Los cambios en la gestión del régimen de Clases pasivas: ¿un ataque a las singularidades de los regímenes especiales de funcionarios?

Los cambios en la gestión del régimen de Clases pasivas: ¿un ataque a las singularidades de los regímenes especiales de funcionarios?

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Entrada elaborada por Amparo Esteve-Segarra, profesora titular de la UV

En el Real Decreto 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, se contiene una disposición que, en teoría, no reviste ninguna conexión con los paquetes de medidas laborales y fiscales aprobados para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia. Se trata del traspaso de competencia de la gestión de las pensiones de los funcionarios integrados en el Régimen de Clases Pasivas al Ministerio de Seguridad Social, y sobre él que he podido reflexionar en la revista Labos.

El traspaso de la gestión al Instituto Nacional de Seguridad Social plantea tres cuestiones:

1º.- ¿Tiene sentido el traspaso de la gestión al INSS?

El cambio de gestión del régimen de clases pasivas al INSS es lógico, aunque sólo constituye una pequeña transformación. La razón es que la existencia de un sistema de clases pasivas, es decir, de los regímenes especiales de pensiones para funcionarios no tiene sentido en un sistema de Seguridad Social integrado. Técnicamente uno de los principios de nuestro sistema de Seguridad Social es la unidad de gestión, y los regímenes especiales de funcionarios (en adelante, RESSFP) suponen una quiebra de este principio de unidad de gestión del sistema de Seguridad Social, puesto que los RESSFP no se gestionan por las entidades gestoras de la Seguridad Social, sino por entidades específicas.

2º.- ¿Por qué se ha aprobado en un Real Decreto ley de medidas para paliar los efectos económicos del COVID-19, una disposición que afecta a la gestión de las pensiones de funcionarios?

En la exposición de motivos del Real Decreto-ley 15/2020 se justifica en que, en una norma anterior, en concreto en una norma reglamentaria aprobada para la restructuración de diversos departamentos ministeriales, y en concreto la organización del Ministerio de Seguridad Social, ya se preveía el cambio de gestión en el RCP. Ciertamente, el art. 22 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuraron en dicho año los departamentos ministeriales establecía que: Corresponde al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de Seguridad Social y clases pasivas…”. En todo caso, parece claro que el gobierno pretendía llevar la gestión de Clases Pasivas al Ministerio encargado de la gestión de Seguridad Social ya antes de la declaración del estado de alarma. En la exposición de motivos del Real Decreto-ley 15/2020 se justifica la urgencia y necesidad del cambio de gestión del RCP señalando esencialmente que como la tramitación parlamentaria de dichos cambios normativos para operar el traspaso en la vía ordinaria retrasaría la organización del Ministerio de Seguridad Social, se generaría incertidumbre en la gestión de la delicada cuestión de las pensiones.

La justificación gubernamental del cambio de gestión abre a su vez varios interrogantes, a saber: ¿es una justificación suficiente para realizar un cambio en el ámbito de una norma de urgencia como un Real Decreto-ley? ¿existiría una extraordinaria y urgente necesidad de efectuar el traspaso de gestión? ¿podría anularse por este motivo el cambio de gestión en el régimen? A primera vista, no parece que existiera una situación perentoria que implicase la necesidad de meter en una norma dedicada a medidas económicas y de empleo por la crisis del COVID-19, un cambio en la gestión de la gestión de pensiones de Clases Pasivas, que no guardan ninguna relación con otras medidas vinculadas a la crisis sanitaria. Pero ello no implica necesariamente que la vía empleada sea ilegal.

Entonces si no existía una extraordinaria y urgente necesidad, ¿por qué razón el gobierno ha decidido acometer este cambio mediante una legislación de urgencia? Creo que sinceramente responde a que el estado de alarma ha ofrecido la oportunidad de iniciar un cambio en la siempre delicada cuestión de las pensiones de funcionarios públicos aprovechando la multitud de legislación de urgencia aprobada durante la pandemia. La aprobación de reformas laborales y de Seguridad Social mediante esta forma legislativa se había convertido, en algo más que en una vía excepcional, ya antes de la crisis sanitaria, económica y social, acentuándose con ésta.

Y es que conviene apuntar otra razón estratégica que abonaría la conveniencia gubernamental de abordar el cambio de gestión del RCP durante este estado de alarma. Este estado dificulta enormemente a las organizaciones sindicales de funcionarios plantear huelga frente un traspaso de gestión.

3º.- ¿Qué supone este cambio de gestión para los pensionistas y para los funcionarios que están incluidos en Clases Pasivas, pero aún no son pensionistas?

Pese a la alarma creada en algunos medios de comunicación entre los pensionistas, no se han modificado ninguna de las prestaciones del RCP, ni se han alterado sus requisitos, ni cuantías. Tampoco respecto a los futuros pensionistas se han producido cambios en las modalidades o coberturas de las pensiones del sistema. Ni tampoco en las distintas mutualidades de funcionarios, que tienen una gestión y una regulación separada del RCP.

De manera que se mantiene como régimen a extinguir, traspasándose únicamente su gestión al INSS. Si ello es así, ¿por qué algunos sindicatos en la función pública han mostrado preocupación por estos cambios meramente técnicos y se han mostrado preocupados? Pues sencillamente porque el hecho de que, siendo el mismo organismo gestor, transitoriamente la Dirección General de Ordenación de Seguridad Social, y posteriormente el INSS, es probable que el cambio abra una vía para cuestionar la autonomía y separación de los RESSFP, debatiéndose si determinadas conquistas o, si se quiere utilizar una connotación negativa, privilegios sean más evidentes y, con ello más difíciles de justificar.

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