Según el Tribunal Supremo, no existe una norma en vigor que imponga a las empresas la obligación de un comedor en los centros de trabajo

Según el Tribunal Supremo, no existe una norma en vigor que imponga a las empresas la obligación de un comedor en los centros de trabajo

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El Tribunal Supremo, en su sentencia de 13 de diciembre de 2018, Rº 2262/2017, ha modificado su doctrina con respecto a la vigencia del Decreto de 8-6-1938 y de la Orden de desarrollo de 30-6-1938, sobre el establecimiento de comedores de empresa en los centros de trabajo.

Como bien sabemos, el cuestionado Decreto de 8-6-1938, impone a las empresas dos tipos de deberes: el deber de habilitar un local comedor y el deber de ofertar un servicio de comedor. El primero de estos deberes se establece para las empresas que no concedan a sus empleados dos horas para el almuerzo o en aquellos casos en que lo pida, como mínimo, la mitad de los trabajadores del centro. La obligación de ofrecer un servicio de comedor, por su parte, se condiciona a que la empresa cuente con una plantilla superior a cincuenta trabajadores.
Pues bien, en el supuesto de autos, el conflicto afectaba a 311 trabajadores de la empresa INDRA en la provincia de Málaga, que tenían una jornada partida con un horario flexible y un tiempo máximo para comer de dos horas. Más de un ochenta por ciento de la plantilla solicitó a la empresa la habilitación de un comedor de empleados, en los términos establecidos en el Decreto de 8-6-1938 y la Orden de desarrollo de 30-6-1938. Ante la negativa de la empresa, el sindicato CCOO interpuso demanda de conflicto colectivo, que fue estimada en la instancia. Y la resolución del Juzgado de lo Social fue posteriormente confirmada en suplicación. Interpuesto recurso de casación para unificación de doctrina, el Tribunal Supremo rectifica su anterior doctrina.
Inicialmente, la Sala 4ª del Tribunal Supremo, en SSTS 30 de junio de 2011, Rº 1490/2011 y 19 de abril de 2012, Rº 2165/2011, entendió que ambas normas preconstitucionales seguían vigentes, en la medida en que: a) no vulneraban principios constitucionales; b) no habían sido derogadas por normas posteriores; y c) no habían sido sustituidas por la normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como posibilita su art. 6.
Sin embargo, en la STS 13 de diciembre de 2018, Rº 2262/2017, el Supremo cambia de doctrina y considera que el Decreto de 8-6-1938 y la Orden de desarrollo de 30-6-1938, sobre el establecimiento de comedores de empresa en los centros de trabajo, se encuentran derogados. Y ello con base en los siguientes motivos:

Primero.- Estas dos normas del año 1938 fueron incorporadas al Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940, que contenía una referencia específica a esa cuestión en su artículo 98, en el que establecía: “Los locales destinados a comedores sociales en los centros de trabajo, se ajustarán en un todo a lo dispuesto por el Decreto de 8 de junio de mil novecientos treinta y ocho y Orden de 30 de igual mes y año, sobre los mismos”. Pero este Reglamento fue dejado sin efecto por la Orden 9-3-1971, que aprobó la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y, en opinión del Supremo, esta derogación conlleva igualmente la de las normas del año 1938, contenidas en su seno.

Segundo.- El contenido del Decreto de 8-6-1938 y de la Orden de desarrollo de 30-6-1938,  resultaría inaplicable en la actualidad en sus propios términos.  

Y tercero.- El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y que representa «la legislación vigente estos efectos» no prevé nada a este respecto, más allá de la obligación de tener un local comedor en los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el lugar de residencia de los trabajadores.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal Supremo concluye que no existe una norma en vigor de la que pueda desprenderse que los empresarios están obligados a instalar un comedor de empresa en los centros de trabajo. Nos encontramos -en su opinión- ante un conflicto de intereses cuya solución debe ser adoptada por las propias partes afectadas. Ante esta ausencia de normas, la Sala 4ª advierte: “Estamos ante una materia que […] es terreno hábil y adecuado para la negociación colectiva -pilar básico de nuestro sistema de relaciones laborales -en cuyo campo deberían acordarse las medidas oportunas que satisfagan los intereses de las partes”.
El fallo del Tribunal cuenta con un voto particular en contra suscrito por tres magistrados, que no comparten -como yo tampoco lo hago- que la expresa derogación del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940 conlleve también la derogación del Decreto de 8 de junio de 1938 y la correspondiente Orden de desarrollo. Sostienen su discrepancia en los siguientes argumentos:
  • Resulta cuestionable que una Orden pueda derogar un Decreto.
  • Ni el Reglamento de 1940, ni la Ordenanza de 1971 regulaban la obligación empresarial de habilitar comedores sociales, sino las condiciones de seguridad e higiene que dichos locales, de existir, debían reunir.  
  • El mero hecho de que una norma haga remisión a otra anterior para delimitar su contenido concreto en una materia, no puede implicar sin más que derogada tal norma por otra posterior deba entenderse derogada la norma objeto de remisión en su total contenido, incluso en materias que no eran objeto de regulación en la norma derogada.  

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