¿Qué ocurre con la garantía de los servicios esenciales cuando hay paros en sectores estratégicos? A propósito de lo ocurrido en el sector del transporte.

¿Qué ocurre con la garantía de los servicios esenciales cuando hay paros en sectores estratégicos? A propósito de lo ocurrido en el sector del transporte.

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El pasado mes de marzo, dos semanas de paros protagonizados por los transportistas convocados por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte pusieron en apuros a la industria y comprometieron el abastecimiento de diversos productos esenciales que no llegaban a los supermercados y, por tanto, tampoco a nuestros hogares, especialmente en algunos puntos del país. Estos días hemos estado pendientes del anuncio de la reactivación de estos paros. Al final, por un resultado muy ajustado, los transportistas votaron el pasado 26 de junio en contra de volver a los paros a la espera de negociar con el Gobierno una ley que prohíba la contratación a pérdidas en el transporte.

Ante la posibilidad de que los paros se reactiven si la negociación no es favorable y una situación similar se pudiera volver a repetir en el futuro, la ciudadanía asiste atónita a la falta de garantías del mantenimiento de servicios esenciales para la comunidad, que se encuentra recogido en nuestra Constitución (CE) en relación al ejercicio del derecho de huelga y de otras medidas de conflicto colectivo de trabajadores y empresarios, a través del cumplimiento de unos servicios mínimos decretados por la Autoridad Gubernativa (art. 10.2 RDLRT).

La cuestión es que no estaríamos ante una huelga (art. 28.2 CE), ni siquiera ante un cierre patronal, ni ante ninguna medida de conflicto en el marco de las relaciones de trabajo (art. 37.2 CE).

No estaríamos ante una huelga porque se trata de un paro empresarial, no de trabajadores. Según reconoce la STC 11/1981, de 8 de abril, los titulares del derecho de huelga son las personas que prestan a favor de otros un trabajo retribuido, cuando tal derecho se ejercita frente a los patronos o empresarios; quedando excluidos, pues, los propios empresarios y los trabajadores autónomos o por cuenta propia. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, convocante de estos paros, es una organización que agrupa a pequeños transportistas y pymes, a los que simplemente realiza un llamamiento para que dejen de trabajar.

Tampoco se trataría de un cierre patronal, regulado en los artículos 12, 13 y 14 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo (RDLRT). El cierre patronal se concibe, de manera restrictiva, como una medida empresarial de conflicto frente a los trabajadores y de carácter defensivo “en caso de huelga o cualesquiera otra modalidad de irregularidad colectiva en el régimen de trabajo, cuando concurra alguna de las circunstancias que siguen: a) Existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas. b) Ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, o peligro cierto de que ésta se produzca. c) Que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el trabajo impidan gravemente el proceso normal de producción”. Los motivos de estos paros de transportistas son otros (la subida del precio del combustible y sus efectos, la inseguridad en las zonas de descanso, etc.), por lo que no se pueden subsumir en la figura del cierre patronal. Simplemente hablamos de empresas que están actuando dentro de su libertad de empresa, de su libertad de cerrar.

¿Qué ocurre entonces en estos casos con la garantía de servicios esenciales? ¿No podemos exigir que se cumplan unos servicios mínimos ante estos paros? La garantía de servicios mínimos de la que disfrutamos los usuarios cuando se convoca una huelga en servicios esenciales se concibe como un límite al ejercicio de los derechos recogidos en los artículos 28.2 y 37.2 CE. A cambio, si de un cierre patronal se tratara, los empresarios afectados tendrían derecho, entre otros efectos laborales, a no abonar los salarios a ninguno de sus trabajadores (ya fueran huelguistas o no huelguistas), en virtud del art. 12.2 RDLRT. Como reconoció la STC 11/1981, la decisión de cierre afecta también a la libertad de trabajo del personal pacífico no conflictivo.

Sin embargo, a los paros protagonizados por los transportistas, no regulados como medidas de conflicto en los términos que hemos descrito, no se les aplicarían estas condiciones. De hecho, si hay cese de actividad decidido por estos autónomos o pequeños empresarios, sus trabajadores tienen derecho a cobrar el salario y a cotizar por esos días, aunque no hayan prestado servicio; sin que tampoco se les puedan computar como vacaciones y sin obligación de recuperarlos (lo que no es más que la aplicación sin paliativos del art. 30 del Estatuto de los Trabajadores). En consecuencia, el trabajador debe estar disponible y acudir al trabajo, si no hay comunicación expresa y por escrito de la empresa en sentido contrario. Pero si se produce esta comunicación o no se proporciona trabajo efectivo a los trabajadores por causa imputable a su empleador (como es el caso), este deberá seguir cumpliendo con todas sus obligaciones laborales.

Por tanto, en relación con el mantenimiento de los servicios esenciales, los participantes en los paros no pueden ser obligados a prestar ningún servicio si deciden no hacerlo. Otra cuestión es que el Gobierno, en virtud de la potestad extraordinaria que le conceden los estados de alarma y de excepción (art. 116 CE), pudiera decretar bajo estrictas condiciones de proporcionalidad (STC 183/2021, de 27 de octubre) el aseguramiento de unos servicios esenciales para la comunidad, negociando con los convocantes del paro o incluso recurriendo a medios propios (como el Ejército) o ajenos (contratación extraordinaria de transportistas). Al respecto, debe recordarse que tampoco existe prohibición de esquirolaje en estos casos; aunque el seguro endurecimiento de la conflictividad, si se tomaran medidas como las anteriores, habría de ser valorado también en términos políticos, ponderando todos los intereses en juego. Por analogía con el párrafo segundo del art.10 RDLRT, deberían concurrir circunstancias de especial gravedad.

Según los datos estadísticos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, relativos a trabajadoras y trabajadores autónomos afiliados a 31 de enero de 2022, la afiliación ha crecido en un total de 314.428 (10,34%) desde su cifra más baja en febrero de 2013. Habida cuenta del aumento de colectivos de trabajadores autónomos que operan al margen de la acción de los sindicatos y de las asociaciones de autónomos, y de que cada vez hay más trabajadores autónomos y más posibilidades de paros fuera de la órbita del derecho de huelga, no estaría de más repensar estos temas. Se podría plantear, por ejemplo, la posibilidad de ofrecer contrapartidas a estos colectivos a cambio de la garantía de unos servicios mínimos durante los paros, del mismo modo que se recogen en la regulación de las medidas de conflictos de trabajo. El derecho de los trabajadores autónomos y de sus asociaciones a ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales (art. 19 del Estatuto del Trabajo Autónomo) es un reconocimiento insuficiente a estos efectos. Sería bueno, por tanto, que, lejos de soluciones cortoplacistas e improvisadas, estas cuestiones estuvieran previstas para que, en el futuro, sin perjuicio de priorizar la negociación (no siempre posible y no siempre con resultados inmediatos), se pueda garantizar un equilibrio pacífico entre los derechos de estos colectivos a presionar para conseguir una serie de reivindicaciones y una cobertura mínima de los derechos, libertades o bienes que satisfacen los servicios esenciales para los ciudadanos.

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