidad de su regulación: el convenio decide si existe, cómo se compone y qué hace. El legislador le ha ido construyendo, además, un lugar propio en los periodos de consultas. El RDL 10/2010, convalidado a través de la Ley 35/2010, creó las comisiones ad hoc para los centros sin representación; quizá la novedad más relevante del Derecho Sindical en las cuatro últimas ¿reformas? legales. La depuración legislativa que sobre este órgano efectuaron el RDL 11/2013, y luego la Ley 1/2014, permitieron completar las reglas del art. 41.4 ET, al que remiten los arts. 40, 47, 51 y 82.3 ET para la determinación de los sujetos legitimados para asumir la función negocial en el periodo de consultas, estableciendo una prelación de sujetos legitimados. Y así, será prioritaria «la intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados. En defecto de lo previsto en el párrafo anterior al comité intercentros la interlocución negocial cuando el procedimiento afecta a más de un centro, siempre que el convenio que lo creó le haya atribuido esa función», ¿ex art. 41.4b ET?.

Comoquiera que es decisión interna del sindicato la determinación del ámbito de actuación de las secciones sindicales, pudiendo optar por la empresa como espacio representativo, cupiera que asuman la interlocución, siempre que tengan la mayoría en los órganos unitarios de los centros afectados, aunque en alguno de ellos no tengan representación. Esta regla no opera para los órganos unitarios, incluso para los de segundo grado, como es el comité intercentros. Toda vez que el legislador reserva a los trabajadores de los centros sin representación la decisión sobre qué sujeto asumirá la interlocución en su nombre. Esta es la tesis que recientemente ha asumido la STS de 12 de febrero (rec. 264/2024), ponente López Parada, que resuelve el recurso de casación de la Confederación Intersindical Galega (CIG) frente a la SAN 106/2024, de 16 de septiembre, que había desestimado íntegramente su demanda de impugnación del convenio colectivo de Mercadona, SA para 2024-2028. El convenio había sido firmado por UGT, CCOO y SI, que reúnen el 94% de la representatividad en la empresa.

La impugnación alcanzaba a tres preceptos, pero por lo que aquí interesa se planteaba si la atribución de competencias al comité intercentros (art. 44) invadía las competencias legales de las secciones sindicales, en los procedimientos que afectan a varios centros, y de las comisiones ad hoc, en los centros sin representación, con vulneración del principio de jerarquía normativa (arts. 41.4 ET y 9.3 CE). El precepto impugnado configuraba al comité intercentros como “órgano de representación colegiado, con capacidad de negociación colectiva en todas las materias que, excediendo de las competencias propias de los Comités de Empresa o Delegados/as de Personal, por ser cuestiones que afectan a varios centros de la Empresa, deban ser tratados con carácter general y en el caso de que afecten a un único centro cuando no exista representación unitaria”. A renglón seguido le atribuye las competencias y derechos de los arts. 28, 40, 41, 47, 47 bis, 51, 64, 82 y 87 ET, de nuevo tanto cuando las medidas afecten a más de un centro como cuando afecten a uno solo sin representación unitaria. El órgano se compone de nueve personas designadas de entre los comités y delegados, guardando la proporcionalidad sindical según los resultados electorales considerados globalmente.

Frente a ello, el art. 41.4 ET prioriza la intervención de las secciones sindicales que lo acuerden y tengan la mayoría en los comités o entre los delegados de los centros afectados, en cumplimiento de lo dispuesto en el RDL 7/2011 al tiempo que ofrece a los trabajadores de los centros sin representación una alternativa dual: atribuir su representación a una comisión ad hoc de hasta tres trabajadores elegida democráticamente, o a una comisión de igual número designada por los sindicatos más representativos y representativos del sector. La contradicción entre ambas normas es, a juicio del TS, evidente en dos puntos. El primero, que la regulación paccionada “olvida la prioridad de la constitución del banco social de la comisión negociadora en los periodos de consultas de las secciones sindicales cuando estas lo acuerden y se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 41.4 ET”. El segundo, que cuando el periodo de consultas afecta a un único centro sin representantes legales, el convenio atribuye la negociación al comité intercentros, mientras que el Estatuto de los Trabajadores faculta a los propios trabajadores del centro para decidir su representación entre las dos comisiones citadas.

La sentencia de instancia había salvado el precepto mediante una interpretación conforme: el comité intercentros intervendría solo con carácter subsidiario, esto es, cuando no lo hicieran las secciones sindicales en los procedimientos pluricentro o cuando, en un centro sin representantes, los trabajadores no optaran por la comisión ad hoc ni por la sindical. El TS acepta la primera mitad de ese razonamiento y así el convenio debe leerse en el sentido de que la intervención del comité intercentros en los periodos de consultas es siempre subsidiaria respecto de las secciones sindicales, cuando estas lo acuerden y reúnan los requisitos legales y, sin embargo, anula la segunda parte del precepto con una sólida argumentación:

“Cuando la negociación afecte a un único centro de trabajo sin representantes legales de los trabajadores son los trabajadores de ese concreto centro afectado los que deben decidir cuál va a ser su representación dentro de las dos opciones que le confiere la ley, sindicatos representativos o comisión ad hoc. Podría cuestionarse si la decisión de los trabajadores del centro afectado de conferir su representación al comité intercentros pudiera ser válida, aunque no esté contemplada en la ley, pero lo que no cabe es imponer dicha representación ex lege, sin acuerdo mayoritario de la plantilla del centro afectado.

Hay que tener en cuenta que las normas sobre legitimación y configuración de los distintos procesos de negociación colectiva contenidas en la ley no son disponibles salvo cuando ésta expresamente lo prevea y por tanto no cabe admitir la sustitución de la decisión de los trabajadores del centro afectado por una intervención exorbitante del comité intercentros. Baste con pensar en los efectos sobre las relaciones laborales individuales que tiene un acuerdo en un periodo de consultas en el que sea aplicable el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, por lo cual trasladar la capacidad para expresar la voluntad de acuerdo desde los trabajadores del concreto centro al comité intercentros supone una alteración sustancial del marco legal actualmente vigente, que no tiene amparo en el mismo.”

En suma, aun admitiendo que la autonomía colectiva tiene un amplio margen para diseñar el comité intercentros, considera el TS que el convenio no tiene capacidad para alterar las reglas legales de legitimación. Y aunque parece que esta la solución es coherente con la naturaleza del órgano, toda vez que el comité intercentros es una instancia de segundo grado cuyos miembros proceden de los comités y delegados de otros centros y, en consecuencia, su legitimidad es derivada, creo que cabe plantear algunas disfunciones de esta interpretación, pues siendo cierto que el TS se plantea si sería válido que los propios trabajadores del centro afectado, por decisión mayoritaria, confiaran su representación al comité intercentros, dicha opción no se contempla en el art. 41.4.a) ET.

La relevancia del pronunciamiento para la determinación del alcance de la representación que puede asumir el comité intercentros me ha obligado a releer lo que hace ya algunos años defendía en mi tesis doctoral sobre esta cuestión. Y allí sostenía, y creo que podría mantener hoy, aun conociendo este reciente pronunciamiento del TS, que «si el comité intercentros actúa, por decisión legal, como el órgano de representación unitaria de la totalidad de la empresa, su capacidad de actuación tendrá que entenderse concedida con esta extensión. Es decir, en la medida que estamos ante una representación unitaria de segundo grado, su ámbito de representación deberá abarcar, al menos, el que resulta de la suma de los que corresponden a las representaciones de primer grado, alcanzando a la empresa en su conjunto; ámbito que, de otra parte, coincide con el de la personalidad jurídica única de su titular sin que el pacto que lo constituya pueda ampliarlo o restringirlo pues el mismo viene impuesto legalmente. Ahora bien, si esta solución resulta poco cuestionable en el caso de que la empresa cuente con varios centros de trabajo, todos con representación unitaria propia, debemos plantearnos si la interpretación sería la misma si algunos centros no cuentan con representantes estatutarios. A nuestro juicio, la respuesta ha de ser idéntica pues de la configuración legal de este órgano parece claro que su ámbito de afectación abarca a la totalidad de la empresa, aunque en alguno de los centros no cuenten con representación unitaria. No obstante, es dable otra interpretación, que es la que ha asumido el TS, cual es que como órgano de representación unitaria de segundo grado y no sindical no puede desprenderse los límites sobre los que se asienta y así no tiene posibilidad de abarcar a los centros sin representación». Ante esta disparidad de soluciones, solo cabe terminar esta entrada instando a una modificación legal del art. 63.3 ET que aclare tal aspecto al tiempo que establezca su preceptiva constitución.

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