Una de las más trascendentales modificaciones recientes de la ley procesal laboral es la relativa a la aportación anticipada de la prueba documental y pericial. No vamos a entrar aquí en las deficiencias legislativas de la LO 1/2025 al introducir esta obligación de parte mediante la configuración de una obligación del órgano judicial en orden a la citación para juicio (art. 82.5 LRJS), al tiempo que se deja inalterado el artículo 94.1 LRJS (“De la prueba documental aportada, que deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada, se dará traslado a las partes en el acto del juicio, para su examen”). Quizá sí importa señalar que el incumplimiento del órgano judicial de su obligación de requerimiento, posible causante del incumplimiento de la parte de su obligación de aportación anticipada, debería tener relevancia desde la perspectiva del artículo 24 de la Constitución.

En realidad, de lo único de lo que se ocupa el presente comentario es del plazo de diez días de antelación al acto de juicio en que debe darse cumplimiento a esta obligación de parte.

Es llamativo que una cuestión tan aparentemente elemental como la del cómputo de un plazo llegue a dar tantas vueltas y pueda ser causa de tormento para juristas y profesionales del derecho. Pero así es, sobre todo por su fatalidad preclusiva (puede suponer la total pérdida de derechos, intereses y oportunidades de acción y dar lugar a una resolución judicial generadora de mayúsculo disgusto para profesionales y clientes).

La singularidad del plazo de que tratamos, el del 82.5 LRJS, es que es un plazo de “antelación”, es decir, un plazo cuyo dies a quo es una fecha futura y cuya dirección computativa es hacia atrás, no hacia delante, como ocurre de ordinario. Tan de ordinario que el artículo 5.1 del Código Civil no piensa sino en plazos que se computan hacia delante, cuando prescribe que “en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente”. Lo mismo cabe decir del artículo 133.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Los plazos comenzarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere efectuado el acto de comunicación del que la Ley haga depender el inicio del plazo”.

Al tratarse de un plazo de cómputo regresivo, hay que darle la vuelta a la redacción del 5.1 CC o del 133.1 LEC, y entender entonces que, en el plazo de que tratamos, señalado por días, a contar de uno determinado (el día del juicio), quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día anterior (i.e., el siguiente, si mirado hacia atrás).

El día anterior al día del juicio es, por tanto, el día primero del plazo de los diez días del artículo 82.5 LRJS.

A partir de aquí, la cosa pierde misterio, al entrar en el terreno de la aritmética elemental, contando un día tras otro, solo que hacia atrás, y excluyendo los procesalmente inhábiles. El plazo de que tratamos es, en efecto, de naturaleza procesal, no civil, por lo que se aplica la regla contenida en el artículo 133.2 LEC: “En el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles”, interpretada a la luz del 130.2 LEC: “Son días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días que median entre el 24 de diciembre y el 6 de enero del año siguiente, ambos inclusive, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto” (no entraremos aquí en las excepciones a esta inhabilidad del mes de agosto y de las semanas navideñas, de especial importancia en el proceso laboral y cuya desconsideración puede igualmente dar lugar a importantes disgustos: art. 43.4 LRJS).

Tras el conteo de días hábiles hacia atrás llegaremos al décimo, que es el último día del plazo. ¿O no?

No, el último es el noveno día del conteo, pero a las 15:00. La razón para sostener esto es que la presentación de escritos y documentos, «si estuviere sujeta a plazo, procesal o sustantivo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo” (art. 135.5 LEC; art. 45.1 LRJS). Aquí “siguiente” no puede ser el “anterior”, como hacíamos con el art. 133.1 LEC: “siguiente” en el 135.5 LEC o 45.1 LRJS es el siguiente de verdad, en el único sentido en el que percibimos el discurrir de la vida, que es hacia delante. Por tanto, si el décimo día es el del vencimiento del plazo, la documental o pericial que la parte deba presentar podrá hacerse hasta las 15:00 del noveno día de ese mismo plazo, que es el siguiente hábil del calendario.

Si la parte no apura hasta el “día de gracia”, pero sí apura hasta el día del vencimiento del plazo, entre el día del juicio y el día de la presentación de la documentación habrán mediado nueve días “limpios” (siempre hábiles, no hace falta decirlo). Si apura hasta el día de gracia, entonces los días “limpios” entre la fecha de presentación y la fecha del juicio habrán sido ocho. En ambos casos, son días más que suficientes para cumplir la finalidad que persigue el legislador al introducir esta novedad de anticipar el traslado de la documental y pericial.

No hay razón para exigir que el plazo de antelación de diez días se interprete como “diez días limpios” entre día de presentación y día de juicio. Esta alternativa interpretativa carece de base legal, pues no responde a las reglas de cómputo a las que nos hemos referido en este comentario. Obsérvese el siguiente caso reciente resuelto por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (sentencia 9/2026, de fecha 19 enero 2026):

los actos de conciliación y juicio se fijaron para el día 18 de noviembre -martes-, siendo festivo en Madrid capital el día 10 de noviembre, el plazo de diez días anteriores al 18 de noviembre comprendía hasta el 3 de noviembre, lunes, por lo que el último día para la aportación de la prueba era el 31 de octubre, viernes. Aplicando el artículo 45 de la LRJS, la aportación de la prueba resultaba admisible hasta el día 3 de noviembre, lunes, a las 15.00 horas. La representación letrada del sindicato demandante presentó el día 4 de noviembre, a las 18:36, escrito de aportación de prueba firmado a las 17:49, lo que evidencia de forma clara que la presentación de la prueba se realizó fuera del plazo, incluso del plazo ampliado ex artículo 45 de la LRJS, lo que conduce a la Sala a declarar su inadmisión.

En este caso, proyectando nuestras reflexiones anteriores, ocurre que el 18 de noviembre es el dies a quo del plazo regresivo, el día cero. El día primero del plazo es el 17 de noviembre, lunes. El día décimo del plazo es el 3 de noviembre (habida cuenta de la festividad del lunes 10 de noviembre). Pues bien, la parte debería haber podido presentar el material probatorio hasta el día 3 de noviembre y, con el día de gracia, hasta las 15:00 del 4 de noviembre. Habiéndolo presentado a las 18:36 del 4 de noviembre, es claro que está fuera de plazo. Pero no coincidimos con la Sala en lo relativo a que la prueba resultaba admisible hasta el día 3 de noviembre, lunes, a las 15.00; pensamos, salvo mejor opinión, que la prueba resultaba admisible hasta el día 4 de noviembre, martes, a las 15:00.