¿Existe una objeción de conciencia laboral?: Reflexiones a la luz de una reciente monografía

¿Existe una objeción de conciencia laboral?: Reflexiones a la luz de una reciente monografía

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Se ha dicho que la conciencia es una determinada relación de uno consigo mismo. La objeción de conciencia nace cuando el comportamiento exigido por el Derecho es “contrario a convicciones (creencias o ideas) tan arraigadas que el sujeto concibe como parte de su propia identidad y, en consecuencia, la infidelidad a las mismas es vivida como una traición a sí mismo y, en definitiva, como una desrealización personal”, tal y como la define Dioniso Llamazares en una de sus conocidas obras sobre el tema. Cuando surge esa contradicción ¿qué debe prevalecer: la autonomía moral de individuo como un valor absoluto que no admite ponderación con ningún otro o las obligaciones jurídicas, en nuestro caso, laborales? La lectura de la interesante monografía de Juan Manuel Moreno Díaz, La objeción de conciencia en el ámbito de las prestaciones de Servicios Sanitarios, publicada por la editorial Tecnos hace escasos días, me ha hecho volver sobre una materia de la que me ocupo recurrentemente en mis tareas docentes y que constituye para mí un tema objeto de permanente reflexión.

Aunque la referida obra se centra en el ámbito sanitario, la objeción de conciencia en lo laboral posee numerosos frentes de reflexión y son muchos los ejemplos que de ella podemos encontrar a lo largo de la historia en nuestra realidad y en la comparada: el tipógrafo que se niega a imprimir escritos en los que se hacía apología de la guerra; la negativa a colaborar en un laboratorio farmacéutico en la fórmula de un medicamento destinado a combatir las náuseas por radioactividad (rechazo a la energía nuclear); o, en fin, quien acepta trabajar en una empresa con plena conciencia de la actividad que desarrolla esta y de repente siente escrúpulos de conciencia. Como recordaba Sempere en una curiosa nota (La existencia de Dios y los trabajadores), hace años circulaban algunos autobuses urbanos luciendo como publicidad el lema «Probablemente dios no existe. Deja de preocuparte y disfruta de la vida», así como otros que les dan réplica explícita y manifiestan que «Dios sí existe. Disfruta de la vida en Cristo». Para que así suceda intervienen las correspondientes empresas de publicidad (contratando los anuncios), de pintura y grafía (elaborando materialmente los paneles) o de transporte (disponiendo la circulación de los vehículos) y en todas ellas prestan su actividad personas a las cuales pueden molestar tales lemas. ¿Podría un trabajador negarse a conducir esos autobuses o a producir esos carteles? La objeción alcanza incluso al ámbito de las prestaciones sociales como en el caso del beneficiario de una prestación por desempleo que manifiesta ser de “ideología contraria al capitalismo” y, en consecuencia, no era titular de cuenta corriente alguna a través de la cual se pudiera gestionar el cobro de dicha prestación [STSJ de Cataluña de 18 de junio de 2013 y de 24 de febrero de 2015. Pero la cuestión no acaba aquí. El futuro también puede abrir nuevas dimensiones de la objeción de conciencia: los aspectos ideológicos que pueden estar relacionados con el trabajo con robots o con IA, y que pueden dar lugar a lo que Del Rey ha denominado como una “objeción de conciencia tecnológica”.

Pero, ¿podemos hablar propiamente de una objeción (laboral) de conciencia constitucionalmente tutelada? La objeción de conciencia se regula en el art. 30.2 CE, cuando se dice que “La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia…”. En ningún precepto más de la Constitución se hace referencia dicho derecho, salvo en el art. 53.2 CE para garantizar el recurso de amparo frente a su vulneración. Aunque el Tribunal Constitucional mantuvo en sus primeros pronunciamientos su consideración como derecho fundamental que extendía su campo de juego más allá de los preceptos citados (STC 15/1982, de 23 de abril y 53/1985, de 11 de abril), lo cierto es que al poco tiempo (STC 160 y 161/1987, de 27 de octubre) modificó (sin expresamente reconocerlo) su criterio para señalar que “la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado. Lo que puede ocurrir es que sea admitida excepcionalmente respecto a un deber concreto. Y esto es lo que hizo el constituyente español, siguiendo el ejemplo de otros países, al reconocerlo en el art. 30 de la norma suprema, respecto al deber de prestar el servicio militar obligatorio”.

La razón de dicho pronunciamiento, como puso de relieve Tomás de la Quadra, se encuentra en “el temor a que una fundamentalización de la conciencia en todo tipo de supuestos ponga en peligro el orden constituido”. Si la conciencia individual se protegiera incondicionalmente, a toda costa, cualquier actuación fuera de la Ley podría encontrar justificación. La conciencia se transformaría en un factor de disolución del ordenamiento jurídico. En otras palabras, fuera de la Constitución y de la Ley, ningún ciudadano puede elevar su conciencia a norma suprema pues, de aceptarse, la objeción basada en ella se transformaría en un elemento disolvente de todo el ordenamiento. Ello supondría convertir a las normas jurídicas en subjetivamente disponibles. Salvo las excepciones apuntadas, ni el ordenamiento común ni en el laboral existe, propiamente, derecho fundamental a la objeción de conciencia.

Pero el debate no se acaba aquí. Hay autores que han buscado residenciar la objeción de conciencia en el art. 16 CE, orientación que plantea dudas más que razonables. El derecho a la objeción de conciencia es un derecho constitucional autónomo y protegido por el recurso de amparo en los estrictos términos definidos constitucionalmente (art. 30.2 CE), pero su relación con el art. 16.1 CE, que reconoce la libertad ideológica, no autoriza ni permite calificarlo de fundamental. Hay que distinguir nítidamente la libertad de pensamiento garantizada en el art.16 CE de la objeción de conciencia por motivos ideológicos. La objeción de conciencia no se halla incluida en la libertad de pensamiento, pues ésta garantiza la libertad de tener las ideas o creencias que cada cual considere oportunas y de manifestarlas. En contraste con ello, la objeción de conciencia supone el derecho a conducirse de acuerdo y en coherencia con tales ideales, lo cual es inobjetable salvo cuando dicha conducta comporta la vulneración de la Constitución, de las leyes o de las normas infralegales, a las que todo ciudadano, en tanto que tal, está sometido, al igual que los poderes públicos (art.9.1 CE). Por tanto, el art. 16 CE no garantiza la objeción de conciencia. Resultan por ello cuestionables pronunciamientos como el contenido en la STC 145/2015, de 25 de junio que permitió que los farmacéuticos pudieran alegar el derecho de objeción de conciencia (en su conexión con el art. 16.1 CE) en relación con el almacenamiento de la llamada «píldora del día después».

Y es que, ciertamente, el art. 10.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Pero añade una muy significativa precisión, pues ese derecho se reconoce «de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio». Existe pues una remisión a la ley para la regulación de la objeción de conciencia y, por tanto, podemos considerar que se trata de un derecho constitucional de configuración legal.  Es decir, no existe un derecho a objetar siempre y en todo caso, sino sólo y exclusivamente en los supuestos previstos legalmente. Difícilmente podría un Estado Social y Democrático de Derecho cumplir con los fines que les son propios si los ciudadanos por motivos ideológicos pudieran, sin más, sustraerse al cumplimiento de sus normas. En ese margen de configuración legal, la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la información que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función´. También en el ámbito sanitario el legislador ha contemplado este derecho.

La obra de Juan Manuel Moreno Díaz se adentra en este último espacio, el sanitario, en el que la Ley ha venido a reconocer expresamente la objeción de conciencia. No está de más recordar que la Recomendación 157 de la OIT sobre el empleo y condiciones de trabajo del personal de enfermería preconiza fundamentalmente la excepción de aquellas tareas que entren en conflicto con sus “convicciones religiosas, morales o éticas”. Como pone de manifiesto el Preámbulo Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, “mediante la posibilidad de objeción de conciencia, se garantiza la seguridad jurídica y el respeto a la libertad de conciencia del personal sanitario llamado a colaborar en el acto de ayuda médica para morir (…)”. La más reciente Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo explica igualmente en su Preámbulo que “la objeción de conciencia como un derecho individual de cada profesional sanitario, (…) debe manifestarse con antelación y por escrito. Así, se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, garantizando la seguridad jurídica y el pleno respeto del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”. Ejercicio de un derecho que ha generado (STC 151/2014, de 25 de septiembre) y está generando una intensa polémica en la medida en que su uso pueda convertirse en un verdadero veto a la puesta a la efectiva puesta en práctica de la Ley.

El hombre tiene una conciencia históricamente moldeada y estamos sumergidos en la cultura y en la historia de nuestro tiempo y lugar. Nuestra conciencia puede ser, por tanto, mudable. Siendo esto así, deben ser los garantes de la soberanía popular los que se encarguen de determinar, caso por caso y con amparo legal, cuando un derecho subjetivo debe obtener la dispensa de un deber jurídico o la exención de responsabilidad y, por ende, que limitaciones debe tener su uso. Libros como el de Juan Manuel Moreno nos ayudan a andar ese camino y contribuyen a evitar que una expansión incondicionada de la objeción de conciencia se convierta en una bomba de relojería que pueda hacer saltar por los aires el ordenamiento jurídico.

3 comentarios en «¿Existe una objeción de conciencia laboral?: Reflexiones a la luz de una reciente monografía»

  1. Buenos días:

    Gracias por el artículo, Profesor Mercader. Siempre es un placer leerle.

    Me permito recordar un trabajo que me hizo reflezionar sobre este tema, por si suscitara el interés de algún lector:

    Juez y objeción de conciencia (1993) Asís Roig, Rafael F. de Sistema. revista de ciencias sociales Núm. 113 Pág. 57-72.

    Un cordial saludo,
    Jesús

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  2. Que curioso el artículo y a la vez que gratificante, pues ahonda en temas que desde lo laboral, no parecen tan lejanos que nos podamos plantear y no todo queda en códigos y normas, si no que hay una parte “filosófica” en nuestras disciplinas, que podemos abordar

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  3. Un artículo de gran interés que aborda una cuestión siempre en entredicho. ¿Es la conciencia mudable como se afirma o es la inadecuación de la conciencia a la verdad moral lo que la muda? Afirmar que la conciencia es mudable conduce al relativismo moral y por tanto a la inexistencia de criterios de verdad a los que la conciencia debe adecuarse. La conciencia se convierte en un constructo social “sumergida en la cultura y la historia”. Esto conduce y ha conducido en la historia a aberraciones morales como la solución final para los judíos, el aborto o la eutanasia más recientemente.

    Qué decir sobre la existencia de leyes injustas atentatorias de los más elementales parámetros éticos y morales como puede ser la mercantilización de mujeres para que tengan hijos de terceros en los llamados vientres de alquiler. Que estas normas solo estén permitidas en algunos países, ¿es por su avance o retroceso moral y ético? La respuesta no está sujeta a opinión, sino que solo permite una respuesta, que la obcecación de una conciencia extraviada puede pretender justificar.

    Ahora bien, ¿y qué es la verdad, que diría Poncio Pilatos? ¿Cuál es la justa ética y cuál es la recta conciencia? Preguntas de difícil respuesta en una sociedad desnortada en prácticamente todos los parámetros morales y éticos.

    Nos señala el profesor Mercader que “deben ser los garantes de la soberanía popular los que se encarguen de determinar, caso por caso y con amparo legal, cuando un derecho subjetivo debe obtener la dispensa de un deber jurídico o la exención de responsabilidad y, por ende, que limitaciones debe tener su uso”. Pero, ¿fueron Hitler, Stalin, Pinochet garante de nada? ¿Lo son ahora el Congreso de los EEUU, el de Colombia o el España? Muchas normas actuales acreditan todo lo contrario, por lo que hoy más que nunca la conciencia individual se erige como último bastión ante leyes manifiestamente injustas y degradantes de la persona.

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