Del ERTE al despido. Cuidado con la aportación al Tesoro por la extinción del contrato de los trabajadores maduros

Del ERTE al despido. Cuidado con la aportación al Tesoro por la extinción del contrato de los trabajadores maduros

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Con el objeto de retrasar la edad de acceso a la pensión de jubilación, nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado una serie de medidas. Entre ellas, encuentran encaje las reformas legislativas que han perseguido disuadir a las empresas de realizar despidos colectivos que afecten a trabajadores maduros pues, en tal caso, deben asumir una serie de costes adicionales: de un lado, efectuar una aportación económica al Tesoro Público; y, de otro, asumir parcialmente el importe del convenio especial con la Seguridad Social.

En efecto, ya desde el año 2011, y fruto de la famosa “Enmienda Telefónica”, se impuso una cuantiosa penalización económica a las empresas con más de cien trabajadores en plantilla que, obteniendo beneficios, realizasen despidos colectivos que afectasen mayoritariamente a trabajadores de edad avanzada, en la medida en que se trata de un colectivo especialmente afectado por los procesos de reestructuración de empresas y con graves dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo.

Pues bien, debemos tener en cuenta que de conformidad con la DA 16ª.11 Ley 27/2011: “Será exigible la aportación a que se refiere la presente disposición cuando la empresa proceda a la aplicación de medidas temporales de regulación de empleo que afecten a trabajadores de cincuenta o más años con carácter previo a la extinción de los contratos de trabajo de los mismos trabajadores, en virtud de despido colectivo u otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que no haya transcurrido más de un año entre la finalización de la situación legal de desempleo derivada de la aplicación de las medidas temporales de regulación de empleo y la extinción del contrato de cada trabajador«.

Y esta disposición advierte a continuación que, para el cálculo de la aportación económica, se tomará en cuenta el importe de las cantidades realizadas por el SEPE durante los periodos de aplicación de medidas de regulación temporal de empleo previos a la extinción de los contratos, “incluidos, en su caso, los que pudieran corresponder en concepto de reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo” y sin perjuicio del canon fijo que corresponda por cada trabajador que haya agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo y que comience a percibir algún subsidio.

De este modo, la empresa que tramite un ERTE que afecte a trabajadores de 50 o más años de edad, en el caso de que proceda posteriormente a la extinción de estos contratos dentro del año siguiente a la finalización de la situación legal de desempleo por aplicación de las medidas temporales señaladas, ha de tener en cuenta la posibilidad de que se le exija la aportación al Tesoro contenida en la «Enmienda Telefónica».

Lo que ocurre es que, en el contexto actual, esta regulación puede suponer un importantísimo encarecimiento de los costes de despido para las empresas afectadas. Si, con carácter general, el desempleo que se percibe durante un ERTE consume prestación futura, la regulación establecida por el legislador de urgencia durante esta crisis sanitaria, ha previsto un régimen excepcional de acuerdo al cual ha operado el derecho de reposición, de manera que una parte de los períodos de desempleo consumidos no va a perjudicar el reconocimiento de prestaciones futuras [art. 25.1.b) RDLey 8/2020 y art. 3 RDLey 24/2020]. En consecuencia, el coste de la aportación al Tesoro no sólo incluiría el importe de la prestación por desempleo percibida durante el ERTE, sino también la que haya abonado el SEPE tras la extinción del contrato “en concepto de reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo”.

A tal efecto, debemos recordar que el art. 8.1 RDLey 30/2020 extendió hasta el 31-1-2021 la aplicación de los apartados 1.a), 2 a 5 art. 25 RDLey 8/2020. Por lo tanto, en la medida en que el legislador no ha hecho alusión alguna al apartado 1.b) de dicho precepto, debemos entender que, partir del 1-10-2020, la percepción de la prestación por desempleo ha empezado a consumir paro (aunque se han previsto, al respecto, importantes excepciones).

Además, debe advertirse que la extinción de los contratos que puede generar dicha obligación no sólo se refiere al despido colectivo, sino también a cualquier otra causa extintiva que no se encuentre vinculada con circunstancias inherentes a la persona trabajadora. Ahora bien, no parece que la obligación se desencadene de forma automática y con independencia del número de trabajadores maduros afectados por el cese, pues aun cuando fuese ésta la interpretación que pudiese desprenderse del tenor literal de la DA 16ª.11 Ley 27/2011, no parece acorde con la lógica de la «Enmienda Telefónica», dirigida a evitar planes de reestructuración empresarial que afecten mayoritariamente a trabajadores de edad avanzada. De ahí que entendamos que esta obligación solo se desencadenaría en el supuesto de que se cumpliesen los requisitos previstos en el apartado 1º de esta disposición adicional.

4 comentarios en «Del ERTE al despido. Cuidado con la aportación al Tesoro por la extinción del contrato de los trabajadores maduros»

  1. y el plazo general de 3 años para atrás y un año para alante, ¿cómo se compatibiliza? Si efectúas despidos individuales, ¿cuándo comienza el cómputo y cuándo acaba?

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  2. y el plazo general de 3 años para atrás y un año para alante, ¿cómo se compatibiliza? Si efectúas despidos individuales, ¿cuándo comienza el cómputo y cuándo acaba?

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