Hace sólo unos meses el Parlamento convalidó la reforma del nivel asistencial de desempleo, el segundo de los dos en el que se divide nuestro sistema de protección frente al paro. La reforma ha reforzado su carácter complementario respecto del primero, de tal suerte que sus subsidios se perciben, en términos generales, cuando no pueden cobrarse por no tener cotizaciones suficientes o cuando se ha agotado la prestación. La idea es establecer un esquema decreciente, en el que la máxima protección, en cuantía y duración la provee la prestación. Posteriormente entrarían en acción los subsidios. Por último, cuando estos se agotan o no se han podido utilizar, intervendría, ya extramuros del sistema de protección por desempleo, el ingreso mínimo vital (IMV).

Recordará quien lee estas páginas que fue una reforma que, aunque de calado, no estuvo exenta de problemas en su tramitación parlamentaria a cuenta de si la cotización de uno de los subsidios, el de mayores de 52 años, debía ser igual o superior al salario mínimo interprofesional (1.134 euros). También generaron mucho ruido las diferencias entre vicepresidencias y sus respectivos ministerios. Sin embargo, curiosamente, no tuvo tanto eco político, ni mediático, las cuantías de estos subsidios. Frente a la regla anterior a la reforma que lo fijaba de forma monolítica en el 80% del IPREM, ahora se apuesta por un esquema decreciente que arranca en el 95% y termina en el 80% en función de la duración del subsidio.

Este sistema decreciente suena a acuerdo político entre quienes querían incrementar las cuantías de los subsidios y quienes tienen miedo a que esto pueda desincentivar la búsqueda de empleo. No es mala cosa, en estos tiempos que corren, en los que tanto cuesta alcanzar consensos, pero el resultado no consigue superar los problemas que estas bajas cuantías suponían y, en cierta medida, los empeora.

Conviene recordar que el IPREM está fijado en 600 euros al mes. Esto significa que la cuantía del subsidio arranca en 570 euros mensuales y desciende hasta los 480 euros al mes, sin que la reforma se haya atrevido a alcanzar el raquítico nivel de los 600 euros. Para demostrar que estas cantidades son verdaderamente exiguas, bastará con recordar que el umbral de la pobreza se sitúa en nuestro país en 916 € al mes por unidad de convivencia y que la cuantía más baja del IMV es de 604,21 euros al mes. Por tanto, nuestro nivel asistencial de protección por desempleo no cubre frente al riesgo de pobreza, máxime si se tiene en cuenta que, a diferencia del IMV, su cuantía es insensible a las responsabilidades familiares, esto es, al número de individuos que dependen económicamente de la persona desempleada. Quienes perciben el subsidio no escapan de la pobreza, aun cuando esta reforma haya mejorado parcialmente su cuantía.

Por cierto, que, en esto, como en el despido, aunque no haya tenido tanta repercusión social y mediática, el Comité Europeo de Derechos Sociales lleva años advirtiendo a España de que estamos incumpliendo la Carta Social Europea por cuanto nuestros subsidios no alcanzan el 50% del ingreso mediano, esto es, en torno a los 1.600 euros al mes. Con esta cifra, nuestros subsidios representarían un tercio de esta referencia estándar. Para cumplir con la Carta sería necesario que sus cuantías se incrementaran al menos, hasta los 800 euros, prácticamente duplicando la cifra actual.

La situación se complica aún más si tenemos en cuenta el esquema anterior, en el que los subsidios se situaban a medio camino entre el máximo nivel de protección, que es la prestación, y el más bajo, que sería el IMV. Desde un punto de vista meramente económico, la persona estará mejor si le considera “pobre” (perdóneme la simpleza e incorrección), que desempleada, ya que la cuantía del IMV es mayor que la de los subsidios y se adapta mejor a las circunstancias personales de la persona desempleada. Aunque ambos sistemas de protección, el de desempleo y el del IMV, incorporan mecanismos de activación para propiciar un rápido retorno al mercado de trabajo, no deja de resultar paradójico que el del desempleo, que es el verdaderamente especializado en esta finalidad (el IMV tiene como fin principal evitar la pobreza), quede parcialmente desactivado en una estructura general en el que la protección no disminuye paulatinamente, sino que se hunde en el desempleo asistencial, para recuperarse al cruzar al IMV.

Si nos centramos solo en los subsidios, la capacidad de incentivar el retorno al empleo tampoco mejora, pues es dudoso que establecer un esquema de cuantías decrecientes desde el 95 al 80% del IPREM incentive la búsqueda de empleo cuando estás son tan exiguas: ¿incentiva el retorno al trabajo pasar de las más altas cotas a las más bajas de la miseria? Probablemente no, porque en cuantías tan bajas, el cambio o retorno es pequeño, aunque el impacto sobre el bienestar de la persona desempleada y su familia puede ser muy grande.

Esto lleva necesariamente a que las futuras evaluaciones previstas en la reforma tengan que tener en cuenta hasta qué punto un Estado social avanzado puede admitir subsidios por debajo del umbral de la pobreza; si es coherente y eficaz desde el plano de las políticas de empleo que un nivel intermedio de protección  ofrezca cuantías inferiores a la del más bajo; y si son verdaderamente efectivos, desde el punto de vista la reinserción laboral, mecanismos de reducción de la cuantía, tanto con carácter general, como y muy especialmente cuando hablamos de niveles tan bajos. Mientras esto ocurre, se estará mejor siendo pobre, que cobrando el paro.