Sucesión de empresas en concurso y límites a la responsabilidad de la empresa cesionaria en materia de pensiones (Breve comentario a la STJUE de 9 de septiembre de 2020, asunto TMD Friction)

Sucesión de empresas en concurso y límites a la responsabilidad de la empresa cesionaria en materia de pensiones (Breve comentario a la STJUE de 9 de septiembre de 2020, asunto TMD Friction)

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Entrada elaborada por David Martínez Saldaña 

El Tribunal de Justicia de la Unión (“TJUE”), en el asunto TMD Friction (casos acumulados C-674/18 y C-675/18), ha resuelto varias cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de lo Laboral de Alemania (Bundesarbeitsgericht) en un caso en el que las normativas de sucesión de empresa (Directiva 2001/23) y de insolvencia (Directiva 2008/94) requieren de una interpretación conjunta. 

El supuesto de hecho de estos casos acumulados es, resumidamente, el siguiente: 

Con base en lo previsto en su convenio colectivo de empresa, Textar otorgaba a sus trabajadores una pensión de jubilación con arreglo a un régimen complementario de previsión profesional. De acuerdo con ese régimen, la pensión de jubilación, por cada año de servicio, se situaba entre el 0,2 y el 0,55 % de la retribución bruta mensual del trabajador. 

Textar (empresa cedente) fue declarada en concurso de acreedores y transmitida, por parte de un administrador concursal, a una entidad denominada TMD Friction (empresa cesionaria). Tras producirse una sucesión de empresa de la Directiva 2001/23, dos empleados de Textar —uno de 40 años de edad y otro de 70 años de edad y ya jubilado— que habían trabajado para Textar desde agosto de 1996 y octubre de 1968, respectivamente, interpusieron una demanda contra TMD Friction. En la demanda adujeron que su pensión de jubilación debía satisfacerse teniendo en cuenta el período de tiempo en el que prestaron servicios en Textar. El cálculo de esa pensión, por tanto, debía incluir también el periodo previo a la declaración de concurso de acreedores de Textar. Sin embargo, TMD Friction argumentó que, al amparo de determinada normativa alemana (*), su responsabilidad quedaba limitada a la parte de pensión cuyo cálculo “se basa en periodos de prestación de servicios trabajados tras la apertura del procedimiento de insolvencia”. 

Interesa especialmente comentar la primera de las cuestiones prejudiciales planteadas, en la que el TJUE ha analizado si las restricciones en las obligaciones en materia de pensiones del cesionario que prevé la normativa alemana es compatible con las Directivas 2001/23 y 2008/94. La respuesta es positiva de acuerdo con el artículo 3 (4) de la Directiva 2001/23. 

Este artículo 3.4 de la Directiva 2001/23, “permite a los Estados miembros establecer tanto la transmisión íntegra al cesionario de tal obligación [pensión de jubilación con arreglo a un régimen complementario de previsión profesional] como la ausencia total de su transmisión al cesionario”. Por eso, “esta disposición no puede interpretarse en el sentido de que prohíba, por principio, a una normativa nacional proceder a su transmisión parcial” (apartado 68). 

La Directiva 2001/23 permite a los Estados miembros “dispone[r] en contrario en el sentido del segmento de la frase del artículo 3, apartado 4, letra (a) de dicha Directiva” respecto de parte de los derechos de los trabajadores a una pensión de jubilación en virtud de un régimen complementario de previsión profesional (apartado 70). 

A la vista de lo anterior, la conclusión que debe extraerse es que “en el ejercicio de su margen de apreciación, los Estados miembros pueden establecer que, aunque el cesionario se subrogue en los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales existentes en el momento de la transmisión, únicamente responde de los derechos en curso de adquisición de un trabajador a una pensión de jubilación en virtud de un régimen complementario de previsión profesional basado en períodos de trabajo posteriores a la apertura del procedimiento de insolvencia” (apartado 71). Esto será posible siempre y cuando, “por lo que respecta a la parte del importe de la que no es responsable el cesionario, las medidas adoptadas para proteger los intereses de los empleados sean de un nivel al menos equivalente al nivel de protección exigido con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2008/94” (apartado 75). 

Ese “mínimo nivel de protección” al que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2008/94, tal y como lo interpreta el TJUE, implica que el antiguo trabajador reciba “al menos la mitad de las prestaciones de jubilación derivadas de los derechos a pensión acumulados en el marco de un régimen complementario de previsión profesional y que esta disposición obliga a los Estados miembros a garantizar, en ese caso, a cada antiguo trabajador asalariado una indemnización equivalente al menos a la mitad del valor de sus derechos adquiridos en virtud de tal régimen” (apartado 79 de la STJUE TMD Friction, asuntos acumulados C-674/18 y C-675/18, y apartados 41, 51 y 52 de la STJUE Pensions-Sicherungs-verein, asunto C-168/18). 

El TJUE menciona hasta tres veces en la STJUE TMD Friction que la Directiva 2001/23 “no tiene únicamente por objeto salvaguardar los intereses de los trabajadores en una transmisión de empresa, sino que pretende garantizar un «equilibrio justo» entre los intereses de estos, por un lado, y los del cesionario, por otro” (apartados 50, 69 y 72 de la STJUE TMD Friction, casos acumulados C-674/18 y C-675/18, y apartado 26 de la STJUE ISS Facility Services, C-344/18). 

Ese “equilibrio justo” es positivo, porque permite “una limitación de la responsabilidad de los cesionarios que puede facilitar las transmisiones de empresas objeto de un procedimiento de insolvencia” (apartado 72). 

Estas observaciones y reflexiones del TJUE son en verdad muy pertinentes en el momento presente, en el que, debido al impacto de la pandemia del COVID-19, es posible que la única estrategia viable para algunas empresas pueda llegar a ser el concurso de acreedores y la sucesión de empresa. Al fin y al cabo, el equilibrio entre la debida protección de los derechos de los trabajadores y el alcance de la eficiencia económica-empresarial se sitúa en el mismo corazón del derecho del trabajo.

(*) Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (Betriebsrentengesetz) [Ley de mejora de los planes de pensiones de empresa (Ley relativa a las pensiones de empleo)], de 19 de diciembre de 1974 (BGB1.I, p. 3610), en su versión modificada por la Ley de 17 de agosto de 2017 (BGB1. 2017 I, p. 3214), artículos 1.b; 9 y 30.f.1. Se citan todos ellos con detalle en el apartado 17 y subsiguientes de la STJUE TMD Friction.

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