A vueltas con la desconexión digital: eficacia y garantías de lege lata

A vueltas con la desconexión digital: eficacia y garantías de lege lata

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Entrada elaborada por Juan Antonio Altés Tarrega y Sergio Yagüe Blanco

Mediante el estudio, publicado en Labos, A vueltas con la desconexión digital: eficacia y garantías de lege lata” los autores tratan de reconstruir y analizar el régimen jurídico de la “desconexión digital” a partir de los escasos datos normativos con los que se ha dotado a esta garantía en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y del nuevo art. 20bis del Estatuto de los Trabajadores introducido por dicha norma, así como de las aportaciones doctrinales precedentes.
Para ello, tras unas breves consideraciones previas sobre las consecuencias laborales de la interconectividad digital y el hecho de “estar permanentemente conectados” se analiza la actual legislación sobre el derecho a la desconexión digital introducido por la citada LPDP‑GDD, haciendo especial hincapié en los bienes jurídicos protegidos por este derecho, con el fin de verificar su posible protección por la vía de la tutela de los derechos fundamentales. En este sentido, se analizan los posibles vínculos de la desconexión digital con el derecho a la intimidad, la vida privada y la protección de datos personales, que están sustentan la LPDP‑GDD y aparecen nombrados en el propio art. 88 y en la Exposición de motivos, pero que no parece que sean los derechos directamente llamados a sustentar el derecho a la desconexión digital, por mucho que en ocasiones sí se vean afectados; y también con aquellos cuya presencia es mucho más evidente: el derecho al descanso, la protección de la salud y la conciliación familiar y laboral.
Estos últimos son los derechos que, en opinión de los autores, dotan de sentido de los apartados 2 y 3 del art. 88 LPDP‑GDD, si bien cada uno de ellos responde a distintas lógicas. De esta manera, mientras que el apartado el 2 encomienda a la negociación colectiva su intervención para concretar una regulación sobre los aspectos de la desconexión digital relacionados con el tiempo de trabajo: como protección del descanso del trabajador y la conciliación laboral y familiar; el apartado el 3 tiene una dimensión preventiva encomendada al empresario.
Se desprende del trabajo, y así los defienden los autores, que la negociación colectiva tiene en esta materia un papel reforzado respecto del que se encomienda al empresario y que debería haber un claro interés de ambas partes (no solo desde el lado social) para incorporar en los convenios colectivos cláusulas de desconexión digital equilibradas, puesto que solo la negociación colectiva puede modular o matizar el disfrute del derecho atendiendo a la naturaleza y objeto de la relación laboral. Los protocolos empresariales no pueden asumir esta función. Por un lado, no pueden establecer graduaciones y limitaciones porque no se insertan en autonomía de la voluntad individual o colectiva. Y, por otro lado, su rol es distinto al funcionar en el marco de la prevención de riesgos laborales, orientados a la prevención del riesgo psicosocial del tecnoestrés y tecnofatiga para lo cual debe adoptar una protección “eficaz” y mediante “cuantas medidas sean necesarias”. Desde esta perspectiva los autores se apartan de aquellas posturas doctrinales que defienden que sin la intervención del convenio colectivo el empresario puede hacer una interpretación laxa y favorable a sus intereses mediante el uso de protocolos.
En cambio, en el trabajo se resalta la relevancia del protocolo, como un instrumento válido para integrar la gestión de riesgos psicosociales en la empresa y se destaca el hecho de que hasta el momento no había en el marco normativo preventivo una clara obligación de carácter específico para la gestión de los riesgos psicosociales, pues aunque se aplican las previsiones específicas de la LPRL, no hay, como ocurre en relación con otros riesgos clásicos propios de actividades más industriales, un desarrollo reglamentario específico para riesgos nuevos y emergentes de carácter psicosocial. Ahora, con el art. 88.3 LOPD el empresario tiene una clara obligación que debe ser leída a la luz de los mandatos de la LPRL. El precepto contiene de esta manera una norma de carácter preventivo “extra-sistemática”.
En general, los autores mantienen que, a pesar de que la labor del legislador orgánico no ha sido impecable, la regulación cuenta con un margen interpretativo desde el que puede reivindicarse su efectividad para garantizar la tutela de los derechos laborales imbricados, apartándose de aquellas posturas más radicales que han criticado la normativa presentada por superflua e inconsistente,
Por último, el trabajo presenta una breve referencia (incluida a última hora) al teletrabajo/ conciliación/desconexión, sobre todo a raíz de la COVID-19.

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