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El Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, cambia la relación entre ley y convenio colectivo en materia de período de prueba. Desde el 19 de noviembre, las duraciones legales dejan de operar como referencia meramente supletoria: vinculan también a la negociación colectiva, aunque se admiten ampliaciones justificadas en el propio convenio. La revisión afecta tanto a los convenios sectoriales como a los de empresa y exige atender a las funciones, la titulación, el tamaño empresarial y la duración del contrato.

Y desde luego tiene una proyección práctica actual evidente si, como estamos analizando estos días, sobre una muestra de 211 convenios colectivos, identificamos al menos diez con plazos expresos de ocho a doce meses. En siete no se localiza motivación específica de la ampliación; en tres aparecen referencias genéricas que requieren valoración contextual. También recoge 47 convenios con reglas para contratación temporal que, consideradas autónomamente, no aseguran los nuevos límites. La revisión no debe limitarse a los períodos superiores a seis meses. Para quienes no sean técnicos titulados, el máximo ordinario es de dos meses, o de tres en empresas de menos de veinticinco trabajadores. Por ello, una cláusula de cuatro meses supera ambos límites; una de tres meses solo respeta el máximo ordinario en las empresas de menor tamaño. Las duraciones superiores requieren la justificación convencional exigida por el nuevo artículo 14 ET.

Vayamos por partes.

¿Qué impone la ley a los convenios colectivos y qué permite la ley?

El nuevo artículo 14 ET mantiene seis meses para técnicos y técnicas tituladas y dos meses para las demás personas trabajadoras. En empresas de menos de veinticinco personas, este último máximo es de tres meses.

El umbral se refiere a la empresa, no al centro de trabajo. Por ello, una cláusula de cuatro meses para puestos no técnicos titulados supera ambos límites; una de tres meses exige diferenciar según la dimensión empresarial. Los límites legales no obligan a ampliar los períodos de prueba más breves previstos en los convenios. Estos siguen siendo aplicables y vinculan al contrato individual: si el convenio establece un mes, la empresa no puede pactar dos por el solo hecho de que la ley admita ese máximo.

La condición de técnico titulado no se deduce del nombre del grupo ni de la mera posesión de un título: requiere examinar su conexión con las funciones y los requisitos del puesto, sin excluir de antemano la formación profesional. El artículo 13 del XXI Convenio general de la industria química fija tres meses para los grupos 3 y 4 y cuatro para los grupos 5 y 6. Estas escalas deben contrastarse con las funciones y vías de acceso de cada grupo. La referencia genérica a la índole del puesto exige valorar si justifica suficientemente los excesos para quienes no sean técnicos titulados.

La ley permite una ampliación justificada o razonada en el propio convenio colectivo

El artículo 14.1 admite superar los límites cuando el propio convenio lo justifique por la naturaleza del empleo, el interés de la persona trabajadora o la necesidad de evaluar su idoneidad en caso de suspensión de la relación laboral. La excepción puede afectar a los distintos máximos del precepto; no queda limitada al de seis meses. Su formulación abierta obliga a concretar qué puestos necesitan más tiempo y por qué el plazo ordinario no permite realizar una evaluación suficiente.

No basta comprobar que existe alguna explicación. Su contenido debe permitir controlar la adecuación de la ampliación: competencias que han de observarse, experiencias necesarias, duración de estas y garantías para la persona trabajadora. La complejidad del sector o la responsabilidad del grupo, formuladas genéricamente, no demuestran que todos sus puestos requieran idéntica prolongación. La contratación indefinida, una compensación económica o los compromisos de estabilidad pueden ser elementos relevantes, pero no justifican automáticamente cualquier duración.

Dos ejemplos muestran el problema. El artículo 13 del IX Convenio de universidades privadas permite diez meses para el personal docente e investigador con contrato indefinido; el artículo 32 del XIII Convenio de centros de asistencia y educación infantil permite once para los grupos I y II con contrato indefinido. Ambos prevén indemnización por desistimiento empresarial a partir del sexto mes; el segundo limita además los desistimientos consecutivos para el mismo puesto. Estas garantías deben valorarse, pero no sustituyen automáticamente la justificación de la duración. Tampoco cabe atribuirles una motivación basada en el ciclo académico que sus cláusulas no expresan.

Recuérdese que  la Directiva (UE) 2019/1152 en su artículo 8 regula los máximos, la proporcionalidad y las excepciones; y el artículo 14 admite disposiciones convencionales distintas si respetan la protección general de los trabajadores. Esta habilitación no elimina la exigencia española de justificar la ampliación en el convenio. No basta reproducir una razón legal: debe explicarse por qué permite prolongar la prueba en los puestos afectados y por qué la duración elegida resulta adecuada.

 

¿Se han de rehacer las fórmulas convencionales en relación con la contratación temporal?

Para contratos de duración determinada de seis meses o más, el máximo ordinario es un mes. En los inferiores a seis meses debe reducirse en la misma proporción: un contrato de tres meses tiene como referencia máxima medio mes y uno de dos meses, un tercio de mes. Esas fracciones no deben convertirse sin más en quince o diez días naturales para cualquier calendario. El convenio debe facilitar reglas de cómputo compatibles con la duración contractual y con el límite legal.

Una cláusula proporcional convencional no asegura conformidad. Para un contrato de tres meses, fijar la prueba en el 50 % de su duración permite un mes y medio, tres veces la referencia ordinaria. Tampoco un máximo uniforme de un mes garantiza la reducción exigida en contratos breves. Deben distinguirse el máximo del grupo, el límite derivado de la temporalidad y el plazo efectivamente pactado; no procede escoger el mayor. La coordinación con contratos formativos y relaciones especiales requiere examinar su regulación específica.

Los contratos con término inicialmente incierto añaden una cuestión práctica: sobre qué duración prevista calcular la proporción y cómo actuar si cambia. La prórroga no autoriza a reiniciar la prueba ni a crear una nueva cuando ya se han desempeñado las mismas funciones en la empresa. El convenio debería resolver el cómputo y las incidencias sin transformar un máximo en una duración obligatoria para toda contratación.

¿Efecto sobre convenios colectivos vigentes y nuevos pactos desde el 19 de noviembre?

El RDL contiene disposiciones transitorias sobre auditorías retributivas e información de determinadas relaciones laborales, pero ninguna específica para el período de prueba. Tampoco concede una moratoria para adaptar los convenios. La disposición final séptima determina su entrada en vigor el día siguiente al de su publicación: el 19 de noviembre de 2026. La ausencia de una regla transitoria específica plantea la duda en torno a la resolución  uniforme de todas las situaciones anteriores.

Para pactos concertados desde esa fecha, el punto de partida es claro: deben ajustarse a los nuevos límites aunque el convenio aplicable sea anterior y siga vigente o en ultraactividad. La fuerza vinculante del convenio no lo sitúa por encima de la ley. Una escala que exceda del máximo no constituye por sí sola título suficiente para una nueva prueba de esa duración; será necesario comprobar si el propio convenio contiene una justificación susceptible de sostener la excepción. La fecha de renovación del convenio no aplaza esta exigencia.

La incompatibilidad de una cláusula de duración no determina por sí sola la desaparición del convenio completo. Debe examinarse su alcance y la integración de la regla afectada. Tampoco una revisión posterior puede presentarse sin más como convalidación retroactiva de pactos individuales o desistimientos anteriores. La delimitación de efectos exige identificar cuándo nació el pacto y qué norma regía cada situación.

¿Qué ocurre con los períodos previamente pactados?

En los períodos de prueba concertados  antes del 19 de noviembre que aún estén en curso concurren dos argumentos. La regla general de irretroactividad del artículo 2.3 del Código Civil y, como pauta supletoria, su disposición transitoria segunda apoyan atender al régimen bajo el que se celebró válidamente el pacto. Frente a ello, el carácter imperativo del nuevo límite y su finalidad protectora permiten plantear su aplicación inmediata a los efectos futuros de relaciones subsistentes.

La cuestión decisiva es si la duración quedó fijada como efecto del pacto anterior o si el mantenimiento futuro de la facultad de desistir debe someterse ya a la nueva norma. El artículo 22 de la Directiva refuerza la necesidad de atender a las relaciones existentes, pero no resuelve por sí solo la transición entre estos límites nacionales ni convierte toda previsión de la Directiva en directamente oponible entre particulares.

Un ejemplo muestra el alcance del problema: una persona no técnica titulada, en una empresa de treinta trabajadores, inicia un contrato indefinido el 1 de septiembre con cuatro meses de prueba, válidos conforme a su convenio anterior. El 19 de noviembre ya ha superado dos meses. ¿Subsiste el plazo inicialmente pactado o queda agotada desde entonces la posibilidad de desistir?

Ante este silencio, la interpretación que aquí se sostiene es que los pactos válidamente celebrados conservan la duración admitida por el régimen anterior. Y ello tiene una consecuencia en relación con los desistimientos posteriores porque la conservación de la duración del pacto anterior permitiría  el desistimiento después de la entrada en vigor de la reforma, siempre que se produzca dentro del plazo válidamente concertado. En el ejemplo anterior, un desistimiento durante el tercer mes no sería extemporáneo por el solo hecho de superar el nuevo máximo de dos meses y se evitaría de este modo la calificación de ese desistimiento como improcedente en lo que se refiere exclusivamente a la duración de la prueba. Lo que, desde luego, no excluye el control de la validez originaria del pacto ni de la licitud del desistimiento. Si el pacto era inválido desde su celebración o el plazo había vencido, la empresa no podrá acogerse al desistimiento durante la prueba y el cese deberá examinarse conforme al régimen del despido. En todo caso, subsisten las garantías frente a la discriminación, la represalia y el abuso.

¿Y a partir de ahora qué?

La adaptación puede realizarse mediante revisión parcial durante la vigencia del convenio, conforme al artículo 86.1 ET, sin esperar a su renovación completa. La comisión paritaria puede localizar las cláusulas afectadas e interpretar dentro de sus competencias; modificar duraciones o incorporar una nueva excepción exige el cauce negociador y la legitimación correspondientes. La articulación entre sector y empresa debe examinarse conforme a las reglas de concurrencia y no permite presumir una libertad empresarial para ampliar lo pactado en el sector.

La primera actuación debería ser una relación de puestos y límites aplicables, diferenciando grupos mixtos, tamaño empresarial y contratación temporal. La segunda, revisar las excepciones y su motivación. En paralelo, los modelos contractuales deben expresar un plazo concreto o determinable y trasladarlo a quienes seleccionan y evalúan. Una mera remisión a una escala convencional de máximos puede dejar sin precisar qué duración se ha pactado.

La negociación puede ordenar las experiencias de prueba, el acompañamiento y los momentos de evaluación. También debe coordinar las suspensiones con el acuerdo de interrupción exigido por el artículo 14.3, evitando prolongaciones automáticas. La reforma no impone una motivación general de todo desistimiento, pero permanecen el control de discriminación y abuso y la protección frente a represalias, reforzada por los artículos 4.2.h y 17.1 ET. Reducir plazos sin revisar cómo se evalúa puede trasladar la decisión a un momento más temprano sin mejorar su fundamento.

Y a más largo plazo todo indica que, a la vista de las nuevas exigencias legales, debiera la negociación colectiva sectorial reorientar la estructura y articulación entre convenios colectivos en esta materia para que el período de prueba se ubique en la negociación colectiva de empresa.

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