Whistleblowers. Aspectos laborales de la Directiva relativa a la protecci贸n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE

Whistleblowers. Aspectos laborales de la Directiva relativa a la protecci贸n de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE

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Como bien se帽alaban los trabajos preparatorios de la Directiva, “en cualquier organizaci贸n, privada o p煤blica, grande o peque帽a, pueden registrarse actividades il铆citas y abuso de Derecho, que pueden adoptar formas diversas, como corrupci贸n, fraude, pr谩cticas abusivas o negligencia, y que si no se resuelven pueden a veces ocasionar graves perjuicios al inter茅s p煤blico. Las personas que trabajan en una organizaci贸n o est谩n en contacto con ella por razones laborales son a menudo las primeras en tener conocimiento de tales hechos y, por lo tanto, se encuentran en una posici贸n privilegiada para informar a quienes pueden abordar el problema”, de ah铆 la importancia que reviste la existencia de un estatuto protector para quienes ponen en conocimiento p煤blico estos hechos, pues su existencia se configura como el elemento m谩s garantista para que se produzca esta informaci贸n. 
La adopci贸n de esta nueva norma comunitaria, todav铆a no publicada en el DOUE pero cuyo texto ya puede consultarse, no puede m谩s que aplaudirse, pues supone un paso decisivo para que cualquier ciudadano comunitario se sienta legalmente protegido para denunciar aquellos casos de corrupci贸n o actividades delictivas que pueda conocer.
Como no pod铆a ser de otra forma, la nueva Directiva se entiende sin perjuicio de la protecci贸n concedida a los trabajadores que informan sobre infracciones de la legislaci贸n laboral y social de la Uni贸n (ya la Directiva 89/391/CEE establece que los trabajadores o sus representantes no podr谩n sufrir un perjuicio por plantear al empresario cuestiones relativas a medidas para paliar cualquier riesgo laboral). Entre las novedades de la Directiva en materia laboral que merecen una positiva valoraci贸n se han de destacar:
1. La creaci贸n de un estatuto protector que garantiza al denunciante una indemnidad tanto en su promoci贸n econ贸mica como profesional por la realizaci贸n de esta acci贸n. Casi reproduciendo las garant铆as que asisten a los representantes legales de los trabajadores, el art. 19 de la Directiva se帽ala que “los Estados miembros adoptar谩n las medidas necesarias para prohibir todas las formas de represalias contra las personas a que se refiere el art铆culo 4, incluidas las amenazas de represalias y las tentativas de represalia, en particular, en forma de:
a) suspensi贸n, despido, destituci贸n o medidas equivalentes;
b) degradaci贸n o denegaci贸n de ascensos;
c) cambio de puesto de trabajo, cambio de ubicaci贸n del lugar de trabajo, reducci贸n salarial o cambio del horario de trabajo;
d) denegaci贸n de formaci贸n;
e) evaluaci贸n o referencias negativas con respecto a sus resultados laborales;
f) imposici贸n de cualquier medida disciplinaria, amonestaci贸n u otra sanci贸n, incluidas las sanciones pecuniarias
g) coacciones, intimidaciones, acoso u ostracismo;
h) discriminaci贸n, o trato desfavorable o injusto;
i) no conversi贸n de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido, en caso de que el trabajador tuviera expectativas leg铆timas de que se le ofrecer铆a un trabajo indefinido;
j) no renovaci贸n o terminaci贸n anticipada de un contrato de trabajo temporal;
k) da帽os, incluidos a su reputaci贸n, en especial en los medios sociales, o p茅rdidas econ贸micas, incluidas la p茅rdida de negocio y de ingresos;
l) inclusi贸n en listas negras sobre la base de un acuerdo sectorial, informal o formal, que pueda implicar que en el futuro la persona no vaya a encontrar empleo en dicho sector;
m) terminaci贸n anticipada o anulaci贸n de contratos de bienes o servicios;
n) anulaci贸n de una licencia o permiso;
o) referencias m茅dicas o psiqui谩tricas”.

2. Era fundamental que los denunciantes tuvieran acceso a v铆as de recurso y a indemnizaci贸n de conformidad con el Derecho nacional. Ahora bien, aun admitiendo el margen de discrecionalidad de cada Estado Miembro, se insta a la nulidad de cualquier decisi贸n extintiva, entendiendo que “los recursos previstos en el plano nacional no deben disuadir a denunciantes potenciales futuros. Por ejemplo, proporcionar una indemnizaci贸n como alternativa a la reincorporaci贸n en caso de despido podr铆a dar lugar a una pr谩ctica sistem谩tica, en particular en las organizaciones de mayor tama帽o y, por tanto, tener un efecto disuasorio en denunciantes futuros”.

Para gozar de la protecci贸n referida, “los denunciantes deben tener motivos razonables para creer, a la luz de las circunstancias y de la informaci贸n de que dispongan en el momento de la denuncia, que los hechos que denuncian son ciertos. Ese requisito es una salvaguardia esencial frente a denuncias malintencionadas, fr铆volas o abusivas, para garantizar que quienes, en el momento de denunciar, comuniquen deliberada y conscientemente informaci贸n incorrecta o enga帽osa no gocen de protecci贸n. Al mismo tiempo, el requisito garantiza que la protecci贸n no se pierda cuando el denunciante comunique informaci贸n inexacta sobre infracciones por error cometido de buena fe. De manera similar, los denunciantes deben tener derecho a protecci贸n en virtud de la presente Directiva si tienen motivos razonables para creer que la informaci贸n comunicada entra dentro de su 谩mbito de aplicaci贸n. Los motivos de los denunciantes al denunciar deben ser irrelevantes para determinar si esas personas deben recibir protecci贸n”. De esta forma, lo que importa es que el denunciante crea en la veracidad de los hechos que va a poner en comunicaci贸n de la empresa, esto es, en que tenga buena fe, con independencia de que la informaci贸n sea finalmente veraz o no.

La aprobaci贸n de esta Directiva parece especialmente pertinente en el ordenamiento espa帽ol, pues como hace alg煤n tiempo recordaba el profesor Todol铆 “somos de los pocos pa铆ses desarrollados que no cuentan con una regulaci贸n legal para proteger a los chivatos 鈥搉i en el sector p煤blico ni en el privado-. La fuerte carga negativa que tiene la figura de los chivatos en el imaginario colectivo espa帽ol puede hacer que nos plantemos que ello puede ser algo bueno. 驴Por qu茅 una ley deber铆a proteger a esos 鈥渢raidores鈥 chivatos? Sin embargo, si el 88% de los pa铆ses desarrollados (incluyendo a Grecia que la adopt贸 hace poco) cuentan con alg煤n tipo de legislaci贸n que protege a los trabajadores que denuncian irregularidades o ilegalidades en el seno de su organizaci贸n, por alguna raz贸n ser谩”. Hemos de pasar del concepto chivato, demasiado vigente en el pasado, al de denunciante, como ciudadano cumplidor de sus deberes 茅ticos y sociales鈥 ha manifestado Jes煤s Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional Espa帽a.

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